
Luis Caputo confirmó una reducción permanente en los derechos de exportación para soja, trigo, maíz y otros productos del campo. La medida busca aliviar la carga fiscal y mejorar la competitividad del sector.


La firma que tiene plantas en Clason, Lehmann y Suardi, inició el proceso preventivo de crisis y este viernes habrá una audiencia clave. Empleados reclaman salarios adeudados y denuncian que las plantas fueron vaciadas
Economía16 de julio de 2025 El Eco de Sunchales
El conflicto en la empresa láctea Verónica, con casi 700 trabajadores y tres plantas en la región, se agravó en los últimos días y la firma inició un proceso preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación que propone despidos y reducción de salarios.
Rodolfo Rodríguez, delegado de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), afirmó a Rosario3 que la tregua que dieron los empleados al sostener la producción pese a las deudas no dio los resultados que esperaban.
"Estamos de mal en peor. El viernes llegó la notificación a la seccional del gremio del pedido del proceso preventivo de crisis de parte de Verónica”, explicó.
El planteo de la firma implica una reducción del personal al 30% que sería con una indemnización al 50% y el pago de ese monto ya ajustado en cuotas. Otro punto es hacer caer el convenio colectivo de trabajo de Atilra, lo que en la práctica se traduce en llevar a casi mitad el salario actual en las plantas. El proceso incluye suspensiones aleatorias de acuerdo a la necesidad productiva de la empresa.
Con ese panorama sombrío fueron citadas las autoridades del gremio por parte de la Secretaría de Trabajo a una audiencia que será vía zoom. Verónica adeuda el 20% de los sueldos de mayo, la totalidad del salario de junio y el aguinaldo, además de los aportes retenidos que no pagó.
“La empresa está parada a cero, ya no hay leche, no hay proveedores, ni insumos, no hay nada, solo los trabajadores que vamos a cumplir horarios”, agregó uno de los delegados de la planta de Clason/Totoras, 80 kilómetros al norte de Rosario.
En simultáneo a este escenario laboral, la firma mantiene una deuda con proveedores que la sitúa al borde de la quiebra.
En concreto, y según pudo comprobar iProfesional, la compañía acumula 1.676 cheques rechazados por falta de fondos sólo en lo que va del año. Y, por efecto de esa misma emisión de papeles sin respaldo, la compañía debe más de 5.420 millones de pesos.
Según pudo chequear este medio en la base de deudores del Banco Central (BCRA), la firma sólo ha cubierto hasta el momento poco más del 9% de los cheques que emitió este año.
De un total de 1.829 cheques girados durante 2025, la empresa en cuestión abonó apenas 153.
Los bancos Nación, Macro y BBVA, así como cooperativas de servicios y otras entidades que otorgan créditos se encuentran a la cabeza de las compañías más afectadas por la falta de pagos de Lácteos Verónica.
El conflicto empezó en abril con los primeros incumplimientos de la empresa y en mayo el sindicato advirtió por el riesgo de continuidad de una marca tradicional con unos 680 empleados.
La crisis llegó a la Cámara de Diputados de Santa Fe y la comisión de Asuntos Laborales se reunió para tratar el tema. El diputado provincial Joaquín Blanco dijo que la “situación es gravísima, de total incertidumbre laboral, y abandono de la gerencia”.
El socialista pidió en aquella reunión de hace dos semanas que la firma láctea no se desguace y que la Justicia no deje caer a Verónica.
Su par, el diputado Carlos Del Frade, se pronunció en la Cámara y compartió un presunto desvío de fondos y de especulación detrás de la caída de la producción. Ahora, el legislador reclamó: “Les comunicarán por zoom que serán despedidos. Una brutal crueldad que no debe ser permitida”.
“Convocan a los trabajadores por zoom al anuncio que les harán desde la Secretaría de Trabajo de la Nación que dejarán 200 familias santafesinas en la calle. Es una obscenidad, una falta de respeto total”, agregó.



Luis Caputo confirmó una reducción permanente en los derechos de exportación para soja, trigo, maíz y otros productos del campo. La medida busca aliviar la carga fiscal y mejorar la competitividad del sector.

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