
Así lo anunció el gremio de los docentes de establecimientos educativos públicos santafesinos en un comunicado donde considera que el incremento es "otro golpe al bolsillo en plena crisis".
La empresa Litoral Gas solicitó un aumento de 54% de sus tarifas a partir del primero de abril durante la audiencia pública realizada ayer en la Ciudad de Buenos Aires en la que participaron las compañías distribuidoras que operan en la región metropolitana y en otras zonas del país.
Provincia23 de febrero de 2018 La OpinionEn el amplio Centro Metropolitano de Diseño, en el barrio porteño de Barracas, Carlos Luft, directivo de la empresa Litoral Gas que opera la red de gas natural en Rafaela entre otras localidades, reclamó un incremento total de 54%, que en la factura promedio actual del usuario residencial implicará que la boleta pase de $ 471 a $ 724. En el caso de los usuarios industriales, el ejecutivo sostuvo que la propuesta es un incremento total de 55%, del cual el ajuste de distribución es del 38%". Al respecto, explicó que "del ajuste propuesto, el aumento que corresponde a la distribuidora es del 38%, mientras que el resto son incrementos vinculados al precio del gas en boca de pozo, el transporte y los impuestos".
Por otra parte, Luft anticipó que la empresa "invertirá este año 405 millones de pesos en obras para mejorar y ampliar el servicio".
La empresa cubre 209 localidades de la provincia de Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires, con un área de influencia de 2,3 millones de habitantes que cuentan con el servicio de gas por redes.
Al inicio de la audiencia, el titular del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Mauricio Roitman, explicó que "el mercado de gas aún requiere de un ordenamiento y de pautas orientadoras". Consideró que "las manifestaciones realizadas en la audiencia deben ser consideradas, estableciéndose la obligación de la autoridad de fundamentar adecuadamente en la decisión final cuáles argumentos han sido receptados y cuáles desestimados".
La red de gas natural en Rafaela abarca el 47,7% de los hogares según se desprende del último Relevamiento Socioeconómico realizado por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), en tanto que apenas el 23 por ciento de las 500 empresas industriales dispone del servicio, de acuerdo al Censo Industrial 2012.
El gasoducto que llega a Rafaela está al límite de su capacidad de distribución. En este escenario, tras gestiones de los gobiernos e instituciones locales hace tres años comenzó a tomar forma el proyecto para construir un nuevo acueducto desde Recreo que también beneficie a otras localidades de la región, como Esperanza, Lehmann y Sunchales. En este sentido, se esperaba el inicio de las obras para el último trimestre del año pasado pero hasta ahora la obra aún se encuentra en un período de dulce espera.
Los planes de construcción del gasoducto regional (o industrial) van acompañados de la extensión de la red domiciliaria de distribución de gas natural en Rafaela, un proyecto desarrollado en forma conjunta por el Municipio y la empresa Litoral Gas pero que aún no está finalizado.
EL PLANTEO DE LA DEFENSORIA
Al participar a través de teleconferencia en la audiencia pública convocada por el Ente Regulador del Gas (Enargas), el defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, solicitó que “no se considere la propuesta tarifaria de Litoral Gas en la forma solicitada por la empresa”, ya que esta no considera la situación socioeconómica de los usuarios y la evolución de salarios y de la economía en general.
Además, reiteró la falta de obras de importancia para la operatividad del sistema y pidió tarifas especiales para las subdistribuidoras provinciales de carácter público, y una definición del gas en garrafa como servicio esencial. Y también propuso como alternativa “que se valore aplicar en el tarifario el llamado amesetamiento en las facturas, es decir que bimestralmente se pague el promedio del gas consumido en el año para amortiguar el consumo de invierno, sin costos administrativos a los usuarios”.
Lamberto comenzó destacando que la Defensoría del Pueblo también participó este miércoles en la audiencia pública celebrada en San Miguel de Tucumán para tratar incrementos tarifarios para el transporte de gas. Allí dejó sentado “que el transporte de gas natural debe ser considerado una auténtica política de Estado, que no puede ser exclusivamente financiado por los usuarios a través de la tarifa”.
Al referirse puntualmente al aumento solicitado por Litoral Gas en concepto de distribución explicó que la empresa, en base a un mecanismo no automático de adecuación semestral según el índice de Precios Internos al por Mayor (Ipim) publicados por INDEC, pidió una actualización del 7,62 por ciento sobre la totalidad del aumento aprobado por la Revisión Tarifaria Integral (RTI), ya que en este período se aplica el tercer y último tramo del mismo.
“En este caso la fórmula de la distribuidora sólo contempla la variación de precios mayoristas, lo que no se condice con lo resuelto oportunamente por el propio Enargas. Deben tenerse en cuenta, para cualquier actualización tarifaria, la realidad socioeconómica de los usuarios, la evolución de salarios y de la economía en general. Una vez más reiteramos que el costo de los servicios públicos y demás gastos deben ser afrontados por una única persona, el usuario”, reiteró Lamberto durante su exposición.
Lamberto también resaltó que para la provincia de Santa Fe “no estando previstas obras de expansión de relevancia en el plan de obras obligatorias de la licenciataria, por lo que la propia provincia, con fondos provinciales, resolvió llevar a delante un gasoducto en la colectora de la ruta 1 para llevar suministro a Colastiné y Rincón, para luego explotarlo por Enerfe como subdistribuidora”.
El defensor santafesino añadió que esta obra no fue considerada por Litoral Gas ni como obra complementaria ni obligatoria y solicitó al Enargas que autorice la construcción. En ese contexto, insistió con la necesidad de que “consideren tarifas especiales para las subdistribuidoras provinciales de carácter público, sin costos adicionales para el usuario”.
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