Ahora piden jury de enjuiciamiento contra el juez que dictó la quiebra de Sancor
La situación de crisis de Sancor sumó un nuevo capítulo: los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bergallo, representantes de más de 1.000 acreedores de la empresa, pidieron la apertura de un jury de enjuiciamiento contra el al juez de Rafaela, Marcelo Gelcich, porque sostienen que existieron numerosas irregularidades en le proceso de quiebra de la cooperativa.
En la denuncia presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, aseguran que se detectaron situaciones de subvaluación de activos de la empresa, falta de transparencia en la gestión de bienes intangibles y la exclusión arbitraria de la sindicatura del expediente digital.
Asimismo, se cuestiona la validez de la declaración de quiebra y el rechazo de un plan de salvataje porque fue presentado "15 minutos después" de la sentencia de quiebra.
Según los abogados, esto representa una manifiesta denegación de Justicia, por lo que exigen la suspensión inmediata del juez y de los plazos procesales para evitar daños irreparables al patrimonio de los acreedores.
La denuncia, que busca la apertura de un jury de enjuiciamiento, detalla una serie de maniobras que van desde la subvaluación discrecional de bienes, hasta el bloqueo informático de una de las sindicaturas en momentos clave del proceso.
Quiebra de Sancor: Las claves de la denuncia contra el juez Gelcich
El escrito presentado ante la Corte plantea, entre otros puntos, lo siguiente:
Un punto central de la denuncia es la “subvaluación arbitraria del patrimonio”. En concreto, acusan que se fijó el valor de SanCor de manera discrecional, sin fundamentos técnicos ni la intervención de peritos tasadores oficiales que valoren los bienes tangibles e intangibles de la empresa. Otros puntos que denunciaron los acreedores son:
x) Exclusión ilegal de la sindicatura: Denuncian que el Síndico Tomat fue desvinculado intempestivamente del expediente digital durante dos semanas. En ese período a oscuras, se tomaron decisiones económicas graves sin control y se impidió el acceso de los denunciantes a las actuaciones.
x)Omisión de empresas vinculadas y sucursales: El juez no incluyó en la valoración de los activos a empresas informáticas prestatarias (que pertenecen mayormente a SanCor) ni transparentó la situación económica de las sucursales de SanCor en Brasil y México.
x)Baja de precio injustificada por siniestro: Tras un incendio en la planta de Sunchales, el magistrado aplicó una rebaja ("retasa") del 20% en el valor de venta sin realizar consultas técnicas, lo que consideran que consolida un "precio vil" de remate.
x) Declaración de quiebra ilegal: El juez decretó la quiebra antes de que se expresara la Asamblea Extraordinaria de la cooperativa. Además, intervino en dicha asamblea designando de forma irregular al abogado de la empresa (no asociado) para presidirla y coaccionar el voto de los presentes.
x) Rechazo arbitrario de un Plan de Salvataje: El juez rechazó de forma fulminante (in limine) un plan de rescate para SanCor con amplio apoyo político e institucional, bajo la "excusa irrisoria" de que fue presentado 15 minutos tarde, violando el principio civil de que los plazos se cuentan en días y no en horas.
x) Silencio sistemático y denegación de justicia: Los denunciantes acusan al juez de ignorar por completo todos sus escritos, apelaciones y recursos de pronto despacho, obligándolos a recurrir en queja ante la Cámara de Apelaciones.
x)Desobediencia a la Cámara: El magistrado ha ignorado incluso las órdenes de la Cámara de Apelaciones, la cual le solicitó las claves del expediente judicial ante el cual el juez se llamó a un "mutismo total"
El plan de salvataje rechazado por "15 minutos"
Otro de los puntos que sostiene el pedido de jury es el rechazo in limine de un Plan de Salvataje de la empresa, propuesto por los acreedores.
Según el escrito presentado ante la Corte, el magistrado descartó la propuesta bajo el argumento de que fue presentada "15 minutos después" de sentenciada la quiebra.
Para los denunciantes, esto representa una "ineptitud" y "voluntad perversa", ya que el Código Civil y Comercial establece que "los plazos sprocesales e cuentan en días y no en horas".
Contravención a la Ley de Cooperativas
La denuncia también hace hincapié en que el juez declaró la quiebra antes de que la Asamblea Extraordinaria de la cooperativa (órgano máximo) se pronunciara al respecto.
Incluso se señala que en dicha asamblea se designó arbitrariamente a un abogado de la empresa -que no era asociado- para dirigirla, violando los estatutos y la Ley 20.337.
Ante lo que consideran una "desidia absoluta" y "denegación de Justicia", los abogados solicitaron a la Corte la suspensión inmediata del juez Gelcich y de todos los plazos procesales para evitar daños patrimoniales irreversibles.
El Bloque Unificado de Acreedores Laborales y Comerciales, denominado Consorcio de Acreedores de Sancor, junto con Productores Tamberos y Asociados de SanCor C.U.L., anunciaron en los últimos días el lanzamiento de una ofensiva legal, institucional y social, destinada a frenar de forma inmediata el proceso de licitación y remate forzoso de las plantas industriales de la emblemática firma láctea.
Los representantes legales informaron el inicio de una serie de medidas drásticas ante la Justicia de Rafaela y el Gobierno provincial, para evitar lo que califican como "la destrucción de la matriz económica regional".
El Consorcio de Acreedores ratificó que la salida "no es el remate a precio vil, sino la puesta en marcha de la propuesta alternativa radicada en la justicia bajo el diseño de SanCor S.A".
Para ello, proponen el siguiente esquema:
- 51% de capital privado: "Apertura a inversores nacionales y extranjeros para inyectar dinero fresco destinado exclusivamente a capital de trabajo y encendido de calderas".
- 49% para la región: "constitución de un Fideicomiso de Recuperación Productiva donde los trabajadores, tamberos y proveedores transforman sus deudas en participación accionaria, garantizando que la empresa quede en manos de quienes la forjaron".