Este lunes y martes comenzarán las audiencias preliminares en los Tribunales de la ciudad, según pudo confirmar de manera anticipada Rafaela Noticias. En dichas audiencias comparecerán los policías imputados con sus abogados defensores, de los cuales dos están todavía detenidos.
Judiciales 24 de octubre de 2021 Rafaela Noticias
La causa judicial que tiene a 7 policías acusados de torturar a dos detenidos en Sunchales en 2019, y a otro agente por encubrir el hecho, tiene pedido de juicio oral solicitado por la Fiscalía Regional de Rafaela. En su momento la Fiscal Gabriela Lema adelantó que pedirá 25 años para los 7 oficiales imputados del delito más grave y 6 años para quien está sindicado como encubridor.
Dadas estas circunstanciass, es que este lunes 25 y martes 26 comenzarán las audiencias preliminares en los Tribunales de la ciudad, según pudo confirmar de manera anticipada RAFAELA NOTICIAS. En dichas audiencias comparecerán los policías imputados, de los cuales dos quedan todavía detenidos, con sus abogados defensores. Presidiendo esta instancia la Jueza Dra. Fortunato y asistiendo la Fiscal Dra. Lema.
Se trata de audiencias técnicas donde se discutirán "qué pruebas entran en el juicio y cuáles no, cuál va a ser la calificación jurídica penal que se mantendrá y algunas invalidaciones procesales", confirmó a RAFAELA NOTICIAS el Dr. Caula, uno de los 5 abogados defensores que tienen los acusados. Una cuestión importante que también se va a solicitar en estas audiencias que comienzan el lunes, es la libertad de los dos detenidos que quedan en la causa. Caula sostuvo que todos los abogados defensores pedirán el cambio de calificación jurídica, dado que la Cámara al liberar en su momento a 6 de los 8 policías imputados señaló que se trataba de Apremios ilegales y no del delito de Tortura como sostiene la fiscal.
La diferencia entre ambos ilícitos es sustancial: mientras que el primero es excarcelable con una pena de 2 a 6 años, el segundo se equipara con un homicidio y la pena va de los 8 a 25 años. "Es una locura. Nosotros (por la Defensa) vamos a sostener que en caso de ir a juicio hay que hacerlo por lo que la Cámara dijo en su momento", manifestó Caula. Por otro lado, respecto al juicio manifestó que no hay fecha para su realización aún, pero podría concretarse recién el año que viene dado que seguramente luego de las audiencias de este lunes y martes habrá apelaciones y replanteos ante la Cámara. Además recordó que los detenidos no pueden estar más de 3 años privados de su libertad sin condena, por lo que antes de dicho plazo (octubre del 2022) se debe hacer el juicio o bien liberar a los policías.
La acusación de la Fiscalía
“Los acusados llevaron a cabo su accionar delictivo entre las 5 y las 6 de la mañana del viernes 18 de octubre de 2019 en el interior de la sede policial ubicada en avenida Belgrano al 300”, precisó la fiscal en su momento, en tanto "los torturados son dos hermanos que habían sido legalmente privados de su libertad”.
Lema afirmó que “las víctimas sufrieron graves tormentos físicos y psicológicos mientras estaban maniatadas con los brazos hacia atrás”, y aclaró que “uno de los hombres atacados tenía esposas y el otro, precintos ajustados más de lo necesario”.
“Los humillaron y los amenazaron con quitarles la vida. Además, a una de las víctimas le aplicaron la técnica conocida como submarino seco, mediante la cual se genera asfixia a partir de colocar una bolsa en la cabeza y también lo amenazaron con agredirlo sexualmente”, añadió la fiscal.
Lema contó que, por un golpe en la nuca, "una de las víctimas atravesó un ventanal de vidrio y sufrió lesiones muy graves en distintas partes del cuerpo, entre ellas, un corte en la vena yugular interna”.
La fiscal explicó que “minutos después, el comisario investigado llegó a la dependencia policial, se enteró de lo ocurrido y omitió comunicarlo a las autoridades competentes”.
"En su carácter de jefe, ordenó a los otros siete agentes que limpiaran el lugar, motivo por el cual se le endilgó el delito de encubrimiento agravado”, completó Lema.
Referido: Julio Armando
El sábado 13 por la tarde, en los Tribunales de Rafaela, el fiscal Dr. Martín Castellano acusó a Fernando L. de los delitos de "Robo calificado por arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada".
El sujeto de 36 años fue condenado por ser el autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado y promoción a la corrupción de menores agravada.
Tiene 33 años y fue identificado como Gonzalo Javier Z.. Se le impusieron tres años de prisión de cumplimiento condicional y deberá pagar una reparación económica de 500.000 pesos a la víctima, que también es policía. La fiscal Gabriela Lema estuvo a cargo de la investigación.
Como resultado de lo actuado el sábado 13 en la audiencia imputativa, este domingo 14, en la audiencia de medida cautelar, tras una convincente y pormenorizada labor desplegada por el fiscal Dr. Martín Castellano, el juez Dr. Gustavo Bumaguin dictó la prisión preventiva sin plazo para Fernando L.
La medida cautelar fue dispuesta por el juez Gustavo Bumaguin, a raíz de lo solicitado por la fiscal Gabriela Lema. El imputado tiene 33 años y sus iniciales son GJZ. “Le restringía a la víctima la libertad de relacionarse con otras personas, la privaba de su libertad personal y ejercía violencia económica, psicológica y física”, sostuvo la funcionaria del MPA en la audiencia.
Desde la Fiscalía Regional 5 de Rafaela informaron que el fiscal Juan Manuel Puig celebró audiencias imputativas por los supuestos delitos de “amenazas calificadas por el propósito de compeler a otras personas a hacer abandono de su lugar de trabajo”, “usurpación por turbación de la posesión” y “amenazas coactivas”.
Los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Educación, José Goity; y de Economía, Pablo Olivares, expresaron la satisfacción por la cantidad de declaraciones juradas de docentes que fueron a trabajar este miércoles 8.
La línea se llama "+Hogares con BNA", que estará disponible a partir del 20 de mayo. Esta iniciativa ofrece un beneficio único, una especie de "seguro" en caso de que la inflación se dispare.
La actividad se realizó en las instalaciones del Centro de Emisión de Licencias ubicado en el edificio Puntogob 280 de nuestra ciudad y contó con la participación del personal administrativo de localidades de la región.
Los trabajadores municipales y comunales realizan la medida de fuerza ante la falta de un acuerdo salarial. No habrá servicio de recolección de residuos durante esas 2 jornadas pero el servicio se prestará a partir de la medianoche del sábado 11 y martes 14.
El intendente Pablo Pinotti y el Presidente de la Comuna de Ataliva, José Álvarez mantuvieron un encuentro para evaluar alternativas que le permita acceder a los estudiantes al servicio de transporte público para continuar con su educación secundaria.