La medida será por 90 días y fue resuelta por la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar el coronavirus".
País 22 de enero de 2021 telam
El Gobierno nacional decidió prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021, informaron fuentes oficiales.
Los portavoces dijeron a Télam que la medida estará contenida en un decreto que está a la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
De este modo, las empresas privadas no podrán despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, como ya está vigente.
"La medida va a oficializarse en breve", señalaron a Télam fuentes oficiales, en referencia a una pronta publicación de la prórroga en el Boletín Oficial.
Esta extensión de la medida condice con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante la intención de algunas compañías de echar personal por la retracción de la actividad.
El primer decreto rigió desde el 1° de abril, luego se dispuso una prórroga desde el 1° de junio y hubo una tercera disposición a partir del 1° de diciembre.
La medida fue resuelta por la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar" la pandemia de coronavirus.
De acuerdo con el Decreto 891/2020, publicado en el Boletín Oficial, la prohibición de despidos y suspensiones finalizaba el 29 de enero próximo, por lo que el Gobierno decidió prorrogar la medida durante la reunión de Gabinete Económico que se realizó hoy.
"La pandemia de Covid-19 ha producido una merma considerable en la actividad económica a nivel mundial de la que nuestro país no se encuentra exento, por lo cual se entiende necesario y conveniente -más allá de las particularidades de cada región-, prorrogar la normativa existente respecto de la prohibición de despidos", había expresado el Gobierno en esa última prórroga.
La prohibición de despidos fue ordenada inicialmente el 31 de marzo último, por medio del DNU 329/2020, en la primera etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por la pandemia.
El Gobierno fundamentó entonces la prórroga de la prohibición de efectuar despidos en la puesta en marcha de una "serie de medidas que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia".
Entre esas medidas el Gobierno incluyó la "postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios".
También mencionó las "garantías públicas con el fin de facilitar el acceso al crédito de micro, medianas y pequeñas empresas (MiPyMES)".
Asimismo, el Gobierno consideró "indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un diálogo social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio procura remediar".
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La Secretaría de Comercio incorporó librería y calzados escolares importados a los rubros que se encuentran dentro del programa Cuota Simple. Este programa, que dura cuatro meses, ofrece la posibilidad de comprar productos en tres y seis cuotas fijas.
La medida forma parte del DNU dictado por el presidente en diciembre. Allí se propone la digitalización de los trámites y que no sea obligatorio inscribir o transferir un vehículo a través de estos registros, entre otros cambios. Según los últimos relevamientos oficiales, actualmente existen 1.558 registros de la propiedad automotor a nivel nacional.
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El Ministerio de Capital Humano comenzará esta semana a licitarlos. Será a través de dos convenios que ya firmó con Naciones Unidas, por $20 mil millones: uno con el proyecto PNUD ARG 20/004 y otro con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
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