“Queda claro que los gobiernos nacional y provincial están encolumnados en el plan para intervenir Vicentin y rescatarla a través de una sociedad mixta con los acreedores nacionales del concurso y otros actores privados que mostraron su interés”. Así lo aseguró el diputado nacional santafesino Luis Contigiani, quien el domingo pasado volvió a conversar con el presidente Alberto Fernández sobre la estrategia para evitar que la empresa que defaulteó u$s 1.400 millones termine en la quiebra y profundice la crisis de productores, acopiadores y cooperativa que quedaron atrapados en la convocatoria.

Como había ocurrido dos semanas antes, el presidente llamó a Contigiani el domingo pasado para intercambiar impresiones en torno de la situación de Vicentin, cuyo extraño default amenaza con llevarse puestos a más de cien acopios y cooperativas en Santa Fe. El ex ministro de Producción es precisamente autor de un proyecto para crear una corporación público y privada, con aporte del Estado y a través de la capitalización de acreencias por parte de bancos nacionales, cooperativas y acopios, que gestione los activos de la cerealera malograda y recupere su actividad.

El asesor presidencial Leandro Santoro volvió a ser el nexo para la comunicación entre Fernández y Contigiani. “Lo que me queda claro de las conversaciones es que la Nación y la provincia están alineadas en el llamado plan Perotti: intervención de Vicentin, sin coadministración con los actuales directivos y creación de una empresa mixta que esté integrado por el Estado y los acreedores para recuperar la confianza y permitir que vuelva a funcionar”, señaló el diputado.

Todo en el marco del concurso preventivo que se sustancia en Reconquista y sin apelar a una expropiación. De hecho, Contigiani y el presidente dialogaron sobre las gestiones que viene realizando el interventor Gabriel Delgado con cooperativas, acopios, productores, e incluso con actores nacionales del negocio agropecuario que se mostraron dispuestos a participar de un conglomerado que esté dispuesto a administrar la firma en forma profesional y sin conflictos políticos. Ese plan, en silencio, avanza. Pero su velocidad está en manos de las decisiones que adopte el juez Fabián Lorenzini, que lleva adelante la convocatoria.

Hasta ahora, el magistrado dispuso una serie de medidas que objetivamente favorecieron la posición de los actuales administradores de Vicentin.

Al mismo tiempo que recortó los poderes de la intervención ordenada por la Nación, repuso a estos directivos. Luego, cuando la provincia insistió con su desplazamiento y el nombramiento de tres interventores con poderes plenos, abrió un incidente conexo al incidente.

Recién la semana pasada, Lorenzini convocó para este miércoles a una audiencia conciliatoria entre la provincia y la empresa para tratar el pedido de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).

Desde la Casa Gris aseguraron sobre el fin de semana que en su presentación durante la audiencia insistirán con la postura inicial.

Contigiani señaló que el presidente opina que a una coadministración con los dueños de Vicentin por la opacidad que envuelve al proceso de default. “Ni siquiera presentaron el último balance de la empresa”, dijo.

El ex ministro de Producción santafesino le expresó su preocupación al presidente porque las dilaciones judiciales juegan en contra de un pronto rescate y de la necesidad de dar una respuesta urgente a “más de un centenar de pequeños acopios y cooperativas que están al límite por el no pago de la deuda que tiene Vicentin”. También advirtió sobre la reaparición de actores que “busquen sumar a acreedores” para una propuesta “distinta a la de rescatar la empresa a través de cooperativas y productores nacionales”.

Aceiteros en el comité de control 

El juez que lleva adelante el concurso de Vicentin, aceptó como miembros del comité provisorio de control a los dos representantes obreros que fueron elegidos por las organizaciones sindicales del sector aceitero.

Las organizaciones gremiales vigilan de cerca el proceso. De hecho, fueron las primeras en reclamar que Vicentin presente el balance 2019. También demandaron una ampliación informativa de la presentación realizada por Vicentin Saic sobre activos y pasivos cuando pidió el concurso el 9 de febrero pasado. Entre otras cosas, piden un informe sobre las monedas en que se pactó la deuda.

El economista Sergio Arelovich, asesor de la federación nacional de trabajadores aceiteros, explicó que "al menos un tercio de la deuda fue tomada en moneda extranjera, aunque no sabemos el resto". Con la devaluación, sólo la traducción a pesos de la porción que se sabe que está en dólares"el patrimonio aducido en la presentación del estado de activos y pasivos ya no existe, es negativo, y muy negativo", dijo. Explicó que, ya si se compara el balance al 31 de octubre de 2018, con lo informado al concurso, "surge una reducción del 90 por ciento ". La evaporación fue en tiempo récord, atento a la información que obtuvieron los aceiteros en los tribunales de Nueva York, donde la firma presentó un balance al 31 de julio de 2019. "A esa fecha dicen que la situación había desmejorado un poco", señaló Arelovich.