Se espera que, en las próximas horas, ambos sean sentados en el banquillo de los acusados, donde se conocerá el grado de participación que tuvieron en las maniobras investigadas y por la que los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, junto a Mirta Condotto (madre de ambos) se encuentran en prisión preventiva. Cabe aclarar que la última fue beneficiada con el arresto domiciliario por su edad.

Cabe recordar que, en octubre pasado, 8 integrantes de la empresa fueron detenidos y llevados a audiencia. Frente al juez de IPP Gustavo Bumaguin, el Fiscal Loyola había relatado que, hasta ese momento, se habían identificado más de 173 hechos, con 85 denunciantes y pérdidas que superaban el millón y medio de dólares.

Sin embargo, una semana después, ese número había aumentado exponencialmente. Una fuente del MPA había confirmado a Rafaela Noticias que "Desde que se hicieron los procedimientos tenemos decenas de personas que se acercan a la Fiscalía. Ya tenemos más de 200 personas físicas que han formalizado presentaciones. Y hay otras 60 a las que le estamos tomando datos para comenzar a relevar la información, pero como entran permanentemente casos ya podemos decir que hay cerca de 300 personas que se han presentado como damnificados". Al día de hoy, el número volvió a cambiar, sumando cada vez más hechos y víctimas.

Respecto al número de denunciantes, es importante precisar que las personas que se presentan entregaron dinero en varias oportunidades al grupo. Cada "contrato de mutuo dinerario" firmado por los Spaggiari es considerado por la fiscalía como un hecho delictivo, como una estafa. Considerando la proporción que se manejó entre personas denunciantes y hechos investigados, se puede hablar de cerca de un millar de contratos dinerarios, que implicaron entregas de dinero, la gran mayoría en dólares billete, al grupo Spaggiari, que captaba esos dineros prometiendo tasas de interés de entre el 2 y el 3% mensual en dólares, o del 5% mensual en pesos (en los años del 2020 al 2022, cuando las tasas eran muy inferiores a las actuales en el mercado financiero). Si bien el MPA no estimó la cifra actualizada que está en juego, se calcula que ya superan los 5 millones de dólares.

Mientras la Fiscalía considera que el mecanismo es una estafa piramidal similar al denominado sistema Ponzi, para los abogados defensores simplemente se trata de un incumplimiento de contratos: esto quiere decir que se trata de una empresa que siempre tuvo voluntad de cumplir pero que entró en cesación de pagos. Hasta ahora, el juez Bumaguin le dio la razón al fiscal Guillermo Loyola, aunque hay también un costado civil en la causa: muchísimos damnificados recurrieron al fuero civil y comercial y se sabe de por lo menos un inversor que pidió la quieba del grupo. En la argumentación de la acusación es clave un dato: en los allanamientos no se encontraron documentos respaldatorios de las operaciones negociadas con los damnificados.