"Solo nos mueve un objetivo: que ningún otro padre pierda un hijo por la impericia y negligencia de un gobernante" manifiestan Nicolás Tognalli y su esposa, María Julia Alassia en el primer párrafo del Capítulo 3 "Los pedidos de información", en la denuncia presentada al Concejo Municipal de Sunchales que ingresó este lunes 6 de noviembre.

En un escrito de 197 páginas, el denunciante intenta demostrar las razones por la cual considera que el intendente Gonzalo Toselli incumplió los deberes inherentes a su función pública y malversó los fondos públicos que derivaron en un trágico incidente con consecuencias fatales para una menor de edad.

Básicamente, Tognalli hace un pormenorizado relato donde adjunta profusa documentación, sobre el incumplimiento de la Ordenanza Nº 2742/2018 que fue sancionada el 26 de septiembre de 2018, autorizando "al Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar un puente peatonal sobre curso Canal Norte, similar a los existentes, que comunique las calles J. B. V. Mitri y Gaby Miretti, con acceso habilitado para distintos tipos de movilidades".

"De haber existido un puente peatonal, el lunes 7 de noviembre de 2022, entre las 11:45 y las 12:00, María Tognalli hubiera evitado transitar por el puente de calle E. Montalbetti, en la intersección con Gaby Miretti, evitando la colisión con el acoplado del camión en una arteria asignada para el tránsito pesado" expresa el documento. Lamentablemente, María falleció 4 horas después.

La denuncia remarca que ya hacía más de 4 años, desde esta fatídica fecha, que no se cumplía con la Ordenanza y que incluso el puente peatonal se instaló recién en octubre de 2023, un año y cuatro meses después del trágico accidente donde perdiera la vida la niña de 11 años.

También se menciona la Ordenanza Nº 2971/2021 para el ordenamiento de la movilidad urbana y especialmente el artículo 2º que tiene como objetivo "proteger al colectivo de niñas y niños, para lo cual insta a adoptar medidas de protección y control, en particular en las cercanías de los lugares donde los mismos circulan". Basado en las propias cámaras de seguridad del Municipio, Tognalli verifica que en el momento del accidente, no había control alguno de personal municipal. Incluso en el mismo marco legal, el artículo 13 determina que los vehículos de carga pesada no pueden transitar en los horarios de tránsito escolar.

En el Capítulo II denominado "Las obligaciones del Intendente" se resalta que el titular del Departamento Ejecutivo está obligado a velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, y garantizar la seguridad y bienestar de sus conciudadanos, y que el trágico accidente hubiera sido evitable si se encontraba en funcionamiento el puente peatonal. "La no ejecución de las ordenanzas que aprobaron las obras y establecieron normas de circulación no son un mero tema administrativo ya que su incumplimiento se relaciona en forma directa con la pérdida de una vida humana. No existen paliativos ni justificativos para su falta de ejecución. Se trata de un grave incumplimiento de las obligaciones del funcionario público que debe ser sancionado con la pena máxima y en todos los órdenes legales. Se debe tomar conciencia de las consecuencias que generan la negligencia de los dirigentes" afirma.

También relata las dificultades que tuvieron para recabar información solicitada al Departamento Ejecutivo con el objetivo de saber si había una relación directa entre el accidente, y las obras y Ordenanzas no ejecutadas: "Aún cuando los funcionarios públicos tienen la obligación de proporcionar información de manera clara y completa a los ciudadanos que lo requieran, nuestros requerimientos fueron desatendidos: se brindó información incompleta, escasa, confusa y desorganizada. Incluso hay información que aún no fue proporcionada sin saberse los motivos. Nada más ni nada menos que una actitud alineada con los diversos incumplimientos y con la total impericia del Intendente".

Finalmente, por todo lo expuesto solicita al Concejo Municipal que "ordene la inmediata suspensión en sus funciones al Intendente y que solicite la destitución al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Además que formule la correspondiente denuncia al Juzgado penal competente por los diversos incumplimientos a los deberes inherentes a su función pública y malversación de fondos públicos que derivaron en el trágico incidente con consecuencias fatales para una menor de edad, denunciándolo además por homicidio con dolo eventual. Y también se solicite la inhabilitación de por vida del Intendente para ocupar cargos públicos en virtud de su conducta negligente y omisiva".

"La relación causal entre la omisión y el daño resultante es determinante para la responsabilidad del Intendente, quien, por su gravísimo accionar, debe ser inmediatamente suspendido y destituido de su cargo, y privado de por vida de volver a ejercer cargos públicos. La desidia, falta de profesionalismo, impericia y negligencia de una persona acabó con los sueños de una familia entera que nunca será la misma" concluye Nicolás Tognalli.