No reciben recursos del Estado Provincial para amortiguar el costo de los servicios sanitarios, y sin embargo - con sus impuestos - contribuyen a que otros sí cuenten con ese subsidio. Esa es la situación de doble discriminación que sufre el 40% de los usuarios del agua potable, en el mapa de la bota: viven en 347 localidades donde se desarrollaron prestadores cooperativos, municipales y comunales, que no son alcanzados por los aportes que del sector público santafesino que llegan a Aguas Santafesinas SA.
Economía 27 de julio de 2020 El Litoral de Santa Fe
El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable, Darío Chiappini, expuso en esos términos la necesidad de que la provincia reforme su sistema de aportes al sector del agua y el saneamiento, de manera de comenzar a colaborar también con los llamados “otros prestadores”, es decir, las cooperativas, los municipios y las comunas.
Un proyecto de ley que ha comenzado a discutirse en la Cámara de Diputados, presentado por Maximiliano Pullaro (UCR) cubre las expectativas de la Fencap, que ha decidido prestarle públicamente su apoyo a esa iniciativa del Frente Progresista, tal como en años y gobiernos anteriores, con otros proyectos que -con el PJ por entonces en la oposición- se impulsaban en la Cámara de Senadores desde el justicialismo.
Para el contador Chiappini, Santa Fe necesita una política de Estado que supere la inequidad que sufre una parte de la provincia, que en los últimos años se ha incrementado.
“El sector cooperativo pide un trato equitativo y que se revierta esta situación que es de muy larga data, vemos que el Estado provincial se hace cargo de un enorme déficit en Aguas Santafesinas SA.
Esa empresa es de todos los santafesinos y todos contribuimos con nuestras contribuciones impositivas a su sostenimiento pero no existe el mismo auxilio económico para con nuestras cooperativas, lo mismo que con los servicios en manos de las administraciones municipales y comunales”, indicó.
El dirigente cooperativista de Armstrong es contador y explicó que hay “una doble imposición” , que es el producto de una “doble discriminación”. Recordó que el surgimiento del sector cooperativo es paralelo a la desprotección del Estado en sus distintos niveles en numerosas poblaciones, a donde no llegó primero Obras Sanitarias de la Nación y luego la Dipos provincial, y que luego en los ‘90 la Ley 11.220 que privatizó el servicio (en tiempos de Aguas Provinciales SA) tampoco contempló políticas para los desde entonces llamados “otros prestadores”. Con la reestatización, en 2006, sucesivos gobiernos apuntalaron a la nueva empresa Assa con aportes desde la Casa Gris “que salen del bolsillo de todos los santafesinos, no solo de los que viven en donde actúa Aguas Santafesinas”, advirtió el titular de la Fencap.
El Litoral preguntó cómo se sostienen las cooperativas de agua, en un contexto de costos cada vez mayores (con muchos insumos, como los químicos, dolarizados) y tarifas congeladas e indicó que los casos más graves son los de las cooperativas que únicamente tienen servicios sanitarios. En el caso de las cooperativas multiservicio se hacen aportes y compensaciones dentro de la misma entidad.
“Lo que nos ocurre con nuestros números es -en otra escala- lo que seguramente sucede con el aumento de los costos que tendrá la empresa Assa, para proveer de agua potable y cloacas en 15 distritos. La diferencia está en que a la empresa del Estado se la auxilia con fondos públicos”, indicó.
Al respecto, cabe recordar que El Litoral ha publicado en ediciones anteriores que para 2011 la totalidad de los santafesinos pagaban un 39% del déficit de Assa. Hoy, en cambio, la Casa Gris cubre hasta el 70% del rojo, según algunos cálculos expuestos por la empresa cuando el gobierno actual decidió no aplicar el aumento previsto por el anterior (y caducó la autorización que había dado el Enress).
Recaudación
“Tenemos una muy buena disposición de los socios cooperativistas que sostienen el servicio, que saben que les pertenece, pero la crisis económica ya hace que la recaudación en muchos casos comience a bajar”, indicó Chiappini.
Coincidió con lo confuso que fue el mensaje que se bajó a los usuarios respecto del no pago en el contexto de pandemia, y reiteró que las facturas deben ser pagadas por los usuarios y que solo en algunos casos muy particulares se justifica el no pago.
Aseguró que en la mayoría de las cooperativas los usuarios se esfuerzan por pagar los servicios. “En promedio diría que hay un 80% de cumplimiento, porque en Santa Fe el asociado es muy conciente, pero hay algunas en las que la caída fue mayor, y la recaudación se ubicó en un 60%”.
Con el Enress e Infraestructura
Miembros de la Comisión Directiva de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable, entre ellos su presidente Darío Chiappini, tienen previsto mantener esta semana una reunión por videoconferencia con autoridades del gobierno provincial y del ente de control del sector.
En diálogo con El Litoral, el contador Chiappini indicó que están previstos contactos por internet con la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe, Silvina Frana y con miembros del directorio del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios, Enress.
En ambos casos, la intención es exponer la situación del sector cooperativo dedicado a la provisión de los servicios sanitarios y el histórico reclamo en favor de un trato más equitativo por parte del Estado provincial, de manera de recibir una ayuda económica para sostener las prestaciones tal como ocurre con Aguas Santafesinas SA.
El titular de la Fencap explicó que no será el primer contacto con las autoridades provinciales -tanto del Ejecutivo como del ente regulador-, ni con las nacionales. “Nos han escuchado y conocen nuestras realidades”, indicó el dirigente cooperativista.
Los ATP, sólo para el 10%
El presidente de la Fencap, Darío Chiappini, reveló que apenas el 10% de las cooperativas de agua potable logró recibir del Estado Nacional los aportes para el pago de salarios del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción. “Se pusieron exigencias como el de la facturación año contra año que fueron imposibles de cumplir, aunque la tarifa está congelada y la recaudación sea aceptable, no alcanza para cubrir los costos dolarizados, como los químicos, o para el mantenimiento de sistemas de ósmosis inversa o de localidades que compran agua potabilizada en bloque a los sistemas de los grandes acueductos”, explicó.
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