El proyecto fue sancionado por unanimidad y el autor del mismo es Joaquín Blanco. Tiene por objeto destinar un fondo de $180 millones de pesos para evitar el cierre masivo de estos lugares, que suman alrededor de 450 en toda la provincia

“La Provincia los dejó solos. En Rafaela, por ejemplo, son 20 establecimientos donde trabajan alrededor de 100 personas y asisten 1500 niños y niñas” resaltó Pinotti: “lo que pretendemos es dar una respuesta concreta a un sector que vive momentos de enorme incertidumbre  y preocupación”. Está en peligro la continuidad y en muchos casos lo que se evalúa es el cierre definitivo”.

Otra cuestión no menor tiene que ver con el rol que cumplen dichos lugares.  Con la apertura de los comercios e industrias durante estos cinco meses desde que comenzó la cuarentena, cerca del 90 por ciento de los padres y madres volvieron a trabajar: “El Estado debe estar presente, no se puede lavar las manos. La ley 26.206 plantea una unidad pedagógica para niños y niñas hasta los 3 años y debe tener incumbencia, más allá que el servicio lo preste un privado” resaltó Pinotti.

El proyecto determina una contraprestación, creando un sistema de becas y medias becas para que niños puedan asistir a estos lugares en próximos ciclos lectivos. Prevé una asistencia económica de entre 200 y 800 mil pesos, en función de la cantidad de personas que trabajan en cada establecimiento y prevé el pago en cuotas a abonar hasta febrero con el compromiso de destinar el recurso al sostenimiento de la actividad. También el proyecto dispone la eximición por un año de la obligación de pago mensual de Ingresos Brutos; Impuesto Inmobiliario entre otras disposiciones.

Por último, Pinotti dijo “hemos dado media sanción a este proyecto como respuesta a una necesidad que no puede esperar.  Confío en que el Senado tenga un tratamiento con la mayor premura”