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En los últimos días, YCRT, la empresa estatal argentina que opera en la región patagónica, se vio envuelta en un nuevo escándalo que involucra un fallido acuerdo de venta de carbón. Thierry Decoud estaba siendo investigado por supuestos pedidos de coimas.
País11 de septiembre de 2024 elDiarioAREl Gobierno echó al interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Thierry Decoud, que estaba siendo investigado por supuestos pedidos de coimas. La decisión la confirmó este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
“Hasta que se aclaren los hechos, el Presidente (Javier Milei) ha tomado la decisión de despedirlo”, anunció el portavoz sobre Thierry Decoud. Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) es una de las empresas estatales que la Ley Bases habilitó al Ejecutivo para poder privatizar.
“Donde el Presidente detecta que no hay una transparencia absoluta en la gestión, siempre va a hacer a un lado al responsable. No porque sea efectivamente responsable, sino porque el Presidente quiere que todo se lleve adelante con total transparencia”, agregó Adorni.
En los últimos días, YCRT, la empresa estatal argentina que opera en la región patagónica, se vio envuelta en un nuevo escándalo que involucra un fallido acuerdo de venta de carbón.
La empresa israelí TEGI Limited había propuesto la compra de 30.000 toneladas de carbón de baja calidad por un valor cercano a los US$2.1 millones. Sin embargo, la operación se habría detenido tras un supuesto pedido de dinero realizado por intermediarios vinculados a la negociación, de acuerdo a información a la que accedió el diario Clarín.
La denuncia la realizó el gobierno de Santa Cruz, a cargo de Claudio Vidal, a raíz de un presunto pedido de coimas de dos intermediarios entre la minera y la empresa Tegi Limited.
En el marco de la investigación, se viralizaron una serie de audios entre los brokers Andrés Gross y Alejandro Salemme, con de Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI Limited.
“Los puse en contacto, dicen que no avanzarán, 2 meses después mandan una orden de compra y no me avisan. Ponete en mi lugar, no importa con quién hablé ni cómo y menos por teléfono. Si yo no tuviera este poder en este negocio no estaría al tanto de la oferta. No tengo nada que ver con la empresa, soy un facilitador de negocios. Si quieren que suceda, vayamos todos para el mismo lado. Puedo hacer que esto se cierre”, se lo escuchó decir a Gross.
Por su parte, Yarke Ariet planteó: “No tengo margen para aportar más contribuciones marginales porque estoy rematando un producto que estoy comprando por obligación, considero que no está en las condiciones óptimas”.
“Nosotros no solemos proceder de esta forma, me llama la atención que una empresa estatal divulgue información a una persona de reventa para que después venga a decirme 'si no estoy en el negocio esto no se cierra'. Pensémoslo, esto no me parece amigable. Pero la decisión la toma el presidente de mi compañía. Tengo capacidad de veto, pero no la voy a usar, quiero ver cómo sacamos el negocio adelante”, concluyó.
Decoud proviene de las filas del PRO. Fue designado en la intervención de YCRT a fines de diciembre a días de la asunción de Javier Milei. Es ingeniero especialista en temas energéticos, tiene 42 años y ya pasó por varios cargos de la mano de la gestión de Mauricio Macri, tanto a nivel porteño como nacional. En 2015 se desempeñó como ministro de Infraestructura en la gobernación de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires.
Según su propia descripción en LinkedIn, Decoud “es licenciado en Ingeniería Industrial y licenciado en Matemáticas por la Universidad de Clemson y la Universidad de Lander en Carolina del Sur, Estados Unidos, respectivamente. También tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Escuela Europea de Negocios en Madrid, España. Trabajó para diferentes firmas de consultoría ambiental reconocidas a nivel mundial, como ENVIRON International Corporation y CH2M Hill, realizando proyectos ambientales a gran escala en los EE. UU., Europa, Asia y América del Sur. Gestionó y ayudó en proyectos como programas de sostenibilidad, auditorías energéticas, auditorías medioambientales y remediaciones de emplazamientos para empresas de la lista Fortune 500. Áreas de especialización: Fase I ESA y ECA, Fase II Investigaciones de sitios, remediación de sitios, Auditorías de Salud y Seguridad y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos”.
En junio de 2024, TEGI Limited, una compañía de capitales israelíes, presentó una oferta formal para adquirir un remanente de carbón que YCRT tenía almacenado en el puerto de Punta Loyola, en la provincia de Santa Cruz. La compra de las 30.000 toneladas de carbón, con un precio promedio de US$70 por tonelada, fue vista como una oportunidad para la compañía israelí, que planeaba vender el carbón a países como China e India.
A pesar de que el carbón ofrecido era de baja calidad, con altos niveles de ceniza y en condiciones de combustión, la operación habría significado un alivio para YCRT, que atraviesa una situación crítica. La minera estatal perdió cerca de US$140 millones el último año, cuenta con más de 2.100 empleados y acumula deudas millonarias. Además, su producción mensual ha caído a unas escasas 5.000 toneladas, muy lejos de su capacidad máxima.
El acuerdo propuesto por TEGI no solo buscaba concretar esta compra inicial, sino que también abría la puerta a un contrato a largo plazo que implicaría la compra de hasta 700.000 toneladas de carbón al año, por un valor de más de 100 millones de dólares en dos años.
Cuando todo parecía estar en marcha, un grupo de intermediarios apareció en escena y cambió el rumbo de la negociación. Andrés Gross y Alejandro Salemme, dos brokers que supuestamente estaban colaborando con la compra, habrían solicitado a la empresa israelí un pago adicional para que el acuerdo se concretara. Según un audio al que accedió el diario Clarín, los intermediarios exigieron una suma de entre US$20.000 y US$30.000, lo que representa entre el 1% y el 1.5% del valor total de la compra.
En la grabación, se escucha a Gross y Salemme negociar con Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI en Argentina, quien se mostró sorprendido y en desacuerdo con la solicitud. Yarke dejó en claro que la empresa israelí no estaba dispuesta a pagar ningún monto adicional y que ya tenían contacto directo con YCRT, lo que hacía innecesario el rol de los intermediarios.
Gross, quien en un principio se mostró como un actor clave en la operación, luego reconoció haber exagerado su influencia. En declaraciones al medio argentino, Gross admitió haber cometido un error: “Me fui de boca, es cierto. Pensé que Salemme tenía el respaldo necesario, pero no fue así”. También afirmó que no tenía el poder que había insinuado tener durante la negociación.
Por su parte, Salemme calificó su participación como “infantil”, pero negó que hubiera habido algo ilegal en su accionar. Aseguró que, como broker, su trabajo consistía en acercar a las partes y facilitar la concreción de negocios. Sin embargo, la intermediación de ambos fue rechazada por TEGI, que ya estaba en contacto con Cancillería argentina para avanzar en la operación.
Otro de los puntos que complicó la operación fue el papel de Cancillería. Según explicó Yarke, la compañía israelí había sido contactada directamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, lo que les permitió iniciar las negociaciones con YCRT. Desde Cancillería, buscaban promover la primera exportación de carbón de Río Turbio en cinco años, lo que le daría un impulso significativo a la producción de la minera estatal.
A pesar de este apoyo diplomático, el intento de mediación por parte de Gross y Salemme llevó a que TEGI frenara las negociaciones, frustrando así la posibilidad de una exportación que habría aliviado la situación financiera de YCRT.
El hasta este martes interventor de YCRT, Thierry Decoud, negó cualquier vinculación con los intermediarios. Afirmó que, como empresa del Estado, YCRT no puede pagar comisiones ni contratar brokers, y que no tuvo ningún tipo de contacto con Gross y Salemme durante el proceso. Sin embargo, Decoud y Gross reconocieron ser amigos y compartir actividades sociales, como jugar al fútbol juntos, lo que ha generado suspicacias sobre su posible involucramiento en la trama de corrupción.
Este nuevo escándalo llega en un momento delicado para YCRT. La empresa, que opera en el extremo suroeste de la provincia de Santa Cruz, ha estado en el centro del debate público debido a la crisis económica que atraviesa. El actual presidente de Argentina, Javier Milei, ha propuesto cerrar o privatizar la compañía, argumentando que sus pérdidas son insostenibles para el Estado.
La operación frustrada con TEGI podría haber representado una oportunidad para revertir en parte la situación de la empresa, con un contrato a largo plazo que garantizaría ingresos significativos. Pero la posterior suspensión del acuerdo ha dejado a YCRT en una posición aún más comprometida.
Fuentes cercanas a la empresa aseguran que la producción de carbón sigue siendo mínima y que las deudas continúan acumulándose. A pesar de las promesas de privatización o cierre, la realidad es que YCRT sigue funcionando, pero con cada vez menos recursos y un futuro incierto.
Con información de agencias.
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Especialistas y consultoras indican que la operación no implicaría un incremento de la deuda bruta, pero sí cambiaría el perfil de la misma, aumentando la deuda externa. Además, mejoraría el balance del BCRA, al cambiar títulos del Gobierno por fondos frescos.
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