A partir de abril, el gobierno nacional avanzará con el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo y reemplazará la asistencia de $78 mil mensuales por un sistema de vouchers de capacitación laboral destinado a un universo cercano a las 900 mil personas.
La medida fue informada este martes por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y se inscribe en una hoja de ruta que la gestión libertaria ya había definido desde el comienzo de la gestión: desarmar la lógica de intermediación, revisar programas y condicionar la ayuda estatal a resultados verificables.
La decisión, además del cambio metodológico, implica una definición política de la administración libertaria, que da por terminada la transición dispuesta para sostener el esquema heredado y apuesta a reemplazar la transferencia directa por una herramienta atada a formación profesional. "No es ajuste, es eficiencia", había adelantado Pettovello semanas atrás.
El punto final que ahora se oficializa tiene una historia previa. El Potenciar Trabajo había sido lanzado en marzo de 2020, en el gobierno de Alberto Fernández, en respuesta a la pandemia y la crisis económica del gobierno anterior unificando planes previos, para promover la inserción laboral formal, la capacitación y una mejora en los ingresos de trabajadores en situación de vulnerabilidad. En su origen, pagaba la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Con el cambio de gobierno, ese esquema empezó a ser desmontado. En 2024 nació Volver al Trabajo como reemplazo del Potenciar, bajo la premisa de corregir deficiencias estructurales, mejorar la transparencia y quitarle a las organizaciones sociales el control de los planes. La apuesta era que la relación entre el Estado y el beneficiario dejara de pasar por gestores o intermediarios.
Ahora, el programa transitorio dejará de abonarse y será sustituido por un nuevo sistema de vouchers de capacitación para luego dar paso a la inserción laboral. En los hechos, el Gobierno da por terminada la última versión de una política de asistencia social que duró más de seis años y había llegado a reunir más de 1,3 millones de beneficiarios, al calor del deterioro económico y del crecimiento de los movimientos sociales implicados en su administración.
El cambio será concreto. Volver al Trabajo se pagará por última vez y, desde entonces, quienes integraban ese universo podrán optar por inscribirse en el nuevo sistema de formación. Los beneficiarios ya comenzaron a recibir notificaciones por la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les informa que el plan finaliza y que, de ahora en más, podrán anotarse en el nuevo esquema.
El segmento alcanzado ronda las 900 mil personas según la información suministrada por el gobierno, se trata del tramo del programa que funcionaba como transición hacia el empleo y en el que la mayoría de las inscriptas eran mujeres. En paralelo, quedará afuera de esta baja otro grupo estimado en unas 300 mil personas, encuadradas en un esquema de asistencia más permanente y orientado a quienes tienen mayores dificultades para insertarse laboralmente.
La reconversión, por lo tanto, no será homogénea para todo el universo que alguna vez estuvo dentro del Potenciar Trabajo. El Gobierno volvió a segmentar a sus beneficiarios. Un grupo sale del esquema de transferencia mensual y pasa a uno condicionado por capacitación. Otro permanece, por el momento, en la red asistencial.
Pettovello había anticipado semanas atrás el encuadre con el que el oficialismo presenta el rediseño de la asistencia estatal. En un video difundido el pasado viernes 6 de marzo por redes sociales, sostuvo que “técnicamente, los planes sociales no existen”, sostuvo, dando pie a la diferenciación entre prestaciones de la seguridad social y programas sociales.
De un lado, ubicó a la AUH, las jubilaciones y las pensiones como “derechos establecidos por ley”, que no dependen de cupos, intermediarios ni discrecionalidad. Del otro, a los programas sociales, definidos como herramientas focalizadas, con objetivos concretos, reglas de acceso, condicionalidades y evaluación de resultados. “Si no funcionan, se modifican o se cierran”, dijo. Ahí, sin vueltas, quedó enunciado el principio que ahora se aplica sobre Volver al Trabajo.
Pettovello insistió además en que la gestión no redujo personas asistidas, sino que ordenó estructuras. Dijo que al asumir encontraron 125 programas sociales, “muchos superpuestos, duplicados, sin evaluación y con intermediación en la asignación de recursos”, que fueron unificados en 49 con “reglas claras y trazabilidad”. Y resumió esa política en que "eso no es ajuste, es eficiencia”, cerró.
En la práctica del Volver al Trabajo, el Estado dejará ahora de otorgar una transferencia mensual generalizada para pasar a un esquema ligado a la formación. Los vouchers serán asignados directamente a los beneficiarios, que primero deberán inscribirse y manifestar su voluntad de participar. Recién entonces podrán elegir cursos dentro de una red de centros de capacitación que está en proceso de formación en todo el país.
Según la información difundida por el Ministerio de Capital Humano durante las últimas semanas, se viene montando una red federal de instituciones con propuestas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia. En ese armado, el Estado aporta la infraestructura y las empresas privadas se encargan de los contenidos, de los capacitadores y de los materiales. La idea oficial es que el regreso al empleo se produzca a partir de capacitaciones en oficios, certificaciones del gobierno y convenios con firmas privadas.
También cambiarán las condiciones de permanencia. Quienes accedan al nuevo sistema deberán cumplir con requisitos de asistencia y continuidad en los cursos. Si abandonan, perderían el beneficio sin poder volver a ingresar. El mensaje de la administración libertaria es que el gasto público debe estar asociado a resultados concretos en términos de formación.
Uno de los ejes más insistidos por el Gobierno desde el inicio de la gestión es la eliminación de la intermediación de las organizaciones sociales en la política asistencial. La reconversión de Volver al Trabajo refuerza esa línea. El vínculo será directo entre beneficiario y Estado, sin gestores, sin mediadores, sin la estructura política que durante años funcionó como articuladora del acceso al plan.
Por el momento, el monto de los vouchers no fue informado, y podría depender tanto del número de inscriptos como del costo de las capacitaciones disponibles. Es decir, si bien fue anunciado, el nuevo esquema tiene todavía algunos cabos sueltos.
Dentro del propio Gobierno reconocen que no todos los actuales titulares de Volver al Trabajo se inscribirán en el nuevo sistema. Esa admisión también dice bastante. Se espera que una parte de los beneficiarios opte por capacitarse, mientras otro segmento no lo haga, ya sea por desinterés o porque actualmente realiza tareas en la informalidad ya que el plan de $78 mil no alcanzaba como ingreso suficiente.
Bajo esa lectura, la reconversión no retiraría personas del mercado de trabajo sino que modificaría la forma en que el Estado interviene sobre ese universo. En línea con el rediseño de la política social del gobierno de Javier Milei se destaca que se fortalecieron la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, mejorando la cobertura de básica alimentaria y permitió amortiguar los meses más duros del ajuste, aunque también dejó abierto un problema de incentivos para la formalización laboral en los segmentos de menor calificación. De ahí el mensaje de Pettovello sobre la diferenciación entre la “seguridad social” de los “programas sociales”.
FUENTE: El Litoral de Santa Fe
