Según información a la que pudo acceder CASTELLANOS, uno de los allanamientos se dio en barrio 9 de Julio, donde funcionaba el grupo; mientras que otro se desarrolló en barrio Pizzurno, siendo allí la vivienda particular de los acusados. Hasta el momento son 6 los detenidos, y no se descarta que pueda haber un séptimo. Entre ellos, están los titulares del grupo, familiares y empleados.

De la investigación que lleva adelante el fiscal Guillermo Loyola, de Delitos Complejos, solo se pudo conocer que varias personas, tanto de Rafaela y Sunchales como de otras localidades, confiaron cifras de miles de dólares a un grupo inmobiliario local que ofrecía la promesa de importantes rendimientos en calidad de intereses. La falta de cumplimiento de ese compromiso motivó a que se empezaran a presentar poco a poco en el fuero civil. Lo que comenzó siendo una denuncia aislada, terminó teniendo a decenas de denunciantes que solicitaron intervención de la justicia.

Desde finales de 2022, empezaron a verse las dificultades para recibir los intereses de los inversores. Desde el grupo comenzaron a prorrogar el reintegro del dinero, por presuntas dificultades financieras de la propia inmobiliaria. Si bien, les prometían garantías de que su dinero sería reintegrado, los montos eran muy grandes y la devolución era casi una utopía. Hubo inversiones en dólares, cifras millonarias en pesos, y quienes prácticamente pusieron sus ahorros en manos del grupo. Si bien el grupo tendría un importante capital en bienes, como desarrollos de unidades habitacionales, ante un panorama donde las prórrogas se volvían recurrentes, muchos acreedores pedían el retorno de sus inversiones, con el gran inconveniente de que la liquidez para responder a esas solicitudes no estaba disponible.

Por todo ello, y con varios meses de investigación, finalmente este lunes 23 se procedió a los allanamientos y detención de los acusados que serán sometidos a audiencias en las próximas horas. Según informa Rafaela Noticias, "producto de estas medidas son 8 los detenidos, identificados como Matias S; Fernando S; Marcela B; Cristian C; Mirta C; German G; Carolina S; y Gabriel U; acusados de formar parte de una asociación ilícita, los cuales serian trasladados a diferentes penales de la provincia, ya que la Alcaidía local se encuentra colapsada".

De los allanamientos participaron personal de la Agencia de Investigación Criminal y personal policial de la URV.