La Justicia de Estados Unidos revirtió la sentencia que obligaba a Argentina a pagar más de US$ 18 mil millones por la expropiación de YPF.
La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revisó el fallo de primera instancia de la jueza del Distrito Sur, Loretta Preska, quien en 2023 condenó a nuestro país a pagarle a 2 fondos una indemnización de US$ 16.100 millones (que, con intereses, hoy ascendería a US$ 18 mil millones) por considerar que incumplió el contrato de YPF al estatizar la compañía sin ofrecer una compensación a todos los accionistas.
En el fallo (que puede ser apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos), la Cámara de Apelaciones aseguró que Preska interpretó erróneamente la ley argentina, por lo que anuló la sentencia que obligaba a nuestro país a pagar la indemnización y le pidió a la magistrada que revise sus conclusiones.
El tribunal identificó 2 razones principales para revocar la condena. Por un lado, indicó que, bajo la ley argentina, el estatuto de una empresa (en este caso, YPF) no constituye un contrato que genere una responsabilidad por daños en caso de incumplimiento, por lo que al Estado no le corresponde el pago de una indemnización.
Esto era uno de los puntos principales del reclamo judicial contra nuestro país: los demandantes aseguraban que el Gobierno había incumplido una cláusula que obligaba a quien comprara más del 15% de las acciones de la compañía a hacer una oferta similar al resto de los accionistas.
En segundo lugar, el tribunal consideró que la ley argentina de expropiación tiene prioridad sobre el estatuto de la empresa. Por lo que, aún si el estatuto hubiera generado una obligación contra el país, este no tendría efecto debido a que la ley de expropiaciones tiene mayor estatus jurídico.
Por otro lado, el fallo mantuvo 2 decisiones tomadas por Preska en primera instancia: ratificó a Nueva York como el foro apropiado para dirimir el caso (Argentina había reclamado que el tema debía tratarse en la justicia local) y confirmó que la empresa queda eximida de responsabilidad en la demanda (la jueza había apuntado directamente contra el Estado).
El fallo de la cámara de apelaciones fue dividido: el juez José Cabranes votó en disidencia y propuso mantener la condena contra nuestro país.
Con todo, ahora la causa vuelve a manos de Loretta Preska, quien deberá revisar su fallo bajo los parámetros establecidos por el tribunal de alzada. Durante este trámite, los demandantes podrían apelar la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El fallo reconoció que Argentina violó el estatuto de YPF al no ofrecer a los accionistas minoritarios comprarles su parte de la compañía, y señaló que esto “puso en duda la seguridad de la inversión extranjera en el país”. Sin embargo, los jueces entendieron que en la legislación de nuestro país esto no contempla el derecho a exigir una indemnización.
La Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, aseguró en declaraciones a Radio El Observador que “las chances de que la cámara revoque un fallo de primera instancia en Estados Unidos es aproximadamente del 15%. De los distintos escenarios posibles, este es el mejor y más soñado para Argentina, porque no se redujo la sentencia, sino que se revocó por completo”.
Por su parte, Sebastián Soler, Subprocurador del Tesoro de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos) dijo a Radio Con Vos que la expropiación “se hizo correctamente de acuerdo a nuestras leyes y no había ninguna obligación bajo la ley argentina de ofrecer comprar las acciones de los accionistas minoritarios”.
La demanda por la expropiación de YPF se inició en abril de 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), por parte del fondo Burford Capital, que adquirió el proceso de quiebra de 2 empresas del Grupo Petersen (de la familia Eskenazi), que habían comprado a Repsol el 25% de las acciones de YPF a través de préstamos de bancos internacionales.
El pago de los créditos se vio interrumpido con la estatización del 51% de las acciones de YPF. A partir de entonces, la administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra de las empresas de los Eskenazi, que no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros.
En este escenario, Burford compró los derechos de la quiebra y demandó al país al sostener que, según el Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas.
En marzo de 2023, la jueza Preska falló a favor de los demandantes, y el 15 de septiembre de ese año condenó al Gobierno al pago de US$ 16,1 mil millones por la estatización de YPF: US$ 14,4 mil millones correspondientes al Grupo Petersen y US$ 1,7 mil millones a Eton Park.
Tras conocerse el fallo a favor de Argentina, el presidente Milei publicó en X una foto junto a funcionarios y el presidente de YPF, Horacio Marín, y aseguró: “Es historico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional”.
La Oficina del Presidente señaló en un comunicado que “este resultado es consecuencia del trabajo riguroso, profesional y comprometido del equipo jurídico del Estado”. Además, apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, de quien sostuvo que su participación en la expropiación de YPF “expuso al país a una contingencia judicial de una magnitud extraordinaria”.
Kicillof, por su parte, aseguró que el fallo a favor de Argentina “deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos”.
