Jorge Tribouley
El gobierno de Santa Fe prorrogó por un año la vigencia de la emergencia social, educativa y sanitaria en todo el territorio provincial. La medida quedó formalizada mediante el Decreto N.º 1257/2026, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro, y extenderá hasta el 23 de junio de 2027 los alcances de la Ley N.º 14.241.
La decisión se fundamenta en la continuidad de las condiciones sociales, económicas y sanitarias que dieron origen a la declaración de emergencia, sancionada inicialmente en 2024. Según expone el decreto, los indicadores de pobreza e indigencia continúan reflejando una situación de vulnerabilidad que afecta a amplios sectores de la población.
Entre los argumentos citados por el Ejecutivo provincial figuran los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes al segundo semestre de 2025, que muestran que el 21% de los hogares del país se encontraba por debajo de la línea de pobreza y que el 4,8% estaba en situación de indigencia. En Santa Fe, las cifras también evidencian dificultades: en el Gran Rosario la pobreza alcanzó al 22,3% de las personas, mientras que en el Gran Santa Fe llegó al 30,6%.
El decreto también advierte sobre la situación de niños, niñas y adolescentes. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, durante 2025 el 53,6% de los menores de edad de la Argentina urbana vivía en hogares pobres y el 10,7% en condiciones de indigencia.
Otro de los factores considerados por el gobierno provincial es el incremento de los consumos problemáticos. De acuerdo con datos de la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas, las intervenciones realizadas crecieron más de un 153% entre 2023 y 2025, lo que refleja la persistencia de una problemática que demanda mayores recursos y capacidad de respuesta estatal.
En materia sanitaria, la administración santafesina sostuvo que la crisis económica nacional impactó directamente sobre el sistema público de salud. El decreto señala que la pérdida de cobertura por parte de numerosos afiliados a obras sociales y prepagas provocó un aumento de la demanda en hospitales y centros de salud provinciales.
Asimismo, el Ejecutivo remarcó que la Provincia debió asumir responsabilidades que anteriormente eran cubiertas por el Estado nacional. Entre ellas mencionó la provisión de medicamentos, vacunas e insumos vinculados a programas como Salud Sexual y Reproductiva, Remediar e Incluir Salud, además de reforzar la inversión destinada a la prevención y el control del dengue.
La continuidad de la emergencia permitirá mantener mecanismos excepcionales de contratación y adquisición de bienes y servicios. Según el decreto, estas herramientas resultaron clave para sostener el funcionamiento de la red sanitaria provincial y agilizar más de 2.500 procesos administrativos vinculados a compras y contrataciones de emergencia.
Con esta nueva prórroga, los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, Educación y Salud continuarán contando con facultades especiales para implementar medidas orientadas a garantizar el acceso a derechos esenciales y fortalecer las prestaciones sociales, educativas y sanitarias en toda la provincia.
La extensión de la emergencia comenzará a regir el 23 de junio de 2026 y tendrá una vigencia de doce meses, conforme a lo previsto por la Ley N.º 14.412, que habilitó al Poder Ejecutivo a disponer una nueva prórroga.
