De acuerdo al proyecto impulsado por la diputada Lionella Cattalini, no podrán ser proveedores del Estado aquellas personas, empresas, mutuales o cooperativas que tengan antecedentes por delitos de corrupción.
Política01 de agosto de 2025 Partido Socialista
La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe dio media sanción al proyecto impulsado por la diputada Lionella Cattalini que establece que, antes de cualquier contratación, el Estado deberá verificar que empresas, cooperativas, mutuales o personas no tengan antecedentes por delitos vinculados a la corrupción.
“Hay una demanda clara de la sociedad de terminar con los privilegios y con la corrupción. Lamentablemente, Argentina tiene una larga tradición de proveedores y funcionarios que se han enriquecido de manera ilícita en operaciones con el Estado”, señaló la legisladora. Y agregó: “Este proyecto no inventa nada raro ni genera mayor burocracia: simplemente pide que, antes de adjudicar una licitación, el Estado verifique si hay antecedentes por delitos vinculados a la corrupción. Es una herramienta para reforzar los controles y garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos”.
Respecto del impacto del proyecto, Cattalini señaló: “Queremos resguardar a los honestos, a los que hacen bien las cosas y se manejan dentro de lo que marca la ley, que sabemos son la inmensa mayoría de personas, empresarios, mutualistas y cooperativistas que contratan con la administración pública”.
Con esta ley, Santa Fe da un paso adelante hacia un modelo de contratación pública más transparente y riguroso, que busca generar confianza en las instituciones. El proyecto fue girado al Senado para su tratamiento definitivo.
La convocatoria es para Rosario y Santa Fe y propone reunir a intendentes, concejales, partidos políticos, universidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales, instituciones académicas especializadas en derecho público y gestión local, y al público en general.
Apuntan contra la cúpula de una asociación civil y a Caren Tepp y Oscar Martínez, integrantes de la lista peronista. Habrían utilizando dinero de la ONG para financiar campañas publicitarias de los postulantes.
La fábrica está paralizada y los empleados no cobraron octubre. “Es una situación compleja atravesada por la crisis del sector a nivel nacional y por la del Grupo Vicentín”, dijo el diputado Blanco.
Una vez que la actual vicegobernadora Gisela Scaglia asuma en la banca de Diputados, un caso inédito en la historia política santafesina, el presidente pro témpore del Senado ocupará la gobernación en caso de viaje al exterior o ausencia de Pullaro.
El Departamento Castellanos se inclinó mayoritariamente por La Libertad Avanza en las legislativas del 26 de octubre, aunque en varias localidades Provincias Unidas o Fuerza Patria consiguieron el primer lugar.
Con su victoria en los comicios de medio término, el oficialismo se asegurará, a partir del 10 de diciembre de 2025, el tercio de los votos necesarios para sostener los vetos presidenciales en el Congreso. El kirchnerismo mantuvo las bancas que arriesgaba en Diputados y perdió 6 representantes en el Senado.
El juez del concurso, Guillermo Vales invitó a los acreedores de la cooperativa que estén interesados en su reactivación, a que presenten en el Juzgado, proyectos de explotación y gestión empresarial viables.
La medida no implica nuevas incorporaciones sino una reasignación de funciones. La Agencia Municipal de Seguridad y la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas dependerán directamente del Intendente Pablo Pinotti. María Eugenia Gamero asumirá como Secretaria de Producción y Empleo.
El Juzgado Comercial 29, a cargo del Juez Subrogante Federico Alberto Güerri, ha resuelto declarar la quiebra de ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A. que posee dos plantas industriales ubicadas en Arenaza y Córdoba.
Se conmemora en todo el país el Día del Bancario. No se podrán realizar trámites presenciales como depósitos o extracciones por ventanilla pero los canales digitales continuarán activos para que puedas operar con normalidad.
El 6 de noviembre comenzará el juicio oral que tiene como principal acusada a la ex presidenta. En total son 87 imputados: 22 ex funcionarios y 65 empresarios.