En el ambicioso proyecto de ley "ómnibus" que este miércoles 27 envió el gobierno de Javier Milei al Congreso nacional se incluye una serie de reformas al sistema educativo.

El título VII es el referido a los cambios en Educación. Allí se introduce un examen obligatorio al terminar la escuela secundaria y abre las puertas a que las universidades públicas empiecen a cobrarles a los extranjeros que no residan de forma permanente en la Argentina.

Además, el apartado educativo de la mega ley establece que los docentes deberán revalidar sus conocimientos cada 5 años, según criterios establecidos por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano y el Consejo Federal de Educación.

También incluye cambios en la difusión de resultados de evaluaciones estandarizadas, legitimación del homeschooling a partir de cuarto grado de primaria, incorporación del formato digital de los libros que formen parte de las bibliotecas escolares y que instituciones privadas puedan aportar fondos a las cooperadoras de escuelas estatales.

A su vez, establece la delegación a las provincias sobre la definición de “las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente”, aunque reconoce que seguirá habiendo un “convenio marco” definido por la Secretaría de Educación, el Consejo Federal y las entidades gremiales docentes con representación nacional.

Alumnos y docentes a examen

Entre los cambios más significativos, se modifica el artículo 95 de la Ley de Educación Nacional sobre la evaluación del sistema educativo. “Al finalizar los estudios de educación secundaria el Estado Nacional tomará un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades desarrolladas por los adolescentes que egresan”, define.

Se establece también que “todos los alumnos deberán ser evaluados con periodicidad en términos de matemáticas y lecto-comprensión en adición a otras evaluaciones que determine la autoridad de aplicación”, apunta el texto. De esta manera, se incorpora a la ley la prioridad de enfocar la evaluación en las áreas de matemática y comprensión lectora, algo que ya se venía haciendo en las últimas ediciones de las pruebas

Aprender

Este examen integrador para alumnos que terminan el secundario es una medida que ya implementan otros países como el caso Brasil donde se denominan ENEM, aunque con un formato distinto en el que el puntaje que allí se obtenga es considerado para el ingreso a la universidad estatal.

Asimismo, como instancia de monitoreo de la calidad educativa, se sostendrán los sistemas de evaluación del sistema educativo (como pruebas Aprender, por ejemplo). Y se agrega que los padres y los docentes podrán tener "acceso a la información que les permita tomar decisiones a fin de mejorar la educación de sus hijos y alumnos”.

En el caso de la evaluación a maestros y maestras, se incorpora como una de las condiciones para quienes se incorporen a la docencia, con el objetivo de certificar “las capacidades y conocimientos adquiridos” por los egresados de las carreras de formación.

A tal fin, el artículo Nº 545 de la ley busca incorporar como inciso j y k al artículo 76 de la Ley de Educación Nacional: "Evaluar a los docentes que se incorporan a la docencia mediante un examen que certifique los capacidades y conocimientos adquiridos"; y "revalidar las capacidades y conocimientos de docentes cada 5 años”.

Cambios en la universidad

La sección III de este apartado del proyecto se centra en las universidades de gestión estatal y privadas. Allí se establece la autorización a universidades para arancelar el estudio superior a extranjeros que no tengan residencia permanente. A la vez que garantiza la gratuidad para todos los argentinos y extranjeros que tengan un DNI argentino permanente.

"Las instituciones de educación superior de gestión estatal y las universidades nacionales en ejercicio de su autonomía, podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos" enumerados previamente, se explica en el texto de 664 artículos.

Otro de los cambios será que para ingresar a la universidad pública los aspirantes podrán optar por un examen o un curso de nivelación. También plantea que las instituciones del nivel superior, no podrán “autoevaluarse” cada seis años, como permitía la ley, sino que cada 10 años deberán obtener evaluaciones externas, a cargo de la Coneau o de entidades privadas constituidas para ese fin.

Respecto al financiamiento de las universidades, que compone uno de los gastos más grandes de la cartera nacional, el proyecto plantea que los aportes se distribuirán entre las instituciones en función del número de estudiantes matriculados, el tipo de carrera ofrecida y el total de egresados.

“Los montos correspondientes para cada institución serán determinados anualmente en el presupuesto general de la administración pública nacional”, dice. Y agrega que se establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan determinar el cumplimiento de los objetivos.

A su vez, el proyecto abre la puerta a que las instituciones reciban "fondos complementarios" a los del Estado.

FUENTE: El Litoral de Santa Fe