El Gobierno Nacional inició una «auditoría» sobre las obras «adjudicadas y paralizadas» durante la gestión de Mauricio Macri, entre ellas el tramo de autopista en ejecución entre Rafaela y Angélica. Además, el ministro Katopodis confirmó que en los próximos meses el Estado «recuperará el control de cinco corredores viales y rutas que estaban privatizados», entre ellos el de la RN 34 y la Autovía 19, cuyos contratos ya se habían cancelado durante el año 2019.
País12 de enero de 2020 Castellanos de Rafaela
El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, adelantó que el Gobierno tomará el control de cinco corredores viales que estaban privatizados, al tiempo que anunció una auditoría sobre las obras «adjudicadas y paralizadas» durante la gestión de Mauricio Macri. Entre los cinco corredores que pasarán a manejo del Estado se encuentra el correspondiente a la RN 34, en el tramo entre Rosario y Santiago del Estero, donde también se realizará una auditoría sobre las obras de la autopista entre Rafaela y Angélica, luego que los trabajos estuvieran paralizados durante más de un año y fueran renegociadas entre el gobierno de Macri y Carreteras Centrales Argentinas, para su reconversión de ruta en autovía primero y en autopista luego.
Se desconoce todavía si este anticipo efectuado por el Mnistro tendrá alguna repercusión en el ritmo de la obra, que desde octubre pasado está nuevamente por debajo del avance febril que registró en los meses previos a las elecciones generales, cuando incluso el propio exministro de Transportes, Guillermo Dietrich, estuvo en la región supervisando los avances y autorizando la apertura de los primeros 5 kilómetros de doble calzada.
«Estamos tomando la decisión de pasar a manos del Estado, en los próximos meses, 5 corredores viales y rutas que están privatizados», adelantó el ex intendente de San Martín. «Estamos convencidos de que el Estado va a poder administrar esos corredores con mucha más eficiencia», dijo Katopodis.
Se trata de la Ruta 34 entre Rosario y Santiago del Estero; la Ruta 9 en Santiago del Estero; la Ruta 8, en Mercedes, San Luis; la Ruta 19, en Santo Tomé; y la Ruta 188, ubicada en la localidad bonaerense de Pergamino.
El Ministro explicó -en declaraciones a Radio Diez y Radio La Red- que esos corredores «hoy están en manos privadas, y en 20 días se operará la primera transferencia de uno de ellos para que vaya a manos del Estado». «Lo vamos a administrar de una forma más eficiente garantizando que las rutas estén en condiciones porque hoy tienen un deterioro estructural», sostuvo.
Las auditorías
Por otro lado, Katopodis indicó que la auditoría que se está realizando investiga «un sistema implementado por el gobierno de Macri que estaba basado en garantizar ganancias extraordinarias a un grupo económico; y buscaba privatizar y desmantelar el Estado».
«Lo que termina ocurriendo es que hay empresas fantasmas que ganan las concesiones y no tienen la capacidad de hacerse cargo de las obras, y venimos sufriendo el deterioro de las rutas en la Argentina porque el gobierno pasado tiene muy poco para mostrar en materia de infraestructura», definió.
En este punto, agregó: «anunciaron 4.000 km de rutas seguras e hicieron 0; dijeron que iban a construir 2.800 km en autopistas e hicieron apenas 365; dinamitaron el Ministerio, no solo lo sacaron del organigrama sino que lo borraron; y el nivel de deuda que dejaron es enorme». «Es cuestión de hablar en cada provincia, y cada gobernador o intendente, para comprobar la parálisis de la obra pública», concluyó Katopodis.
A mediados de setiembre el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, había dispuesto por decreto que el Estado tomara el control de las rutas de los corredores 3, 4, 6, 8 y parte del 2, los cuales pasarían a manos de la empresa Corredores Viales SA, que manejaba el Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional. Entre las medidas adoptadas, se había dispuesto también el cese de la concesión a Carreteras Centrales Argentinas, que hasta ahora tenía la concesión de las rutas nacionales 19 y 34, esta última en el tramo de 384 kilómetros entre la Circunvalación de Rosario y el límite con la provincia de Santiago del Estero.
«Otórgase la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y prestación de servicios al usuario, en el marco del régimen establecido en la Ley N° 17.520, sus modificatorias y reglamentarias, de los Corredores Viales Nacionales (3, 4, 6, 8 y parte del 2), a la empresa Corredores Viales SA», decía el decreto publicado el 24 de setiembre en el Boletín Oficial.
Según ese decreto, las empresas que ya no tienen las mencionadas concesiones, según se detalla en el Boletín Oficial, son Corredor de Integración Pampeana S.A. (Esuco, Decavial), Autovía Buenos Aires, los Andes S.A. (Rovella, Cartellone), Carreteras Centrales de Argentina S. A. (Losi, Pietroboni), Caminos del Paraná S. A. (Helport, JCR) y Corredor Central S.A. (Supercemento, Luciano, Petersen).
Las declaraciones de Katopodis ratifican esa decisión de cancelar la participación de CCA en la administración del corredor vial y ponen una vez más en duda la continuidad de las obras, toda vez que se inicia un proceso de auditoría sobre la renegociación planteada.
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