Productores y frentistas de la Ruta Provincial 70S, entre Aurelia y Bella Italia, se oponen al cobro obligatorio que impone la Ley 14.295 para financiar la pavimentación. Consideran «abusiva» la contribución de mejoras. Si prospera la oposición, la obra podría suspenderse.
Región24 de octubre de 2025 AireAgro
Un clima de creciente malestar prevalece entre los productores agropecuarios y vecinos frentistas de la Ruta Provincial 70S, en el departamento Castellanos, a raíz de la intención del Gobierno de Santa Fe de cobrarles una “contribución obligatoria” por la pavimentación del tramo que une Aurelia y Bella Italia.
La controversia entre el sector rural y el Estado provincial tuvo un nuevo capítulo este miércoles 22 de octubre, con una reunión en la sede de la Sociedad Rural de Rafaela (SRR), la segunda en una semana, de la que participaron unas 100 personas.
El encuentro fue encabezado por Leonardo Alassia, presidente de la SRR; Roberto Morel, presidente comunal de Aurelia; Héctor Perotti, presidente comunal de Bella Italia; los dirigentes ruralistas Hernán Scarafía y Ariel Blatter; y el diputado provincial Juan Argañaraz. Ningún funcionario de Vialidad Provincial asistió al encuentro, pese a haber sido invitados, y tampoco lo hizo el senador departamental Alcides Calvo, quien se excusó aludiendo al contexto político previo a las elecciones legislativas del próximo domingo.
Durante la reunión se analizó el esquema de financiamiento dispuesto por la Ley N° 14.295, que a fines de 2024 modificó la Ley 8.896 sobre contribución de mejoras para los titulares de inmuebles beneficiados por una obra. Los productores reiteraron su rechazo al sistema. Primero, porque denuncian que la obra se inició antes de la modificación normativa. Pero también porque califican el aporte solicitado como “inequitativo y desproporcionado frente a la situación económica actual del sector agropecuario”.
Desde la Sociedad Rural de Rafaela aclararon que “la entidad no se opone a la realización de la obra, cuya concreción resulta necesaria y estratégica para el desarrollo productivo y la conectividad regional”, pero expresaron su desacuerdo con los términos económicos definidos por el Gobierno.
“Nuestra posición es clara: acompañamos y apoyamos la obra, pero no podemos aceptar un esquema de financiamiento que pone en riesgo a los productores. Queremos soluciones que contemplen la realidad del campo y fortalezcan la infraestructura que todos necesitamos”, sostuvo Leonardo Alassia, presidente de la SRR.
«Queremos soluciones que contemplen la realidad del campo y fortalezcan la infraestructura que todos necesitamos”, sostuvo Leonardo Alassia, presidente de la Rural rafaelina.
Los productores denuncian que la pavimentación de la Ruta 70S fue licitada e iniciada durante la gestión de Omar Perotti, con un avance cercano al 50%, que incluyó la construcción de puentes. Sin embargo, el cambio de administración provocó la paralización de los trabajos, el retiro de los obradores y, más tarde, su reinicio parcial.
El conflicto se desató hace un mes, cuando el actual Gobierno provincial comunicó a los productores que debían financiar la obra, pero sin enviar las partidas. Según testimonios recogidos por AIRE Agro, en algunos casos el monto exigido rondaría los 125.000 pesos por hectárea, actualizados en litros de gasoil, una cifra considerada “abusiva” por los propietarios rurales.
A esto se suma que la mayoría de los campos afectados son de baja calidad —clasificados como Clase VI y VII—, con predominio de cañadas y pastos pobres como el pelo de chancho, lo que refuerza el reclamo de los productores. También manifestaron su sorpresa porque el aporte no sólo alcanzaría a los frentistas, sino también a productores de distritos alejados, como Susana.
Uno de los puntos más tensos del conflicto es el registro de oposición abierto por el Gobierno provincial, que permanecerá habilitado hasta el 5 de diciembre. Si más del 51% de las partidas inmobiliarias afectadas se manifiestan en contra, la obra quedará suspendida.
Ante esta posibilidad, los participantes del encuentro acordaron concurrir desde hoy a la oficina de Vialidad Provincial en Rafaela para registrar formalmente su oposición. Esta decisión, sin embargo, plantea una paradoja: los habitantes de Aurelia, única localidad de la zona sin ingreso asfaltado, reclaman que la obra avance pero no aportan a la financiación; los productores, por su parte, también desean la pavimentación, pero rechazan los términos económicos. Si prospera la oposición, la obra podría quedar frenada, dejando al pueblo sin acceso pavimentado.
La reunión del miércoles 22 de octubre convocó gran cantidad de asistentes.
La Sociedad Rural de Rafaela expresó que “reafirma su apoyo a los productores y vecinos, y su compromiso con el diálogo por la obra de la Ruta 70S”, y se comprometió a “facilitar la búsqueda de consensos y gestionar ante las autoridades provinciales alternativas que permitan concretar la obra en condiciones justas y sostenibles”.
En el plano institucional, el conflicto reactiva un debate que se inició con la sanción de la Ley 14.295, a fines de 2024. La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) había manifestado su oposición al texto en su momento, pero la norma fue aprobada por la mayoría oficialista.
Ahora, el conflicto en Rafaela empieza a resonar en la provincia. Según confirmaron fuentes de la SRR, otras sociedades rurales del sur santafesino ya se están comunicando para interiorizarse sobre el tema, ante el temor de que se repita el mismo esquema de financiamiento en futuras obras viales.
Con el registro de oposición abierto y los plazos corriendo, los productores esperan respuestas del Gobierno provincial. Mientras tanto, la tensión crece entre la necesidad de mejorar la conectividad y el reclamo por un sistema de cobro que, aseguran, podría “poner en riesgo la sustentabilidad económica de los campos y la continuidad de la producción”.
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