En Santa Fe, una de las vías afectadas por esta medida es la Ruta Nacional 34. También se encuentran la autopista a Córdoba y Buenos Aires, avenida Circunvalación y las rutas 7, 8, 11 y 19.
País15 de febrero de 2025 El Eco de Sunchales
El gobierno nacional anunció que habilitará la participación de capitales privados en la compañía Corredores Viales, la empresa estatal que administra 6.000 kilómetros de rutas y autopistas en todo el país. El camino de la privatización de empresas del Estado ya se había iniciado esta semana con la metalúrgica estatal Impsa.
El gobierno argumentó la medida al informar que el 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado crítico, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario era de un 45% con relación a la tarifa técnica.
Corredores Viales S.A. se encuentra a cargo de 10 tramos de autovías en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.
En Santa Fe, las vías afectadas por esta medida serían la autopista a Córdoba y Buenos Aires, avenida Circunvalación y las rutas 7, 8, 19 y 34.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se encargó de anunciar la decisión del gobierno y dijo que a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios. "Se terminó la patria contratista donde subían los peajes y las rutas se caían a pedazos", disparó Adorni.
Los interesados a cambio de obras se quedarán con el cobro de los peajes.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas - dependiente del Ministerio de Economía - será el área encargada de adoptar las medidas necesarias y concretar una serie de acciones.
Vialidad Nacional ya tiene convocada para finales de febrero a una audiencia pública para la licitación de lo que se conoce como la ruta del Mercosur, por unos 670 kilómetros de extensión, que durante los últimos 30 años fue operada por la empresa privada Crusa. Con el anuncio de este viernes se dio inicio al proceso para adjudicar un total de 8.470 kilómetros de rutas entre las que gestiona Corredores Viales, sumando otros que hasta ahora no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba. Esta etapa estará dividida en once tramos.
Entre esas acciones, promoverá la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de 10 tramos asignados a Corredores Viales, la ejecución de los procedimiento de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los corredores, la disolución y posterior disolución de Corredores Viales, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.
Según el gobierno, el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de las obras, sin las restricciones que significa la ley de obra pública.
El vocero explicó también que, en 2023, la empresa registró un resultado económico negativo, con una deuda con proveedores de 142.000 millones de pesos y pérdidas acumuladas por $268 mil millones. Adorni precisó que con estos resultados negativos, los argentinos aportaron $301.000 millones.
Los ministros de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y de Economía, Pablo Olivares, viajarán el próximo miércoles a Buenos Aires para reunirse con el coordinador de Obra Pública del Ministerio de Economía de la Nación, Martín Maccarone. Se trata de un nuevo intento para lograr que el gobierno nacional ceda a la provincia algunos corredores que abandonó, tras el congelamiento de la obra pública en las rutas argentinas.
Es más que rutas, los funcionarios volverán a insistir con el cumplimiento del acuerdo ya firmado con la Nación para que el gobierno de Santa Fe pueda ejecutar obras que venía realizando el gobierno nacional.
Enrico manifestó en varias oportunidades la preocupación por la falta de respuesta de Nación al reclamo que Santa Fe -reclamos que también llevan adelante otras provincias- por la falta de mantenimiento y el mal estado de las rutas nacionales. “Para gobierno central las rutas nacionales no existen, no les importa, no les interesan. La situación es insostenible”, subrayó en diciembre.
En su momento, el funcionario enumeró: “No cortan el pasto, no tapan los pozos, no tienen proyectos, cambian las cosas todo el tiempo, y políticamente nadie pone la cara. La Nación cobra impuestos al IVA, Ganancias, no saca las retenciones, pero no pone un peso en las rutas. Esa es la realidad: nadie habla de rutas nacionales porque es un tema que está en el interior y este es un gobierno que tiene una mirada muy porteña, es una porteñocracia, y la verdad es que no les importa”.
Especialistas del Conicet destacan que Argentina tiene potencial para producir tierras raras, pero aún se necesita desarrollo tecnológico para que la extracción sea rentable y sostenible. Advierten, además, por los posibles riesgos ambientales.
El monto de los decomisos fue definido al calcular los beneficios obtenidos por la cartelización empresarial que benefició a las firmas de Lázaro Báez y el sobreprecio en la licitación de obras, que promedió un 20% de acuerdo con la Justicia. Actualizados, equivale a una cifra cercana a los $ 650 mil millones.
El rubro que más aumentó fue el de Comunicación (4,1%), mientras que los alimentos se incrementaron apenas 0,5%, lo que tuvo un impacto positivo en la canasta básica alimentaria (que define la línea de la indigencia) que cayó un 0,4% mensual.
Los abogados de la ex presidenta solicitaron que se disponga directamente el arresto domiciliario en una vivienda ubicada en Barrio Constitución de la ciudad de Buenos Aires, en el mismo departamento donde vive con su hija Florencia Kirchner.
Es la segunda ex presidenta de la historia que va a prisión en democracia. El máximo tribunal rechazó las apelaciones y dejó firme el fallo que la condenó a seis años de prisión por los negociados con Lázaro Báez y la inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.
El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, convocó al resto de los ministros a un encuentro que se realizará este martes 10, a las 16:00, para tratar los recursos del caso y determinar si queda ratificada la condena a seis años de prisión para la ex mandataria.
El rubro que más aumentó fue el de Comunicación (4,1%), mientras que los alimentos se incrementaron apenas 0,5%, lo que tuvo un impacto positivo en la canasta básica alimentaria (que define la línea de la indigencia) que cayó un 0,4% mensual.
El monto de los decomisos fue definido al calcular los beneficios obtenidos por la cartelización empresarial que benefició a las firmas de Lázaro Báez y el sobreprecio en la licitación de obras, que promedió un 20% de acuerdo con la Justicia. Actualizados, equivale a una cifra cercana a los $ 650 mil millones.
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El ocaso de las cooperativas y el ascenso de las multinacionales: La verdadera historia detrás de la leche que consumimos. De la Paulina a Ilolay, las marcas que ahora tienen dueños que ni te imaginabas en el país.
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