La Legislatura provincial convirtió en ley un proyecto que tiene por objetivo la defensa de las personas consumidoras y usuarias a los fines de implementar de manera efectiva los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en los que Argentina sea parte, el Código Civil y Comercial de la Nación, la ley nacional 24.240, y toda otra normativa aplicable a las relaciones de consumo.

La iniciativa fue impulsada por los diputados del Bloque Igualdad, Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, y entre sus principales objetivos de destaca el hecho de fortalecer y garantizar la efectiva implementación de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Es más, se remarca que en este cometido debe ser objeto de especial atención la situación de las personas consumidoras de mayor vulnerabilidad.

También se busca fomentar la creación y actuación de asociaciones de personas consumidoras y usuarias; y establecer y promover procedimientos administrativos ágiles, expeditivos y principios procesales adecuados para la efectiva defensa y protección de los derechos e intereses de personas consumidoras y usuarias.

Cabe destacar que esta iniciativa fue presentada por primera en vez en noviembre de 2016, y al haber caducado por falta de tratamiento parlamentario en las comisiones a las que fue girado, fue nuevamente reingresado el 8 de mayo de 2018; en esta ocasión fue dictaminado favorablemente en las comisiones de Derechos y Garantías y Asuntos Comunales, sin lograr tratamiento en sesión.

En 2020 fue reingresado por tercera vez, ocasión en la cual obtuvo media sanción. Sin embargo, perdió estado parlamentario mientras esperaba su tratamiento en el Senado.

En tal sentido, Giustiniani señaló que “la provincia no cuenta con una ley de defensa de consumidores y usuarios que garantice un procedimiento administrativo y judicial en sintonía con las disposiciones de la Constitución Nacional y la ley 24.240, sancionada hace más de 26 años. Por estos motivos, luego de que haya perdido estado parlamentario por segunda vez, insistimos en su presentación y posterior tratamiento”. 

Por su parte, la diputada Donnet sostuvo que “el proyecto se ampara en cuatro principios. En primer lugar, reconoce los principios tradicionales del derecho del consumidor: el principio de protección, que consiste en que el Estado debe desarrollar una política, regulación e institucionalidad que permita mejorar en la mayor medida posible la posición de vulnerabilidad del ciudadano en la relación de consumo, y el principio de libertad de elección, que garantiza la reflexión del consumidor y la opción racional; pero incorpora, también, el principio de dignidad, que armoniza el derecho del consumidor con los tratados de derechos humanos, y el principio de consumo sustentable, que lo articula con el derecho ambiental y la protección del ambiente y la salud de las personas”.

Asimismo, Giustiniani agregó que “enumera los derechos de los consumidores y usuarios en sintonía con lo establecido en la Constitución Nacional y la Ley Nº 24.240. Entre ellos, el derecho a la protección, al acceso al consumo, a la salud, a la educación, al resarcimiento por daño, a la organización, a la participación, a ser oído, al trato digno, equitativo y no discriminatorio, a la información, a la libre elección, a la seguridad y a la privacidad”.El proyecto regula además las asociaciones de consumidores y usuarios en relación a los trámites para su autorización, funciones y legitimación para accionar judicialmente, con el objetivo de fomentar la organización de los consumidores y usuarios y hacer efectivo el derecho de participación.

Con este fin, crea el Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios.