Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley que propone incorporar la figura del “vandalismo rural” al Código Penal, con el objetivo de tipificar y sancionar de manera específica los delitos que afectan a la producción agropecuaria en todo el país.
La iniciativa apunta a dotar al Estado de herramientas jurídicas más eficaces frente a hechos delictivos que dañan bienes, infraestructura y el esfuerzo productivo del sector rural.
Desde la entidad señalaron que el proyecto surge como respuesta a una problemática creciente en distintas regiones productivas, donde los ataques a establecimientos rurales, silobolsas y cultivos se han vuelto reiterados, generando pérdidas económicas significativas y un clima de inseguridad para quienes desarrollan su actividad en el campo.
La propuesta legislativa plantea la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal, e incorpora el artículo 184 bis, que crea la figura de vandalismo rural.
Esta nueva tipificación prevé penas de entre dos y cinco años de prisión para quienes afecten el normal funcionamiento de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de granos, silobolsas, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes directamente vinculados a la actividad agropecuaria.
En relación con la iniciativa, desde CRA remarcaron que “no se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”. En ese sentido, advirtieron que muchos de estos hechos delictivos hoy no reciben una respuesta penal acorde a la magnitud del daño provocado.
El proyecto también contempla la actualización de la figura del delito de estrago, incorporando nuevas modalidades, como la liberación de patógenos, y estableciendo escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia.
Asimismo, se agravan las penas cuando se ponga en riesgo la vida de las personas o se produzcan consecuencias fatales.
Desde la entidad gremial explicaron que el Código Penal vigente presenta falencias que dificultan una respuesta judicial efectiva frente a estas nuevas modalidades delictivas. “El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo para evitar la impunidad y brindar certezas a las víctimas”, afirmaron.
Finalmente, CRA subrayó que la iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural y contribuir a la prevención de delitos que afectan no solo a los productores agropecuarios, sino también al desarrollo económico y social de las comunidades del interior del país.
