En la Sala 3 de los Tribunales de Rafaela y con Rafaela Noticias como único medio presente, comenzaron este lunes 22 las audiencias de debate en el marco del juicio oral y público que se le sigue a los policías que se desempeñaban en la Comisaría Nº 3 de la ciudad de Sunchales, acusados por la Fiscalía de “apremios ilegales” contra dos detenidos, en un caso ocurrido en octubre de 2019 y que conmocionó a la opinión pública.

En realidad, el proceso judicial estaba agendado para el lunes de la semana pasada. Pero en ese entonces, un cambio en el enfoque de la acusación y, fundamentalmente, en la calificación legal de los hechos atribuidos (de “torturas” pasó a “apremios ilegales”) hizo que se suspendiera. En la nueva acusación, María Itatí Acevedo, Silvana Sarmiento, Carlos Agustín Manzo, Mauricio Leonardo Ortis y Brian Emanuel González están señalados como coautores del delito de apremios ilegales calificados y la pretensión fiscal es una pena de 4 años. En tanto, a Luciano Martín Gabinetti - quien oficiaba como jefe de la Comisaría 3ª cuando sucedieron los hechos, pero no estaba presente en el lugar -, lo acusó de ser autor de encubrimiento agravado por ser funcionario público. Para éste, la Fiscalía pidió 3 años de prisión.

El reinicio del juicio no fue menos caótico que el anterior encuentro. Es que, a los pocos minutos de comenzado la audiencia, las defensas de los acusados propusieron, por un lado, la suspensión de juicio a prueba y el ofrecimiento de 200.000 pesos como reparación a las víctimas; y por el otro, plantearon la recusación contra el tribunal conformado por los Dres. Bumaguin, Stegmayer y Estévez, a quienes el Dr. Néstor Oroño acusó de estar “contaminados” por las etapas previas del proceso (a consideración del letrado, eso afectaría su imparcialidad a la hora de dictar sentencia). Incluso, disparó también contra la Oficina de Gestión Judicial por considerarla “administrativista” y que sólo le importaba no perder las fechas del juicio”.

Tras casi dos horas de deliberación (para lo que se dictó un cuarto intermedio), los jueces rechazaron esa pretensión, aunque la remitieron a la Cámara de Apelaciones, que deberá expedirse.

Zanjada la controversia inicial, Bumaguin le dio la palabra al Fiscal Juan Manuel Puig para que formule su alegato de apertura, que no escatimó en acusaciones contra los funcionarios policiales que lo miraban desde el banquillo de los acusados, adelantándoles que pedirá penas de 3 y 4 años de cárcel.

Una de las primeras frases fue lapidaria: “El aparato policial estaba empeñado en hacerles la vida imposible”. ¿A quién? A dos hermanos, de largo prontuario, señalados como los autores del robo de la moto de uno de los hoy acusados (La moto nunca se recuperó, pero hoy se ventiló que fue vendida “en la zona de Rosario”, para saldar una deuda por drogas).

Para Puig, esa mañana de octubre, en el interior de la sede policial ubicada en avenida Belgrano al 300, el grupo de policías sometió a las víctimas a una serie de golpes y vejámenes, que dejaron a uno de ellas en el hospital con un corte en el cuello producto de haberla arrojado contra un ventanal. “Se pasaron de rosca y dejaron a un chico en el hospital” les achacó el fiscal en su alocución.

El accionar mafioso de los policías sólo fue posible, dijo Puig, por la etiqueta de enemigos públicos que tienen ambos hermanos y por la predisposición social a la “mano dura” para con los delincuentes.

Antes de cerrar, el acusador sostuvo que la condena que busca lograr debe funcionar como aleccionadora para todo aquel integrante del cuerpo policial que obre mal: “Los policías que abusan de sus funciones van a pagar”, dijo. Y el cierre de su acusación fue mucho más contundente: “democracia, siempre; violencia policial, nunca”.

Para el turno de la exposición de las defensas, todas se centraron en rechazar la acusación de Puig y pedir la absolución de sus clientes, tanto Caula como Sartori y Oroño. Incluso, sostuvieron que todo se trató de una mentira, la cual no iba a poder sostenerse por mucho tiempo una vez que se empiecen a ventilar las inconsistencias en el relato tanto de las víctimas de este caso como de sus familiares. El más contundente fue Oroño, quien no dudó en decir que se trató de un “pase de facturas” de “dos enemigos públicos” a los agentes que tantas veces los detuvieron.

Más allá de las declaraciones de impacto de cada una de las partes, por delante queda un juicio que demandará 10 jornadas de debate en las que se escuchará el testimonio de más de 100 personas. En la agenda original, se espera que el 5 de junio se escuchen los alegatos de clausura y dos días después, el 7 de junio, el tribunal dé su veredicto.