La fiscal Bertero pidió elevar a juicio la causa por supuestas incompatibilidades en la función pública del ex edil Horacio Bertoglio
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación presentó este lunes 5, la acusación por un probable conflicto de intereses en el desempeño de las funciones del ex concejal y sus actividades particulares en el período Julio de 2019 – Abril 2021.
La Fiscal Fabiana Bertero, a cargo de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional N° 5, presentó ayer la acusación contra el expresidente del Concejo Municipal de Sunchales, Horacio Bertoglio, imputándole el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en carácter de autor, según los artículos 265 y 45 del Código Penal.
De esta manera, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación dio por clausurada la etapa de investigación penal preparatoria y, en virtud de las pruebas, testimonios y análisis realizados, solicitó a la Oficina de Gestión Judicial la elevación a juicio oral y público.
Cabe señalar que, durante la etapa de instrucción, el fiscal tiene el deber de actuar con objetividad y valorar si los elementos de la denuncia configuran un tipo penal y se individualiza a su autor. En caso de no contar con elementos suficientes para avanzar con la causa, podría optar por el archivo de las actuaciones. Pero, según lo dictaminado, al solicitar la citación a juicio, el fiscal entiende que hay mérito probatorio suficiente para acusar al imputado, al menos en grado de probabilidad, como partícipe del delito que se investiga. Es decir, a criterio de la fiscal, existen elementos de convicción para sostener como factible la participación del imputado en el hecho, después de haber cumplido con el requisito indispensable de tomarle declaración y recabar las pruebas según procedimientos ajustados a derecho.
Una vez recibida la acusación se correrá vista a la defensa para que haga su descargo, plantee eventuales incidentes y nulidades o solicite el sobreseimiento. Estas situaciones se definirán en una audiencia preliminar, oral y pública, que deberá realizarse entre los próximos diez y veinte días. En caso de no admitirse los recursos, se dictará la resolución para iniciar el juicio.
La denuncia por supuestas incompatibilidades en el ejercicio de la función pública fue presentada en la fiscalía regional a fines del año 2021, después de que no prosperara una especie de juicio político que se llevó a cabo en el Concejo municipal, con la pretensión de destituir a quien se desempeñaba como presidente del cuerpo.
Finalizada la actuación en el ámbito político, tres concejalas giraron las actuaciones al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos penales contra la administración pública local, haciendo especial hincapié en el dictamen elaborado por el doctor Domingo Rondina, especialista en derecho administrativo y actual Fiscal de Estado de la provincia.
La calificación penal con la que hoy la fiscal Bertero acusa a Bertoglio castiga al funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Y prevé una pena de reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para desempeñarse en cargos públicos.
La trama
Recordemos que el escándalo institucional se desató con el ingreso, el 30 de junio de este año, de una nota del abogado Juan Manuel Chiapero, apoderado de Héctor Solaro, titular del "Loteo Solaro", informando que el concejal Horacio Bertoglio fue apoderado del "Loteo Solaro" desde el 29 de julio de 2013 hasta el 15 de abril de 2021, y ante el inminente litigio judicial entre las partes, solicitaba que el edil demoprogresista se abstenga de intervenir en el tratamiento de la ordenanza que se refería a la finalización de dicho desarrollo inmobiliario, apuntando a un visible conflicto de intereses.
Para definir si existió conflicto de intereses en el desempeño de las funciones del Concejal y sus actividades particulares en el período Julio de 2019 – Abril 2021, se creó la Comisión Especial conformada por los Concejales María Alejandra Bugnón, Luciana Paredes, Andrea Ochat, Oscar Trichieri y María José Ferrero, siendo esta última la que lo presidió en su carácter de vicepresidenta 1° del Concejo Municipal.
La Comisión generó un expediente administrativo, recabó toda la información pertinente, reunió todas las probanzas aportadas por las partes y contrató un estudio de un profesional del derecho externo para que este dictamine sobre la existencia o no de algún hecho pasible de sanción por este Cuerpo, acorde a la legislación vigente local y provincial. La elección recayó en el Dr. Domingo Rondina, abogado especialista en Derecho Constitucional, dictaminado que "ha quedado demostrado que la actuación del concejal Bertoglio resultaba incompatible y que vulneró varias normas provinciales y nacionales". Y advierte "que más allá de una conducta tipificada, la sanción al concejal Horacio Bertoglio, que puede llegar hasta la remoción de la banca, debe ser una decisión política".
Basados en ese dictamen, las concejalas Luciana Paredes, Andrea Ochat y "Marita" Ferrero presentaron un proyecto de resolución donde manifiestan en el primer artículo que "atendiendo la gravedad de los hechos probados, que afectan los derechos del concejo, su seguridad y dignidad. Y dada la falta de condición necesaria para el cargo de Concejal, se establece que tales hechos comprobados resultan faltas graves y corresponde como sanción la remoción del cargo del Concejal Horacio Daniel Bertoglio".
Por otra parte, la edil María Alejandra Bugnón presentó otro proyecto de Resolución donde expresa "que no existió conflicto de intereses en el desempeño de sus funciones del Concejal Bertoglio y sus actividades particulares en el período julio 2019 – abril 2021, y consecuentemente disponer que no existe mérito para ejercer la potestad diciplinaria por parte del Honorable Concejo Deliberante". En dicho proyecto aclara que se asesoró con el abogado Andrés Mathurin, afirmando que “el dictamen tiene un grave error conceptual sobre lo que es un loteo” entre otras consideraciones, concluyendo que "puede ser un acto moralmente discutible pero no una falta de ética".
Finalmente, en la sesión ordinaria del 23 de septiembre del Concejo Municipal, el pedido de remoción obtuvo los tres votos de sus autoras pero no alcanzó la mayoría agravada (2/3 partes), ya que Alejandra Bugnón manifestó que no existía mérito para ejercer la potestad disciplinaria. El voto del concejal Oscar Trinchieri fue fundamental para que el legislador demoprogresista mantuviera su banca. "Pancho" hizo una cerrada defensa de la actuación de Bertoglio y presentó una moción que obtuvo solo su voto para que no haya sanciones y se remita el expediente administrativo al Ministerio Público de la Acusación. Horacio Bertoglio afirmó en su alocución: "Es una falacia que haya intentado ejercer algún tráfico de influencia".
Luego de que el pedido de remoción solicitado por las concejalas Luciana Paredes, Andrea Ochat y María José Ferrero no prosperara, el expediente fue elevado al Ministerio Público de la Acusación para su análisis con el objeto de determinar la existencia de delitos.
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