La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia Federal de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal lograron desarticular la operatoria que realizaba un entramado de estudios contables y empresas dedicadas a la generación de facturas falsas que habrían emitido documentación adulterada, evadiendo 430 millones de pesos.
Policiales01 de septiembre de 2020 telam
Los allanamientos para desarticular el entramado de empresas y estudios contables dedicados a generar facturas apócrifas se realizaron en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Cosquín, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Sunchales y Villa María, entre otras.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia Federal de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal lograron desarticular la operatoria que realizaba un entramado de estudios contables y empresas dedicadas a la generación de facturas falsas que habrían emitido documentación adulterada por más de $ 2.800 millones.
A través de esas facturas falsas se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por $ 430 millones entre 2017 y 2020, señaló la AFIP en un comunicado de prensa.
La investigación conjunta fue impulsada por las Fiscalía Federal N°1 de Córdoba, la Fiscalía Federal de San Francisco y la Fiscalía Federal N°3 de Córdoba.
Entre las metodologías fraudulentas utilizadas por los estudios contables y empresas investigadas se identificó la apropiación de la clave fiscal de personas sin capacidad contributiva para generar facturas falsas que eran utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes.
Las tareas de investigación conjuntas permitieron, hasta el momento, más de 90 allanamientos y 33 detenciones.
Los delitos investigados son asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta.
Los operativos simultáneos realizados en distintas provincias fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba y el Juzgado Federal de San Francisco.
Los procedimientos que se desarrollaron a lo largo de dos días contaron con laparticipación de 328 agentes especializados de la Dirección General Impositiva (DGI) de distintas regiones del país, así como distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
Las medidas judiciales también contemplaron domicilios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
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