Se llevaron a cabo en el marco de varias investigaciones encabezadas por el fiscal Martín Castellano, quien está a cargo de la Sección Criminalidad Económica y Compleja (SECEC) de la Unidad Fiscal Rafaela.

El funcionario del MPA informó que "en estos procedimientos se procedió a la identificación de cinco personas y a la detención de una de ellas vinculadas a los hechos", e indicó que "debido a la restricciones sanitarias en esas provincias, las personas serán imputadas en las próximas semanas de manera remota". Además, precisó que "se secuestraron diversos elementos de interés para las causas, como teléfonos celulares, dinero en efectivo, electrodomésticos, documentación bancaria, entre otros".

Castellano determinó que "las investigaciones se relacionan con las modalidades de estafas telefónicas, donde a las víctimas se les indicaba -mediante llamados telefónicos engañosos realizados desde unidades penitenciarias de las provincias de Jujuy y Córdoba- que habían sido adjudicatarias de distintos premios (por ejemplo, autos o televisores y dinero en efectivo) por ser clientes de empresas de telefonía celular o de servicios". Asimismo, explicó que "para lograr el desprendimiento patrimonial, y recurriendo a diversas instrucciones engañosas, quienes efectuaban los llamados desde las cárceles de San Salvador de Jujuy y Villa María solicitaban a las víctimas que envíen determinadas sumas de dinero que les permitirían luego acceder a los premios". "Las víctimas accedieron a tales maniobras de engaño y transfirieron distintos montos de dinero a través de empresas privadas o de entidades bancarias, que fueron percibidos por personas residentes en Palpalá, San Salvador de Jujuy, Villa María y San Francisco", relató el fiscal. 

El funcionario del MPA especificó que "los allanamientos se solicitaron por un grupo de investigaciones relacionadas entre sí, en las cuales existen varias víctimas por hechos de estafas telefónicas cometidas en los años 2018 y 2019. Las víctimas son personas residentes en Sunchales y Ataliva que han sufrido perjuicios económicos de alrededor de $160.000".

Por último, Castellano destacó la intervención y colaboración en los procedimientos del Departamento Compleja 5 de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Rafaela y personal policial de las provincias de Jujuy y Córdoba. 

Fiscal Martín Castellano