Cuando el Estado se come “la mesa de los argentinos”

Un video realizado por la diputada Lucila Lehmann (Coalición Cívica-Santa Fe) para desmentir que sean el campo y los altos precios internacionales los responsables de la inflación y la pobreza de casi la mitad de los argentinos, tal como se machaca desde el Gobierno, es un excelente ejemplo para rebatir el cúmulo de falsedades que tratan de imponer quienes ocultan la esencia del verdadero problema: la enorme carga impositiva que pone a la Argentina a la cabeza del ranking de los países latinoamericanos con mayor presión en esa materia.

La legisladora nacional ejemplifica cómo los Estados nacional, provincial y municipal, por vía directa e indirecta, se quedan con casi la mitad del valor de los productos de los alimentos habituales que consume una familia tipo. Para ello, realiza una compra en un supermercado, coloca los artículos sobre una mesa y va mostrando, uno por uno, cuánto del producto queda para “la mesa de los argentinos” y cuánto para el bolsillo de los entes recaudadores.

Explica, por ejemplo, que en el rubro gaseosas, el 50% de lo que se paga corresponde a impuestos; que cuando compramos dos paquetes de fideos, uno entero más un puñado se lo queda la familia y otro, casi completo, el Estado. Algo muy similar ocurre con el arroz (el 42% son impuestos), con el queso crema, las verduras y los productos enlatados, mientras que el Estado se queda con el proporcional a un vaso de cada cartón de leche y con el equivalente a un tercio del contenido en el caso de una botella de aceite.

“Cuando compramos la carne, entre impuestos directos nacionales, provinciales y municipales, e indirectos, el Estado se queda con más del 45%”, dice la legisladora en las imágenes grabadas que se hicieron virales.

Esa selección de productos es apenas un pequeño recorte de una realidad que los consumidores confirman con desazón cada vez que compran alimentos. Errónea y al mismo tiempo provocadoramente, las autoridades dispusieron el último cierre de exportaciones de carne vacuna por 30 días, supuestamente para frenar las subas de precios del mercado doméstico. Pero esa medida, que como hemos dicho desde estas columnas no es más que un nuevo manotazo frente a la estampida inflacionaria que el Gobierno ha demostrado ser incapaz de frenar, no solo no resuelve el problema, sino que lo agrava, dando una pésima señal a los mercados internacionales en momentos en que más necesitamos colocar nuestros productos en el exterior.

Vale la pena reproducir aquí la síntesis de una investigación realizada por LA NACIÓN, que no solo confirma las aseveraciones vertidas en el video de la diputada Lehmann respecto de la enorme carga impositiva argentina, sino que desnuda la hipocresía de un gobierno que dice defender la mesa de los argentinos cuando no ha cesado de crear impuestos que, como se sabe, recaen siempre en el mismo sector de la economía: aquel que se encuentra debidamente registrado.

Desde que asumió Alberto Fernández hasta marzo último, la lista de impuestos que se crearon o aumentaron ascendía a 16.

Se trata de los impuestos PAIS, a los bienes personales, a las ganancias para sociedades (dos subas previstas) y de ganancias con ajuste por inflación, que pone tope a las empresas para computar los quebrantos que esta le provoca. También se incrementó el impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias, con algunas excepciones; se volvieron a gravar con IVA productos de la canasta básica que estaban exentos para el consumidor final; se incrementaron derechos de exportación de productos y bajaron los de exportaciones de servicio, pero al sacarles el tope en pesos a estos últimos terminan siendo más altos que antes.

Se creó la percepción del 35% sobre la compra de dólares, se incrementaron impuestos internos a determinados productos electrónicos, se restableció la vigencia por un año del Fondo de Incentivo Docente, se creó el de las apuestas online y una contribución obligatoria del 0,5% sobre las primas de seguro automotor correspondientes a las pólizas contratadas con entidades de seguros sobre todos los vehículos afectados a servicios de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional y que tendrá como destino la Comisión Reguladora del Transporte.

Paralelamente, se creó el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, compuesto, entre otros ítems, por una contribución obligatoria del 3 por mil de las primas de seguros (excepto las del ramo vida), a cargo de las aseguradoras, y se instituyó el denominado impuesto a la riqueza.

El video comentado concluye en que casi la mitad de la compra del carrito del supermercado no va a parar a la mesa de los consumidores y que si el Gobierno realmente quiere combatir el hambre, en vez de buscar enemigos entre los productores, debería bajar impuestos o controlar la inflación. No se puede ir en contra de los hechos y, en este caso, los hechos son harto evidentes: la carga impositiva es asfixiante, el relato derrocha demagogia y los más perjudicados siguen siendo siempre los que menos tienen.