La medida judicial se dictó debido a la frustración del concurso preventivo, luego de que no se inscribiera ningún interesado en el registro abierto a los fines del salvataje de la concursada.
La empresa, anotada inicialmente en la Inspección General de Justicia (IGJ) en 2016 y con domicilio en Azara 841, Planta Baja de CABA, pasa así a la etapa de liquidación bajo la órbita del Juzgado.
La resolución judicial implica consecuencias inmediatas en el ámbito financiero y administrativo de la compañía.
El Juzgado Comercial 29 ordenó la inhibición general de bienes de la fallida, medida que debe permanecer inscripta como garantía del crédito de los acreedores.
Asimismo, se libraron oficios al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que comunique a todas las instituciones financieras y proveedores de servicio de pago del país la obligación de:
Se solicitó también la intercepción de la correspondencia de la fallida, con domicilio social en Azara 841, para que sea entregada a la sindicatura “Guillemi & Rosental”, que continúa con su actuación en esta etapa.
Como parte del proceso de liquidación, el Juzgado dispuso la inmediata constatación y clausura de los establecimientos de la deudora. Esto incluye:
Para ejecutar esta medida, el síndico fue designado como oficial de justicia ad hoc, facultado a incautar libros, constatar el estado de ocupación, realizar un inventario y, si fuera necesario, hacer uso de la fuerza pública o requerir los servicios de un cerrajero.
Adicionalmente, se convocó al presidente de la sociedad fallida, Santiago Jesus Segovia Brun, a una Audiencia de Explicaciones presencial que tendrá lugar el 11 de diciembre de 2025, a las 11:00. En caso de ausencia injustificada, se autoriza el auxilio de la fuerza pública para asegurar su comparecencia.
El decreto de quiebra trae aparejada la inhabilitación de la fallida, que es definitiva. También se declaró la inhabilitación del administrador, Santiago Jesús Segovia Brun.
Además, se dispuso la interdicción de salida del país para el director Segovia Brun. Esta restricción se mantendrá vigente hasta la presentación del informe general, fijada para el 11 de junio de 2026.
Los acreedores de ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A. deben estar atentos a los plazos procesales establecidos por el Tribunal.
El plazo máximo para que los acreedores formulen el pedido de verificación de sus créditos ante la sindicatura se fijó hasta el 9 de febrero de 2026. Este trámite deberá realizarse de forma digitalizada, solicitando turno previamente a la sindicatura.
Autor: Damián Morais
