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La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera denunció a la empresa por negarse a cancelar sus deudas salariales luego de un fallo de la Justicia Federal que ordenó un embargo de 83 millones de pesos contra la firma.
Economía06 de diciembre de 2024 La Voz del InteriorLa empresa Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (Arsa), con plantas en Córdoba y Buenos Aires, sumó un nuevo conflictos a los que ya venía sufriendo este año.
Esta vez, fue denunciada por la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATilra) por negarse a cancelar sus deudas salariales luego de un fallo de la Justicia Federal que ordenó un embargo de 83 millones de pesos contra la firma.
A lo largo de este año fue noticia por parálisis e incumplimiento de pagos y porque les propuso a los trabajadores reducir un 50% la jornada laboral.
Además, según sostienen empleados, se les deben 7 meses de salarios.
El lunes que viene habrá una audiencia entre el gremio y la empresa. Ese mismo día los trabajadores se reunirán en la puerta de la planta de Montecristo.
Esta vez, el gremio denunció que el directorio de la compañía “se niega a cancelar sus deudas.
ARSA, a través de un ‘comunicado’ sin firma, considera que el juez actuó de manera ‘intempestiva, irresponsable e injustificada’, al ordenarles que paguen lo que deben”, según señaló. Señalaron en un comunicado interno que de abonar las deudas se pondrían en riesgo las fuentes de trabajo, por lo que el reclamo del gremio, en realidad, “desprotege” a los trabajadores.
En ese comunicado la firma considera que el juez actuó de manera “intempestiva, irresponsable e injustificada”.
“Esta medida judicial pone en riesgo directo las posibilidades de la empresa de cumplir con los pagos de los salarios de los más de 200 trabajadores, que actualmente presentan funciones en la planta de la compañía. Dicha acción ocurre llamativamente luego de que la empresa anunciara una mejora en las condiciones de las remuneraciones semanales para estos colaboradores”, sostiene el texto de la empresa.
“Si bien en el día de la fecha [por este lunes] se ha podido efectuar el pago semanal acordado, no podemos garantizar el cumplimiento de los pagos de las próximas semanas en este contexto, generado irresponsablemente por Atilra, que mientras dice ‘priorizar el trabajo de la gente’ toma decisiones que atentan directamente contra las fuentes laborales, poniendo en grave riesgo a los trabajadores, tanto aquellos en funciones como a quienes se buscaba reincorporar con la implementación de un plan de alternancia laboral acorde para garantizar el empleo y la recuperación productiva y comercial de la compañía”, cierra.
Desde Atilra, en tanto, sostienen que les preocupa “el accionar cuasi delictivo de los responsables de la empresa dado que, a la violación permanente a la Ley de Contrato de Trabajo, el Convenio Colectivo, y la evasión fiscal que implica el desvío de fondos correspondientes al sistema de la Seguridad Social, agrega ahora Arsa una nueva perlita: en el domicilio real que denuncian ante la justicia, responden ocupantes que desconocen a la empresa”, lo que llama “Directorio Fantasma”.
Desde Atilra sostienen que la empresa adeuda los aportes gremiales, las jubilaciones, las retenciones a la seguridad social y los aportes gremiales. Tampoco los aportes a la mutual.
Arsa, que hasta 2016 fue parte de la cooperativa Sancor, está en concurso preventivo desde marzo.
Como parte de su reestructuración, Sancor acordó en 2016 la venta a Vicentin Family Group (otra unidad de negocios independiente de la agroexportadora también concursada), a cambio de U$S 100 millones, de las líneas de yogures, flanes y postres que la cooperativa elaboraba en las plantas ubicadas en Córdoba y en Arenaza. La cesión derivó en el nacimiento de Arsa, que produce y comercializa con la marca Sancor.
Arsa – ahora gerenciada por la empresa venezonala Maralac – había solicitado el 21 de diciembre de 2023 su concurso preventivo de acreedores, un trámite que fue convalido con la apertura concursal el 1° de marzo de 2024.
Según la empresa, el procedimiento ante la Justicia fue solicitado como consecuencia de los problemas financieros que la compañía atravesaba por el contexto macroeconómico, lo que le generó en ese momento aumento de los costos operativos en contraposición a una fuerte caída de ventas
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