El Juez de la Investigación Penal, Osvaldo Carlos le decretó la prisión preventiva sin plazos a dos jóvenes sunchalenses por robo calificado por uso de arma, por haber sido cometido en poblado y en banda agravado por la participación de un menor de edad. La imputación la hizo el Fiscal Guillermo Loyola.
Judiciales03 de diciembre de 2019
Jorge Tribouley
El fiscal Dr. Loyola imputó a dos jóvenes de Sunchales. Según relató el representante del MPA, el 24 de noviembre, Facundo P.; Alexis Andrés R.; y el menor Alan Alejandro T.; y otros tres no identificados atacaron a un jovencito al que le aplicaron golpes de puño; patadas y con una cuchilla le produjeron una herida en un glúteo, mientras las víctima se encontraba en Plaza Libertad de Sunchales. Tras ello, le sustrajeron un par de zapatillas; una gorra; y el teléfono celular, alejándose del lugar.
En relación a Alexis Andrés R., relató Loyola que el 4 de diciembre del año pasado, aproximadamente a las 5 de la mañana, atacó a una joven que se aprestaba a ingresar a su vivienda de calle Frondizi al 400 de Sunchales y luego de tomarla de los cabellos, le golpeó la cabeza contra una pared causando escoriaciones en boca, ceja y cuero cabelludo. En el caso de AAR, fue imputado por lesiones leves dolosas en concurso real con robo calificado por el uso de arma; por ser cometido en poblado y en banda; agravado por la participación de un menor, en carácter de autor y coautor, respectivamente.
En el caso de Facundo P., lo acusó de robo calificado por el uso de arma y por ser cometido en poblado y en banda, agravado por la participación de un menor de edad, en carácter de autor.
A ambos, el Juez de la Investigación Penal, Osvaldo Carlos le decretó la prisión preventiva sin plazos.
La investigación se originó el martes 2 de diciembre, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial “Ceres” detuvieron la marcha de un colectivo que actuaba como “tour de compras”. El juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa resolvió dictar la prisión preventiva por 120 días para ambos imputados.
Este viernes 28, el juez Gustavo Bumaguin adelantó la sentencia que está prevista para el martes 2 de diciembre, encontrándolo culpable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dictando una pena de 1 año y 3 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La medida cautelar fue resuelta por el juez Javier Bottero a partir de un requerimiento del fiscal Martín Castellano. El imputado tiene 38 años y se le endilgó haber matado a la víctima mediante la utilización de un arma blanca.
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El juez Javier Carlos Bottero resolvió que dos hermanos continúen detenidos por el plazo de 90 días, al considerar que existían riesgos procesales. En cambio, los otros dos individuos quedaron en libertad bajo estrictas reglas alternativas, al no haberse acreditado peligrosidad procesal o antecedentes que justificaran la prisión preventiva.
La fiscal Fabiana Bertero, en sus alegatos, adelantó que pedirá una pena de tres años de cumplimiento efectivo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la imposición de una multa. La defensa pidió su absolución, argumentando que la causa tiene un “móvil político”.
La obra de infraestructura para brindar el servicio eléctrico construida por la Cooperativa de Tacural tiene un avance del 90% y solo resta la aprobación de la EPE para avanzar. El proyecto fue presentado a mediados de febrero de este año pero aún no tuvieron una devolución de la empresa provincial y se desconocen los motivos. La semana pasada, los adjudicatarios, reclamaron por la habilitación del desarrollo urbanístico que ya cumple seis años de su puesta en marcha.
Entre los objetivos de los cambios que la gestión Milei busca para el mundo del trabajo están “reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y actualizar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos”, según el documento preliminar. Acá, los 182 artículos de la propuesta.
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El caso de una paciente que tuvo que ser trasplantada por un exceso de suplementos herbales tras seguir recomendaciones de un influencer. En medio de un mercado que crece habilitado por la desconfianza a la ciencia, especialistas advierten por el incremento de daños vinculados a productos dietéticos y “naturales”.
Es una estrategia legislativa que no solo busca simplificar el marco normativo, sino que apunta directamente a eliminar regímenes especiales que, según los impulsores de la ley, introducen rigideces o particularidades que obstaculizan la productividad y la empleabilidad.
