Grupo Spaggiari: imputaron a los 8 detenidos por 152 estafas, con 1,5 millón de dólares en juego

En la audiencia presidida por el juez Gustavo Bumaguin que se desarrolló este miércoles 25, el fiscal Guillermo Loyola imputó formalmente a 8 personas, entre ellas hay un sunchalense, por haber conformado una asociación ilícita creada para captar ahorros de personas de Rafaela y la región. Hasta ahora los estafas ascienden a 76, pero ya ingresaron otros 25 denunciantes y se siguen sumando casos en la Fiscalía.

Judiciales 26 de octubre de 2023 Rafaela Noticias
Audiencia Grupo Spaggiari
Foto: Bien Despiertos

El fiscal Guillermo Loyola imputó formalmente a 8 personas integrantes del denominado "Grupo Spaggiari" por haber conformado una asociación ilícita creada para captar ahorros de personas de Rafaela y la región y quedarse con su dinero. Loyola detalló los casos de 76 víctimas que firmaron un total de 152 convenios a través de los cuales confiaron sus ahorros al grupo, por sumas que involucran en total, según un primer cálculo estimativo, un monto superior al millón y medio de dólares. 

La audiencia fue presidida por el juez Gustavo Bumaguin e involucró a una decena de abogados querellantes - que representan a grupos de víctimas de la estafa investigada - y varios abogados defensores que se reparten la representación de los imputados. También participaron varias personas que fueron víctimas de las maniobras, por lo que la sala 3 - en el segundo piso del edificio de Tribunales - quedó chica para albergar a todas las partes, a tal punto que los imputados debieron ocupar un sector que habitualmente se destina familiares de imputados o víctimas.

Los detenidos

Los 8 imputados que estuvieron frente al juez en la tarde de este miércoles 25 son los hermanos Fernando (48 años) y Matías (45 años) Spaggiari, a quienes el fiscal Loyola les imputó ser jefes de una asociación ilícita y estafas reiteradas en 152 hechos, en calidad de autores y en concurso real. Mientras que, Mirta C. de 71 años, madre los hermanos; Carolina S. de 22 años; Cristian C. de 39 años; Myriam B. de 54 años; Germán G. de 49 años y Gabriel Lorenzo U. de 56 años, de la localidad de Sunchales, fueron imputados por ser miembros, en calidad de participes necesarios en esta causa de estafas.

La situación más comprometida es la de los hermanos Fernando y Matías, que están acusados como jefes de la asociación. El resto de los imputados, entre los que hay familiares y empleados, tenían distintos roles y la Fiscalía deberá probar que tales roles eran parte de la organización conformada para estafar. Sería distinta, en este caso, la situación de quienes eran empleados y recibían dinero como parte de lo que parecía ser la operatoria común del grupo; y los que no se limitaban a esa tarea sino que también captaban a ahorristas interesados.

Las sumas en juego

La descripción de los hechos que hizo el fiscal permite conocer precisiones sobre la operatoria que se había montado. Para los investigadores, se trata de una estafa piramidal según lo que se conoce como el "Sistema o Esquema Ponzi": se capta a ahorristas que confían su dinero a cambio de promesas de intereses que están por encima de los que se pagan en el mercado.

En el caso del Grupo Spaggiari, según la presentación de la Fiscalía -que fue sustancialmente idéntica para cada una de las 76 víctimas cuyos casos fueron presentados este miércoles-, la captación de los fondos se dio entre noviembre de 2019 y noviembre de 2022. Se recibían dólares o pesos, a plazos que -según el momento en que se concertaban las operaciones- eran a 24 o a 12 meses. Para los contratos en dólares, a 24 meses, en las operaciones pactadas hasta principios de 2022 aproximadamente, el Grupo Spaggiari se comprometía a devolver el capital en 24 meses, pero pagando un interés mensual de 3% en dólares. En pesos, más o menos para el mismo período el interés mensual era de 5%. En algunos casos hubo variantes, y en el último los intereses en dólares eran del 2% mensual. 

Hay distintas categorías de damnificados. Cerca de 20 de ellos entregaron entre 40 mil y 60 mil dólares, en uno o más convenios. Hay una víctima que firmó un total de 18 convenios: varios fueron por 4 mil dólares cada uno, otros por 10 mil, por 20 mil y por otras cifras menores. Uno de los denunciantes que ingresó en las últimas horas presentó evidencias de haber entregado 50 mil dólares. Otro importante número de víctimas firmó contratos "de mutuo dinerario" (tal la definición de la Fiscalía para esos convenios) por 10 mil dólares. Y un significativo número de víctimas entregó ahorros menores a 10 mil dólares: cifras de 2 mil, 3 mil, 5 mil dólares, a veces en uno o dos convenios. No faltaron los que pusieron altas cifras en pesos: casos de dos o más millones de pesos entregados al grupo.

"Hubo personas que pusieron en manos de este grupo el dinero de indemnizaciones por accidentes de tránsito, o seguros de vida de personas fallecidas", indicaron fuentes de la investigación, que anticiparon que a cada hora se engrosa el número de víctimas. Una de las personas que siguió las alternativas de la audiencia comentó que los damnificados serían "más de mil" y por 20 millones de dólares.

Hasta ahora lo único cierto es lo que se verificó en la audiencia de este miércoles: 76 damnificados que pusieron su firma en las denuncias, otros 25 que se sumaron en las últimas horas y que todavía no fueron incorporados oficialmente al expediente; y muchos más que están haciendo contacto con la Fiscalía luego de conocerse la detención de los imputados. Y el monto total, en dólares, sería de 1,5 millones, en aumento de acuerdo a lo que surja de las nuevas denuncias. 

El principio del fin

En la audiencia de medida cautelar, que se realizaría el sábado y donde el fiscal Loyola pedirá la prisión preventiva para los imputados, se conocerán otros detalles de la operatoria. Por ejemplo, cuándo efectivamente dejaron de cumplirse los contratos. Esto habría comenzado a ocurrir en noviembre de 2022, cuando el grupo dejó de pagar intereses y capital; y comenzaron las primeras denuncias y querellas civiles.

También habrá qué conocer qué planteo hacen las defensas. Con los hermanos Spaggiari está trabajando un equipo encabezado por el Dr. José María Silvela, pero también integran el grupo de profesionales que representa a los imputados la Dra. Cecilia Álamo y los doctores Andrés Colón, Juan Lovaiza y Federico Scarinci. Será importante conocer qué posibilidades hay de que el capital comprometido se devuelva y si existe un plan de negocios que respalde la operatoria que realizaba el grupo, de manera que quede en controversia la imputación de la Fiscalía, en el sentido de que el grupo operaba como una asociación con fines delictivos.

Loyola explicó que la captación de los ahorros de las víctimas se hacía contra la promesa de rendimientos financieros por encima de los que ofrecen bancos y otras instituciones. Para eso, los hermanos Spaggiari tenían como "fachada" al Grupo Spaggiari SRL -una conocida inmobiliaria de Rafaela- y a dos empresas, una dedicada a la fabricación de ladrillos -radicada en la localidad de Egusquiza- y otra a la producción de aberturas de aluminio y otros metales, afincada en el barrio Villa Rosas.

En todos los casos, las firmas de los convenios las hacían los hermanos Spaggiari, pero las víctimas contaron quiénes eran los que recibían el dinero, o cómo llegaron a enterarse de las propuestas por trabajos de captación o convencimiento que realizaban algunos de los imputados, tanto en Rafaela como en Sunchales.

Supuestamente, las inversiones de los ahorristas se volcaban hacia una operatoria que combinaba esos negocios, con el respaldo de bienes inmuebles. Las víctimas denunciaron que los inmuebles colocados como garantía resultaron ser los mismos para todos los contratos: de por sí, la ejecución de los mismos sólo alcanzaría para cubrir una mínima parte de las obligaciones contraídas. Siempre se aclara que todo lo que se menciona en estas líneas es lo que surge de la imputación formulada por Loyola, que será respondida por los defensores y evaluada por el juez que interviene en la causa, Gustavo Bumaguin.

Una duda que se planteó en la opinión pública es si muchos de los que entregaron dinero al grupo no están haciendo denuncias por temor a que se investigue el origen del dinero que tenían, o que se trate de dinero atesorado sin declaraciones fiscales de respaldo. En principio, la Fiscalía está recibiendo denuncias de todo tipo, sin que sea necesario exponer el origen de los fondos confiados al grupo y que entraron en el "default" investigado. Esto no quita que, ante el cariz que toman los acontecimientos -incluso podría caber una figura de lavado de activos sobre los imputados, en cuyo caso la causa podría derivar hacia un Juzgado Federal-, puedan intervenir otros organismos.

 

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