Pedido de emergencia económica: Los concejales libertarios solicitan reducción de los salarios de los funcionarios del Ejecutivo pero no tocan sus dietas
Mientras la Legislatura santafesina aprueba por unanimidad una ley que declara la Emergencia Hídrica en todo el territorio provincial, ante las condiciones climáticas previstas por el fenómeno de “El Niño”, que le permitirá al Ejecutivo provincial contar con recursos que le posibiliten poner en marcha rápidamente, ya sea de manera directa o en el territorio, a través de los Municipios, trabajos como alteos de rutas, limpieza de canales o mejoras en caminos rurales; en Sunchales, los legisladores de La Libertad Avanza proponen declarar la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa de la Municipalidad por 180 días, quitándole margen de acción al gobierno del intendente Pablo Pinotti.
Hay que recordar que hace algunos días atrás, argumentando la protección de la capacidad contributiva del sunchalense (una valoración subjetiva sin sustento estadístico), con la complicidad del Justicialismo, le otorgaron el 40% de lo solicitado por el Ejecutivo en la readecuación de la tasa municipal. Eso si, están presentes en cada reclamo de obra o acción de mantenimiento que no se concreta. Da la sensación que para la oposición, los recursos parecen no estar emparentados con los gastos que ocasionan los servicios públicos.
En la sesión desarrollada el 6 de agosto, el edil Sebastián Nicolau fundamentó la presentación del proyecto: "La presente declaración de emergencia económica y financiera encuentra sustento en la necesidad de preservar la continuidad de los servicios públicos esenciales, garantizar el cumplimiento de las obligaciones prioritarias del Estado municipal y restablecer el equilibrio de las cuentas públicas frente a una situación excepcional que exige la adopción de medidas extraordinarias, temporales y proporcionales".
En el proyecto libertario se plantea una emergencia municipal con fuerte eje en la reducción y control del gasto político y administrativo. Las medidas más significativas son la reducción del 20% de los salarios de Intendente y funcionarios políticos, la suspensión de determinados gastos y beneficios, la prohibición de incrementar la planta de personal, la revisión de contratos y la creación de un Fondo de Emergencia.
Curiosa manera de observar la realidad que tienen los ediles Laura Balduino y Sebastián Nicolau. Proponen un fuerte ajuste en el gasto político pero no se incluyen en el mismo. ¿Coincidirá con esa mirada la ciudadanía que no tiene precisamente una imagen positiva del Concejo Municipal y la labor de los legisladores locales? Más allá del volumen monetario que podrían aportar al Fondo de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa que crea su propia iniciativa, sería un extraordinario gesto para demostrar que son parte del problema si realmente afrontamos un escenario tan apocalíptico como lo plantean.
El proyecto de Balduino y Nicolau no propone una emergencia para otorgarle al Ejecutivo facultades amplias e irrestrictas, sino que establece medidas concretas de ajuste y un sistema de controles periódicos. Incluso las excepciones a las restricciones deberían ser justificadas mediante actos administrativos y publicadas en la web oficial.
El nivel de ajuste y control llega a niveles de avasallamiento vergonzosos para el Departamento Ejecutivo, y en caso de ser aprobado utilizando nuevamente el doble voto que posee el presidente Fernando Cattaneo, materializaría un sueño húmedo que tiene la LLA vernácula desde que asumió Pinotti: cogobernar, o sea poder inmiscuirse en la gestión y ponerle limites al Intendente que excedan los del ámbito Legislativo.
Por ejemplo, en al artículo 5º, se suspende durante la vigencia de la emergencia el otorgamiento a funcionarios políticos de gastos de representación, adicionales accesorios no vinculados con la remuneración básica del cargo, gastos protocolares, líneas de telefonía móvil institucional de uso personal y combustible destinado a movilidad particular.
Suena extraño. Se le exige a los funcionarios que gestionen y es de público conocimiento que en nuestra Provincia, Dios atiende en la ciudad de Santa Fe. Limitar el uso del smartphone, una herramienta indispensable para trabajar, o recortar erogaciones superfluas originadas por un tentempié solo atenta con esa labor. ¿Pretendemos que se reúnan con ministros y secretarios pero que se lo paguen de su bolsillo? El nivel de amateurismo político y de mezquindad de los libertarios exaspera y genera preocupación porque sus acciones tienen implicancia en el destino de Sunchales.
Pero aún es más grotesco el párrafo que contempla la autorización de estos gastos "extraordinarios". Si algún funcionario se atreviera a utilizar el celular institucional, pedir viáticos o presupuesto para combustible, deberá alegar que "son indispensables para una función institucional impostergable o para la prestación de servicios esenciales. La autorización deberá realizarse mediante acto fundado que identifique motivo, destino, personas intervinientes, duración, monto y partida presupuestaria. Dentro de los siete días hábiles posteriores a la finalización de la actividad deberá presentarse la correspondiente rendición documentada. La autorización y la rendición deberán remitirse al Concejo Municipal y publicarse en el sitio web oficial, con resguardo de los datos personales que no resulten necesarios para el control del gasto".
Pero supongamos que los gastos de representación de los funcionarios del Departamento Ejecutivo son un problema y que debemos podarlos por un semestre al menos para ir paliando la crisis que atravesamos. Una medida similar se podría tomar con los concejales que también perciben gastos de representación. Debajo de este párrafo tenemos las erogaciones pertenecientes a Junio/2026, el último publicado en la web del Concejo Municipal y que es un mes atípico porque se le suma el aguinaldo (sí, los concejales también cobran aguinaldo).
Cómo se podrá advertir, hay una columna identificada como gastos de representación. Totalizan $7.222.447 mensuales, una buena suma para adicionar al Fondo de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa. Sospecho que no es un monto significativo para el Departamento Ejecutivo pero todo sirve en un momento tan delicado financieramente. Resulta extraño que los autores del proyecto hayan omitido estos recursos luego de exigir un esfuerzo económico a las personas designadas en un cargo del Departamento Ejecutivo que no pertenecen a la carrera administrativa. Afortunadamente, los concejales Laura Balduino y Sebastian Nicolau podrán sumarlo al debate en las reuniones de comisión previo a su aprobación.
En el cierre de la argumentación del proyecto de Emergencia Económica, Nicolau afirmó: "Que en un contexto de restricción financiera, resulta razonable que el esfuerzo para la recomposición de las cuentas públicas comience por los niveles de conducción política del Municipio. Sino simplemente vamos a estar cargando, como ya se ha visto y discutido, en un esfuerzo solamente de un lado que es de parte de los contribuyentes". No hay dudas de que los contribuyentes demandan una contracción en el gasto público aunque da la sensación de que apuntar solamente al Departamento Ejecutivo es de una mirada sesgada, oportunista y demagógica.
El proyecto
En este link se puede analizar el proyecto de Ordenanza donde "se declara el estado de emergencia económica, financiera y administrativa de la Municipalidad de Sunchales, por el término de ciento ochenta días corridos".
A continuación, un resumen de la propuesta presentada por los ediles Laura Balduino y Sebastian Nicolau, pertenecientes al bloque de La Libertad Avanza:
El Proyecto de Ordenanza del Concejo Municipal de Sunchales propone declarar la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa de la Municipalidad por 180 días, con posibilidad de una única prórroga por otros 180 días. El objetivo central es contener el gasto, recuperar el equilibrio de las cuentas públicas y garantizar la continuidad de los servicios municipales esenciales.
Resumen de los principales puntos
1. Declaración de emergencia
La emergencia tendría una duración inicial de 180 días corridos.
Podría extenderse una sola vez por otros 180 días.
Para prorrogarla, el Ejecutivo debería presentar un informe técnico, presupuestario y financiero que justifique la continuidad de la situación.
2. Objetivos
El proyecto busca:
Restablecer el equilibrio de las cuentas municipales.
Garantizar los servicios esenciales.
Optimizar el uso de los recursos.
Mejorar la eficiencia y transparencia.
Fortalecer la responsabilidad en la administración de los fondos públicos.
3. Contención del gasto
Durante la emergencia, el Ejecutivo debería:
No crear nuevos cargos políticos o administrativos.
No aumentar la planta de personal.
Limitar la cobertura de cargos políticos vacantes.
Suspender nuevas contrataciones y compras de vehículos, mobiliario y equipamiento que no sean indispensables.
Revisar contratos, convenios, alquileres y otros compromisos para reducirlos, renegociarlos o finalizarlos cuando legalmente corresponda.
Fortalecer la recaudación y recuperar créditos municipales, sin crear nuevos tributos ni aumentar extraordinariamente las tasas únicamente por la emergencia.
4. Reducción de salarios de funcionarios políticos
Uno de los puntos más relevantes es la propuesta de aplicar una reducción del 20% sobre la remuneración bruta mensual total del intendente y de los funcionarios políticos del Departamento Ejecutivo.
La medida:
No alcanzaría al personal de planta permanente.
No afectaría a trabajadores de carrera administrativa.
No alcanzaría al personal contratado que desempeñe funciones no políticas.
Tampoco afectaría regímenes estatutarios o convencionales.
Además, establece un límite jurídico para que la remuneración del intendente no quede por debajo de la mayor remuneración existente en la Municipalidad, de acuerdo con la Ley Provincial N.º 14.436.
5. Eliminación o suspensión de gastos accesorios
El proyecto propone suspender durante la emergencia determinados beneficios y gastos vinculados a funcionarios políticos, entre ellos:
Gastos de representación.
Gastos protocolares.
Telefonía móvil institucional para uso personal.
Combustible para movilidad particular.
Nuevos contratos de alquiler, hotelería recurrente o alojamiento para funcionarios.
Gastos derivados del traslado diario de funcionarios que viven fuera de Sunchales.
Las excepciones deberían estar debidamente justificadas y documentadas.
6. Creación de un Fondo de Emergencia
El proyecto crea un Fondo de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa dentro del presupuesto municipal.
Se alimentaría principalmente de:
Los ahorros generados por la reducción de salarios de funcionarios.
Las economías producidas por las medidas de reducción y suspensión de gastos.
Otros recursos que eventualmente afecte el Concejo mediante ordenanza.
El dinero sólo podría utilizarse para garantizar servicios municipales esenciales y atender necesidades sociales urgentes.
El proyecto prohíbe utilizarlo para publicidad institucional, protocolo, gastos de representación, viajes no indispensables, aumentos salariales de funcionarios políticos o creación de nuevos cargos.
7. Plan de Saneamiento Fiscal
El Ejecutivo debería presentar al Concejo, dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la ordenanza, un Plan de Saneamiento Fiscal.
Debería incluir, entre otros aspectos:
Diagnóstico de la situación económica y financiera.
Evolución de ingresos y gastos.
Deuda con proveedores.
Metas mensuales de reducción del gasto.
Cronograma de implementación.
Ahorro estimado de cada medida.
Medidas para mejorar la recaudación.
Servicios esenciales que deberán preservarse.
Indicadores para evaluar los resultados.
Proyección del flujo de fondos durante la emergencia.
8. Mayor control del Concejo Municipal
El proyecto incorpora un mecanismo de seguimiento político y administrativo.
Se crea una Comisión Especial de Seguimiento, integrada por un representante de cada bloque del Concejo.
Además, el Ejecutivo debería enviar mensualmente información sobre:
Ejecución presupuestaria.
Ingresos y gastos.
Disponibilidades.
Deuda con proveedores.
Situación de la planta de personal.
Contrataciones.
Ahorros generados.
Movimientos del Fondo de Emergencia.
Cumplimiento del Plan de Saneamiento Fiscal.
La información debería ser publicada en el sitio web oficial en formatos accesibles y reutilizables.
9. Límites a la emergencia
El proyecto establece expresamente que las medidas deberán respetar principios de juridicidad, razonabilidad, proporcionalidad, transparencia, publicidad y responsabilidad fiscal.
También establece que la emergencia no podrá afectar:
Remuneraciones ya devengadas.
Estabilidad y carrera del personal.
Derechos estatutarios o convencionales.
Obligaciones contractuales válidamente asumidas.
El contenido esencial de derechos constitucionales.