La justicia santafesina, que lleva adelante el concurso preventivo de acreedores de la agroexportadora Vicentin, avaló la intervención estatal de la compañía en cesación de pagos, tras ratificar en el cargo de subinterventor a Luciano Zarich, informaron este miércoles fuentes judiciales.
País 18 de junio de 2020 telam
De esta manera, el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, aceptó el pedido de ratificación en su cargo del subinterventor designado por el gobierno nacional, designado para secundar a Gabriel Delgado, quien por el momento no se trasladará a Santa Fe por cuestiones de salud.
El Estado nacional pudo iniciar la intervención de la cerealera en default tras la rúbrica del acta de traspaso con integrantes del directorio el jueves pasado con Zarich y que éste pudiera ingresar en la casa matriz de la compañía ubicada en la localidad santafesina de Avellaneda.
A partir de ese momento, comenzó la intervención por 60 días de Vicentin,en un concurso de acreedores con una deuda declarada de casi $ 100.000 millones.
De ese total, $ 25.600 millones se adeuda a productores y entregadores de granos, mientras casi $ 64.000 millones debe a entidades financieras, de las cuales el Banco Nación es su principal acreedor con $18.500 millones.
Si bien la empresa aceptó la intervención del gobierno nacional, rechazó de plano la expropiación que el Poder Ejecutivo elevará al Congreso nacional para su sanción.
Esta decisión fue justificada por el gobierno ante el riesgo de que el concurso preventivo de acreedores derive en la quiebra de la firma cerealera y se produzca a partir de esto su extranjerización.
Sin embargo, estos argumentos fueron rechazados por gran parte del sector agroindustrial, cámaras empresarias y parte del arco opositor, al considerar la medida "ilegal" y que "no respeta la división de poderes", mientras que otros actores sumaron alternativas a la expropiación.
En este sentido, el diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Juan Aicega, presentó un proyecto alternativo junto con diputados referenciados con Emilio Monzó para evitar la expropiación de Vicentin y aseguró que "no existe una emergencia tal que haga que el Poder Ejecutivo intervenga y hay otras soluciones para acercarle al juez" de la causa
Dicho proyecto concibe "un gerenciamiento integrado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y/o AFA (Agricultores Federados), para que pongan en marcha la producción de la empresa y la reestructuración del capital social, dentro del marco legal", indicó el legislador en diálogo con radio El Destape.
En cambio, el jefe del bloque de diputados nacionales de Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, se mostró hoy escéptico respecto del ingreso al Congreso de un proyecto para expropiar la empresa Vicentin."No tenemos idea si el gobierno va a mandar el proyecto, ver para creer", sostuvo y le recomendó al Ejecutivo nacional que "retrotraiga la marcha sobre este tema, porque si éste va para adelante, tal como lo presenta, va a terminar mal".
Por otro lado, uno de los accionistas de la aceitera, Héctor Vicentin, rechazó hoy que los $18.500 millones en préstamos otorgados a la firma por el Banco Nación en concepto de prefinanciación de exportaciones, hayan tenido como destino la fuga de capitales o el lavado de dinero.
Según Vicentin, el contenido de la denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) es "totalmente inexacto" y catalogó como "ridículo" pensar que "algunos de Vicentin sacaron ese dinero al exterior", sostuvo en declaraciones radiales.
"A nadie le va a faltar un alimento", pero "no se hará una transferencia a quien no esté en regla", dijo el vocero presidencial en alusión a los comedores que podrán solicitar este auxilio. Fue un día después de que la Conferencia Episcopal Argentina advirtiera que "la comida no puede ser variable de ajuste".
En diciembre de 2021, el entonces presidente Alberto Fernández ordenó que todos los seguros de las empresas y organismos del estado tenían que ser derivados a Nación Seguros, una empresa del Banco Nación Argentina. Pero se descubrió que se transformó en un negocio entre particulares donde el Estado perdió unos $20.000 millones por tercerizarlo a un bróker privado.
La jornada de protesta de la Confederación General del Trabajo que comenzará con un cese de actividades a partir de las 12:00 del miércoles 24 de enero, con movilización y concentración frente al Congreso, va ganando músculo, con las adhesiones de las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores), organizaciones sociales y políticas.
Según trascendió, el gobierno nacional tiene todo listo para publicar un decreto este lunes 19 para desregular las obras sociales. La medida, que de alguna manera se había incluido en el mega DNU y la Ley ómnibus, liberalizará de forma absoluta el sistema de salud y abre la competencia con la medicina prepaga.
El programa abarca a estudiantes del nivel inicial, primario y secundario de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal y cuyo ingreso familiar no supere los 7 salarios mínimos, vitales y móviles. La inscripción es hasta el 30 de abril.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa se pronunció en contra de la medida de fuerza del 24 de enero y afirmó que implicará un día sin producción y sin actividad comercial que conlleva a una pérdida económica "mayúscula" para el país.
La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora Policial de la Sección Nº 5 de la Dirección General Seguridad Rural “Los Pumas” Sunchales, cumpliendo con las disposiciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 30 de abril de 2024, a las 19:30, en sus instalaciones ubicadas en Av. Belgrano 164 de la ciudad de Sunchales, para tratar el siguiente Orden del Día:
La reconocida firma internacional Great Place To Work volvió a destacar a la compañía, líder en el sector de la medicina privada, por su clima laboral, otorgándole el puesto Nº 13 en su ranking nacional.
El Tribunal integrado por los doctores Gustavo Bumaguin, Nicolás Stegmayer y José Luis Estévez, a pedido de las partes, decidió suspender hasta el 22 de abril, a las 8:00, el juicio oral y público que comenzó en la mañana de este martes.
“Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga que representa el 75% de los afiliados, van a retrotraer sus cuotas a diciembre del 2023, ajustadas por PIC a partir de allí. Además, deberán aplicar como máximo este índice apra ajustar las cuotas por los próximos 6 meses”, dijo el portavoz, Manuel Adorni.
Se ejecutan arreglos y la conformación de una nueva carpeta asfáltica sobre las Rutas 22 (desde Bauer y Sigel hasta la Ruta Provincial N° 70) y 280S (desde el límite con la provincia de Córdoba hasta Sunchales).