Solicitan penas que oscilan entre los 12 y 16 años de prisión para Matías y Fernando Spaggiari y 9 para su madre, Mirta Condotto. Para el resto piden entre 3 y 8 años de cárcel. El monto de la estafa asciende 9.800 millones de pesos.
Judiciales01 de agosto de 2025 Rafaela Noticias
Un grupo de querellantes en la causa que investiga la presunta estafa millonaria atribuida al Grupo Spaggiari solicitó formalmente la elevación a juicio oral mediante escritos ingresados en las últimas horas en los Tribunales de Rafaela.
En su presentación, pidieron penas que van de 12 a 16 años de prisión para Matías y Fernando Spaggiari, considerados los principales responsables, y de hasta 10 años para su madre, Mirta Condotto, quien cumple prisión domiciliaria. En tanto, para el resto de los imputados —Myriam Bravo, Carlos Ciancia, Cristian Clemenz, Cristian Franzetti, Germán Garetto, Carolina Schaberger y Gabriel Ullman— solicitaron condenas que oscilan entre 3 y 8 años de cárcel.
Las penas son todas de cumplimiento efectivo de acuerdo con los documentos a lo que tuvo acceso Rafaela Noticias. Están acusados de integrar una asociación ilícita que funcionó entre noviembre de 2019 y diciembre de 2022 y que, según la acusación que lleva adelante el fiscal Guillermo Loyola, cometió 560 hechos de estafa por un monto de 9.800 millones de pesos.
Si bien restan ingresar más presentaciones, el caso quedó a las puertas de llegar a juicio. Aunque ello no será inmediato, ya que todavía falta el pedido de elevación a juicio por parte de la Fiscalía y, luego de ello, las audiencias preliminares y la posterior fijación del debate por parte de la OGJ. De esta manera, el proceso podría comenzar recién a fines de año o a principios del próximo.
Cabe recordar que, a mediados de abril pasado, cuando se llevó a cabo una audiencia de revisión de la prisión preventiva que vienen cumpliendo los hermanos Spaggiari, el fiscal Guillermo Loyola había subrayado que la investigación ya se encuentra en su tramo final y que existen pruebas contundentes de la responsabilidad de los hermanos en la maniobra defraudatoria que afectó a unas 500 víctimas.
“El perjuicio económico asciende a 9.812.935.905,67 pesos, un monto que no ha sido devuelto a las víctimas y cuyo destino se desconoce”, sostuvo el fiscal. En ese sentido, destacó que los balances de la firma Grupo Spaggiari SRL demostraron ser inconsistentes, sin ingresos en moneda extranjera y con serios problemas de liquidez desde 2019.
El punto más grave, según Loyola, fue la detección de dos cuentas en las Islas Bermudas, una a nombre de Matías y otra de Fernando Spaggiari. “¿Cuál era la necesidad de tener cuentas en un paraíso fiscal? Esto demuestra el desvío y ocultamiento de fondos”, afirmó, agregando que estos recursos podrían ser utilizados para evadir la acción de la Justicia.
El abogado defensor José María Silvela, acompañado por el Dr. Andrés Colón, viene solicitando el cese de la prisión preventiva, argumentando que la medida había perdido proporcionalidad tras más de un año y medio de detención. En su argumentación, Silvela había señalado que los imputados siempre demostraron buena conducta procesal y que no cuentan con medios para profugarse, especialmente luego de que Migraciones fuera notificada para impedir su salida del país.
Silvela remarcó que la continuidad de la detención obstaculiza el avance de la causa civil por quiebra, tramitada en el Juzgado Civil y Comercial de la 2ª Nominación, donde —según indicó— los hermanos Spaggiari cumplen un rol clave para resolver la situación de los acreedores. Además, cuestionó las sucesivas ampliaciones de imputación, advirtiendo que mantienen a sus defendidos en una espera indefinida mientras la investigación sigue abierta.
Respecto a Mirta Condotto, la defensa destacó su edad avanzada y problemas de salud como razones humanitarias para solicitar su libertad.
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La medida cautelar fue resuelta por el juez Nicolás Stegmayer, a partir de un requerimiento del fiscal Martín Castellano. El imputado tiene 31 años y se le endilgó haber matado a la víctima con un arma de fuego. El ilícito fue cometido el lunes de la semana pasada en el barrio 2 de Abril.
El Fiscal Regional de la Quinta Circunscripción Judicial, que comprende los departamentos Castellanos, San Cristóbal y Nueve de Julio, brindó un balance sobre las actividades y resultados obtenidos en su gestión durante 2024, vinculados a homicidios, delitos contra la propiedad, contra la integridad sexual, delitos rurales y microtráfico.
La audiencia dará inicio el 25 de noviembre en los Tribunales de Rafaela. El Tribunal estará presidido por el Juez Gustavo Javier Bumaguin, con la Fiscal Fabiana Andrea Bertero representando al Ministerio Público de la Acusación, y el Dr. Alejandro Leguizamón a cargo de la defensa.
Las cifras oficiales de la estafa siguen estremeciendo: más de 560 damnificados, un daño económico superior a 235 millones de pesos, 8 millones de dólares y 11 mil euros.
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