En la mañana de este miércoles, en los Tribunales de Rafaela, comenzó la audiencia preliminar por la causa del Grupo Spaggiari. Durante cuatro jornadas, la Fiscalía, las querellas y las defensas ofrecerán pruebas para el futuro juicio oral, donde se investigan 558 hechos de estafa y un perjuicio económico que asciende a 235 millones de pesos, 9 millones de dólares y 11 mil euros.
Con Bumaguin presidiendo la audiencia, la jornada (que originalmente estaba prevista para las 7:30) comenzó cerca de las 8, con la presentación de las partes. Por el lado de la acusación estuvieron el fiscal Guillermo Loyola y lo abogados querellantes Pablo Mosconi, Juan Manuel Chiappero, Viviana Consentino, Michael Chiapino, Sergio Fregona y los Dres. Miño y Meyer.
Por su parte, el frente defensivo estuvo representado por los Dres. José María Silvela, Andrés Colón, Gustavo Abraham, Victoria Romano y Georgina Alassia.
La primera jornada del proceso unió a las partes tras el rechazo de la Cámara de Apelaciones al pedido del abogado de los Spaggiari (Gustavo Abraham), de apartar al juez de la Investigación Penal Preparatoria, Gustavo Bumaguin.
El inicio estuvo marcado por una reunión privada entre los intervinientes. “Lo que se habló en privado, queda en privado”, manifestó Bumaguin durante una de las intervenciones de los presentes, manteniendo en reserva los términos de dicha reunión.
Las audiencias preliminares se desarrollarán durante cuatro días. En este período, el Ministerio Público de la Acusación, la querella y los defensores presentarán sus acusaciones, realizarán el ofrecimiento de pruebas y plantearán las objeciones correspondientes. Tras esta etapa, la causa estará en condiciones de avanzar hacia el juicio oral. Aunque el debate aún no tiene fecha fijada, en los pasillos judiciales se anticipa como el más extenso del último tiempo. Debido al monto de las penas solicitadas, la cantidad de imputados y la complejidad del caso, se prevé que el tribunal de juicio sea pluripersonal.
El fiscal Guillermo Loyola detalló los alcances de una acusación que consta de más de 300 páginas. En el documento se especifican los 558 hechos de estafas atribuidos a la asociación ilícita. Según el representante del MPA, la organización se constituyó con el único propósito de captar la mayor cantidad de ahorristas posibles mediante la promesa de retornos muy superiores a los del mercado financiero formal y en plazos cortos. “Nunca cumplieron ni tenían intención de cumplir”, afirmó Loyola.
El pedido de penas para los nueve implicados se desglosa de la siguiente manera. Para Matías y Fernando Spaggiari, el fiscal les atribuye la figura de jefes de la asociación ilícita y coautores de estafas reiteradas en 558 hechos en concurso real, solicitando 25 años de prisión. En el caso de Mirta Condoto (madre de los principales investigados), la figura penal escogida es la de miembro de la asociación ilícita, partícipe necesaria y autora de estafas reiteradas en 132 hechos, con un pedido de 9 años de prisión. Para Gustavo Garetto, imputado como miembro, partícipe necesario y autor de estafas reiteradas en 107 hechos, se solicitaron 8 años y 6 meses de prisión.
Por su parte, Miryam Bravo está señalada como miembro, partícipe necesaria y autora de estafas reiteradas en 232 hechos, para quien se requirieron 7 años y 6 meses de prisión. En cuanto a Gabriel Ullman, procesado como miembro, partícipe necesario y autor de estafas reiteradas en 82 hechos, la solicitud es de 6 años y 6 meses de prisión.
Finalmente, para Carolina Schaberger (imputada en 81 hechos) y para Carlos Ciancia (imputado en 54 hechos), las exigencias fiscales coinciden en 5 años de prisión bajo las figuras de miembros, partícipes necesarios y autores de estafas reiteradas. Bajo la misma calificación jurídica, se pidieron 4 años de prisión para Cristian Clementz por 7 hechos de estafa, y otros 4 años de prisión para Cristian Francetti por 12 hechos.
Además, el fiscal Loyola solicitó formalmente que se mantenga la inhibición de bienes de los imputados, se les imponga una multa de 90 mil pesos a cada uno de ellos y se dicte el decomiso de la totalidad de los bienes secuestrados en el marco de la investigación, algunos de los cuales ya fueron subastados por la APRAD y forman parte del proceso de la quiebra que se tramita en el fuero civil.
FUENTE: Jonatan Almaraz Funes - Rafaela Noticias
