Por unanimidad el Tribunal de Cuentas hizo una Observación Legal a la provincia por el pago millonario a una proveedora de software. La firma aduce que nunca cobró por los servicios prestados desde el inicio, en 2013. Para el organismo de contralor hay dos cuestiones centrales, como que el acuerdo de reconocimiento de deuda y convenio de pago se hizo sin la intervención de la Fiscalía de Estado (es decir la representación jurídica del Estado); y que no hay documentación que respalde el reclamo de la empresa.
Provincia 31 de diciembre de 2022 Aire de Santa Fe
El 21 de diciembre pasado, por unanimidad, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Fe hizo una Observación Legal sobre el decreto 2346 del Poder Ejecutivo en el que autorizó a pagarle 162 millones de pesos de una vez a Impronta Solutions SA, una empresa de soluciones informáticas que afirma que el Estado provincial nunca le pagó por servicios prestados entre 2013 y 2022.
La Observación Legal del Tribunal de Cuentas se basa en dos cuestiones centrales, como que el acuerdo de reconocimiento de deuda y convenio de pago se hizo sin la intervención de la Fiscalía de Estado (es decir la representación jurídica del Estado) y que no hay documentación que respalde el reclamo de la empresa: contrato de vinculación, certificación de servicios ni otro documento. Solo la palabra de la empresa y la admisión por parte de las actuales autoridades de la Secretaría de Tecnología de la Gestión de un vínculo a regularizar. Al ser consultado por AIRE, el secretario de Tecnología de la Gestión, Sergio Bleynat, prefirió no pronunciarse al respecto, por el momento.
Impronta Solutions SA es una firma controlada por Nexfin SA, que proveyó en 2013 al Estado provincial la licencia de software Centro Único de Autorización de Descuentos. El CUAD centraliza el descuento en los sueldos de activos y pasivos de la provincia de las cuotas de servicios comerciales y financieros de mutuales, gremios, bancos y otras entidades, y controla los límites de endeudamiento autorizados. Hasta ese año la administración del sistema era manual por lo que se decidió digitalizarla y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) aceptó financiar el proyecto.
Una inconsistencia del acuerdo es que la empresa reclama servicios no abonados desde 2013, pero pasaron 9 años hasta que inició el reclamo administrativo, el 17 de febrero pasado, y en solo seis meses consiguió el reconocimiento y el millonario acuerdo de pago. A eso se suma que funcionarios de gestiones anteriores consultados por AIRE negaron que Nexfin o Impronta le hayan prestado algún servicio a la provincia en ese lapso (ver más abajo).
El decreto 2146 del 1 de noviembre pasado lleva las firmas del gobernador y los ministros Walter Agosto de Economía y Marcos Corach de Gestión Pública. Autoriza el Acuerdo Transaccional de Reconocimiento de Deuda y Forma de Pago que firmaron la Secretaría de Tecnologías para la Gestión que conduce Sergio Bleynat y la empresa Nexfin representada por Sebastián De la Peña el 9 de septiembre pasado; autoriza el pago de 162.989.338,00 pesos convenido en el Acuerdo; en el artículo tercero le adjudica a Impronta Solutions SA la prestación del servicio de uso y mantenimiento del software del Sistema CUAD, prorrogable por otros seis, o hasta que se haga una nueva licitación. El argumento oficial es que existe un vínculo que “debe ser regularizado”, y, por lo tanto, se accede a reconocerle la deuda y se recurre a una adjudicación directa de emergencia.
El artículo segundo, el que autoriza el pago, especifica que se le reconoce “la prestación del servicio de uso y mantenimiento del software del Sistema CUAD con destino a la Secretaría de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gestión Pública, por el período 17/04/2017 al 31/07/20”.
Según dice el decreto en sus fundamentos, la empresa aduce que la provincia nunca le pagó desde 2013, año en que proveyó el software, pero el Ministerio Coordinador aceptó el reclamo a partir de abril de 2017 porque lo anterior está prescripto.
Al margen de periodos prescriptos o no, el acuerdo que convalida el decreto no hace mención ni se apoya en ningún contrato celebrado desde 2013 a la fecha que acredite que el Estado provincial está en deuda con Nexfin o Impronta. Tampoco alude a certificaciones de prestación de servicios en ese lapso, lo cual es un paso previo indispensable para autorizar cualquier pago en la administración pública. Todo se basa en una narración que los representantes de la empresa hacen a los funcionarios y que éstos aceptan como evidencia de que existe un “vínculo que necesita regularizarse”. Según el decreto observado, en “la Secretaría de tecnologías de la Gestión no obran antecedentes de la vinculación con la empresa”.
En paralelo, el hecho de que un acuerdo de esa naturaleza se haya hecho sin consulta, intervención y respaldo jurídico de la Fiscalía de Estado, y que solo haya pasado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio Coordinador, es otra irregularidad que encendió el alerta en el Tribunal de Cuentas.
La Observación Legal del TC surgió del análisis de la contadora María del Carmen Crescimanno y tuvo el voto unánime del resto de los vocales. Ahora el gobernador puede optar por dos caminos antes de gatillar el dinero: suspender el trámite o insistir en la ejecución. Si optase por esta última vía, los funcionarios firmantes quedan solos asumiendo la responsabilidad ante posibles consecuencias legales.
Para llegar al monto de 162 millones de pesos dice el decreto que se calculó “en base a servicios análogos que se prestan en otras jurisdicciones” que “oscila entre el 65% y el 75% de lo que se recauda en concepto de arancel a los terceros que cuentan con código de descuento adherido al sistema”. Actualmente la provincia cobra a los terceros por administrar el CUAD por cada transacción 0,50% a asociaciones civiles, mutuales, cooperativas, partidos políticos; 1% Sindicatos, Gremios; 1% Nuevo Banco de Santa Fe SA; 3% La Caja de Seguro; 0,50% Colegios y Consejos Profesionales.
El origen
La historia arranca en 2013. En ese entonces la provincia necesitaba desarrollar un software para administrar los códigos de descuento que tienen autorizados algunos gremios, mutuales y entidades que prestan servicios comerciales y financieros a los activos y pasivos del sector público. El proyecto de crear el Centro único de Autorización de Descuentos (CUAC) se presentó al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y éste financió la compra a la empresa Nexfin SA que ya lo había desarrollado en Mendoza. La compra incluyó el derecho de uso, implementación, capacitación de personal y soporte, pero no el código fuente, por lo tanto no estuvo en posibilidad del personal provincial actualizar o modificar el programa todos estos años.
En el reclamo administrativo iniciado en febrero pasado, Nexfin dice que en 2013 otorgó “una licencia de uso del Sistema CUAD, instalado en los servidores y equipos de comunicación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, teniendo la provincia la facultad de uso, más no de modificación alguna, existiendo una mesa de contacto para recepcionar y responder consultas 'simples'“ y que “para todo lo referente a adecuaciones, desarrollos, soporte de segundo nivel, procesos de back-end, informes a pedido del cliente, soporte técnico las 24 horas, etc. es que Impronta Solutions SA efectúa un soporte de desarrollo y técnico mensual ininterrumpido". Más allá de esa descripción oral no hay aporte de documentación sobre trámite iniciado de solicitud, contratación, factura de esos servicios u orden de servicio.
De hecho el decreto observado dice que “el 5 de octubre de 2022 se formalizó una reunión entre el Secretario de Tecnologías para la Gestión y el apoderado de NEXFIN SA, en la que este último referencia los servicios prestados a la Provincia desde 2013, acompañando intercambio de mails como evidencia y en los que se anticipa el reclamo que ahora se tramita”. Es decir, de la letra del decreto se deduce que el intercambio de una serie de mails es el principal respaldo para el reclamo.
AIRE consultó a funcionarios de los dos gobiernos anteriores, desde 2013 a la fecha y en ambos casos coincidieron en que no recordaban que se haya iniciado ningún trámite, ni recibido servicios de Nexfin e Impronta Solutions.
Un alto funcionario del período 2015-2019 que pidió reserva del nombre recordó que “no hubo ningún tipo de vinculación contractual, ni esas empresas nos prestaban servicio de ningún tipo. Si alguna vez hicieron algún reclamo no fue formal y evidentemente la Secretaría de Tecnologías ni siquiera consideró mérito como para habilitar un trámite”. Explicó que “el único” relacionamiento de ese gobierno con Nexfin “fue a fines de 2018 o principios de 2019 porque no teníamos el Código Fuente porque CFI no compró esa parte, la Secretaría de Tecnologías para la Gestión tuvo una serie de encuentros porque el sistema se había vuelto bastante obsoleto, no funcionaba bien porque el sistema de códigos de descuento había crecido. Pero esas reuniones fueron para entender hacia dónde migrar el sistema, si convenía una versión nueva o fortalecer el que ya funcionaba. Pero eso quedó ahí, no se avanzó”, según esta versión.
En el decreto observado se hace referencia a que la Coordinación General de Auditoría — Responsable CUAD informa “que el sistema CUAD comienza a estar operativo en la provincia desde el mes de septiembre de 2013”, que “desconoce la modalidad de vinculación entre la Provincia y Nexfin SA, habiendo sido ese software puesto por las autoridades de ese momento (2013) y que, con posterioridad a su puesta en ejecución, Nexfin SA realizó actualizaciones a partir de situaciones planteadas por coordinación y otras áreas informáticas ya que ningún personal de la provincia tiene acceso a las claves de ingreso al sistema”. Sin embargo, se trata de relatos orales, sin ningún trámite administrativo de respaldo que implique un compromiso de pago por parte del Estado, si se trata de los servicios de soporte que previó el informe del CFI en 2013 como parte de la adquisición de las licencias, o si la actualización que presuntamente hizo Nexfin eran para su propio beneficio tratándose Santa Fe de un “vidriera” importante para colocar el producto con otros clientes.
Autor de la Nota: David Narciso - Aire de Santa Fe
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