#SanCor: Denuncian al juez de la quiebra de la cooperativa láctea por graves irregularidades
Un escándalo judicial sacude la quiebra de SanCor. Un síndico denunció al juez del proceso ante la Corte Suprema de Santa Fe por “graves irregularidades” que pondrían en riesgo la transparencia del concurso. La denuncia revela un supuesto plan para concentrar funciones y neutralizar el control independiente.
La semana pasada, en el medio Rosario 3, se mencionaba que el juez de Rafaela, Marcelo Gelcich, estaba tomando una serie de resoluciones jurisdiccionales puntuales y criterios procesales por lo menos debatibles que terminaban afectando a acreedores y que el apuro de avanzar con la liquidación de activos podría provocar la nulidad del proceso.
Pero la tesis planteada en la denuncia del síndico es mucho más fuerte: sostiene la existencia de un proceso deliberado y sostenido destinado a neutralizar el control independiente de la sindicatura plural, sustituyéndolo progresivamente por un esquema de concentración de funciones en la coadministración y en un síndico alineado con el juzgado interviniente.
El eje central es la acusación de que el juez Gelcich montó un mecanismo para obstaculizar el control independiente que la ley otorga a la Sindicatura, sustituyéndola de hecho por una "coadministración" designada arbitrariamente.
Según el denunciante, el juez nombró directamente a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora, eludiendo el sorteo legal obligatorio del registro de la Corte. Y aunque inicialmente se creó esa figura para "asistir" a la Sindicatura ante la reticencia de la empresa a dar información, terminó asumiendo funciones exclusivas del síndico, convirtiéndose en un órgano de supresión del control.
El denunciante describe que, mientras que los síndicos Juan Tomat y Oscar Epstein mantenían un rol de control estricto del proceso, el tercer integrante, Ignacio Pacheco, se alineó con el juez y la coadministradora, y entre los tres empezaron a concentrar las funciones vinculadas a la administración, explotación, liquidación de activos, elaboración de pliegos, gestión de ofertas y manejo de activos estratégicos, relegando al denunciante a tareas accesorias y verificatorias.
La denuncia detalla casos donde los síndicos independientes fueron excluidos para favorecer operaciones de “dudosa conveniencia” armadas desde el juzgado, como promover operaciones comerciales directas y sin mecanismos competitivos en detrimento de las finanzas de SanCor.
Por ejemplo, señala que la intervención de la Sindicatura “disidente” habría permitido incrementar el precio de realización de una operación en u$s 635.000. Otro caso particularmente llamativo es la denuncia sobre la desaparición de 24.640 kg de queso que estaban bajo resguardo judicial (*warrants*) y cuyo valor no ingresó a las cuentas del juzgado, representando un faltante de al menos u$s 209.440. En lugar de investigar el destino del dinero, el juez rechazó la denuncia, invocó un acuerdo posterior entre la empresa y el acreedor (validado por el síndico afín al juez), y sancionó con un apercibimiento a los síndicos que denunciaron las irregularidades.
El síndico denunció que el juez y la coadministradora “fabricaban incumplimientos" para sancionar a los síndicos disidentes. En la denuncia se describe una metodología sistemática de fijar plazos imposibles de cumplir para luego sancionar a la sindicatura y transferir sus tareas a la coadministradora.
Por ese clima de presión institucional, el síndico Epstein terminó renunciando a su cargo, pero la vacante no fue cubierta mediante el mecanismo legal de sorteo, manteniéndose una sindicatura reducida mientras se preservaban las amplias facultades de la coadministración. Ahora, en soledad, el denunciante cuenta que se encuentra bajo constante hostigamiento y ha sido excluido de etapas clave, como la elaboración del pliego para la venta de las unidades productivas.
Precisamente, la semana pasada contamos en esta columna lo rápido que se habían definido las tasaciones (6 días, y con el incendio de la planta Sunchales en el medio), con algunos precios que, por lo bajo, juegan en contra de los acreedores.
Es por eso que la denuncia sostiene que este accionar compromete la transparencia del proceso concursal de una empresa emblemática con miles de trabajadores y un pasivo enorme. En efecto, la denuncia busca demostrar que estos hechos no constituyen episodios aislados, sino manifestaciones de un patrón de actuación orientado a concentrar facultades, restringir el control independiente y condicionar el funcionamiento de los órganos concursales dentro del proceso de quiebra de SanCor.
El denunciante solicita a la Corte Suprema que inicie una investigación urgente, adopte medidas preventivas para asegurar la independencia de la sindicatura y, eventualmente, ordene un sumario administrativo para juzgar la conducta del magistrado.
FUENTE: Mariano Galíndez - Rosario3