A partir de lo expuesto, la fiscalía continuará la investigación y se cumplimentarán todos los requisitos legales para resguardar los derechos de la defensa. La elevación a juicio no tiene plazos perentorios y el imputado continuará el proceso en estado de libertad.

El mencionado artículo del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

   
La jurisprudencia relacionada con esta tipificación aclara que “es característico del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, la confusión de intereses públicos y privados en el examen de las conductas de los funcionarios”. Y ejemplifica casos en que “el funcionario público desdobla su personalidad y, a la par de representar al Estado, actúa como parte interesada”.