Imputaron a Marcelo Sain por irregularidades en la compra de armas

Judiciales 28 de abril de 2022 Por El Eco de Sunchales
El ex ministro de Seguridad de la gestión de Omar Perotti y otros dos funcionarios del área fueron imputados este jueves 28 en la causa que investiga irregularidades en la compra de armas para la policía santafesina. A los tres se les atribuyó la coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la Administración Pública provincial.
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Ex ministro de Seguridad Marcelo Sain.

El monto total de la adjudicación fraudulenta que intentaron fue de 17.103.543 dólares, según consignó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Además de Sain, fueron imputados el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro y el ex secretario de Coordinación Técnica, Maximiliano Novas. También está bajo la lupa de los fiscales el ex jefe del Departamento de Logística (D4), Marcelo Leandro Correa, que será imputado mañana.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, dirigida por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.

En la audiencia realizada esta mañana en la capital provincial, la Fiscalía sostuvo que –abusando de su condición de funcionarios públicos– los tres imputados realizaron maniobras defraudatorias para beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, en el marco de la licitación pública número 11/2021 por la compra de armas para la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Los funcionarios del MPA argumentan que Sain y los ex integrantes del ministerio de Seguridad “buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente”.

“Luego de diversas decisiones administrativas y judiciales (Ministerio de Economía; Cámara Contencioso Administrativo; Fiscalía de Estado; Tribunal de Cuentas), la licitación quedó sin efecto. En definitiva, los tres exfuncionarios investigados no lograron su cometido de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad”, subraya el comunicado del MPA.

La causa se inició en marzo del año pasado, a partir de una denuncia de los diputados provinciales Juan Cruz Cándido (UCR) y Lionella Cattalini (Partido Socialista).

Modalidad delictiva

En la audiencia realizada esta mañana, la Fiscalía sostuvo que –abusando de su condición de funcionarios públicos– los tres imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021 por la compra de armas para la Policía de la Provincia de Santa Fe. El accionar de los tres hombres investigados tuvo como objetivo beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.

También se señaló que las intervenciones indebidas de los funcionarios en el proceso licitatorio comenzaron, al menos, el 28 de mayo de 2020. Según se indicó, consistieron en la realización de acciones ardidosas para impedir a potenciales oferentes efectuar una cotización separada por cada rubro. De esta manera, según la imputación fiscal, el exministro de Seguridad de la provincia, el exsecretario de Seguridad Pública y el exsubsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente.

Al momento de realizar la imputación, la Fiscalía informó que esas condiciones especiales que definieron los imputados para la licitación pública consistieron en confeccionar un pliego de bases y condiciones particulares en el que se detalló que la cotización del armamento no se podía cotizar parcialmente por renglones, ni por parte de los renglones.

Según se recordó, esta particularidad fue observada por la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía de la Provincia y advertida al Ministerio de Seguridad. En la audiencia de esta mañana también se hizo hincapié en que, a pesar de lo observado administrativamente, y con la intención de seguir con la maniobra defraudatoria, los imputados modificaron el pliego y establecieron que la cotización de las armas debía hacerse en un solo renglón y que debía incluir varios ítems. Es decir, los cinco renglones iniciales (uno por cada tipo de arma a comprar) se agruparon en un renglón único, con el objetivo de que el proveedor que se presente sea el único para todos los rubros. 

Por otra parte, la Fiscalía remarcó que la particularidad de ese renglón único era que se integraba con armas que sólo podían ser ofrecidas por Emprendimientos Grupo Patagónico SRL En ese sentido, la Fiscalía puntualizó que los tres imputados sabían que sólo esa empresa estaba en condiciones de hacer el ofrecimiento, ya que las características del armamento descripto en el pliego fueron copiadas de folletos comerciales de la propia firma a la cual pretendían beneficiar.

Con todo, uno de los oferentes de la licitación presentó una impugnación. Sin embargo, los imputados volvieron a insistir con su maniobra. En esta oportunidad, presentaron un “informe político-técnico” en el que plantearon que la licitación se realice en los términos pretendidos.

La Fiscalía manifestó que, finalmente, y luego de diversas decisiones administrativas y judiciales (del Ministerio de Economía; de la Cámara Contencioso Administrativo; de la Fiscalía de Estado; del Tribunal de Cuentas de la provincia), la licitación quedó sin efecto. En definitiva, los tres exfuncionarios investigados no lograron su cometido de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad.

Redacción

La Fiscalía consideró que las maniobras defraudatorias de los imputados fueron concertadas con un representante de Emprendimientos Grupo Patagónico SRL. En tal sentido, la Fiscalía dijo en la audiencia que tiene evidencias para demostrar que fue el representante de la firma quien redactó las condiciones del pliego licitatorio y quien se los envió a uno de los imputados antes del llamado a licitación.

También se precisó que el precio unitario de referencia de pistolas fijado para el proceso licitatorio fue de 1.168,50 dólares, y Emprendimientos Grupo Patagónico SRL cotizó cada pistola a 1.149,50 dólares (19 dólares menos). Más aún, en la solicitud de compra de bienes que consta en el inicio del expediente licitatorio, se solicita expresamente la provisión de determinadas marcas de pistolas y de armamento. De acuerdo con lo señalado en la audiencia, tales marcas son en todos los casos comercializadas en Argentina por Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.

Perjuicio para el erario público

La Fiscalía precisó que el monto total de la adjudicación fraudulenta que intentaron los tres exfuncionarios fue de 17.103.543,60 dólares. Por su parte, en función de las evidencias recolectadas, se estimó que el perjuicio para el erario público hubiera sido de entre 2.814.000 y 8.274.000 de dólares.

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