La fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, presentó el 9 de abril su Informe de Gestión 2025 ante la Legislatura santafesina, en una exposición donde combinó definiciones políticas con datos duros para describir un escenario en transformación: menos homicidios que en años anteriores, pero con nuevas expresiones de violencia, particularmente entre jóvenes.
Menos homicidios, pero más violencia juvenil: La advertencia de Vranicich ante el Senado
La fiscal general del MPA expuso ante la Legislatura santafesina un panorama que combina cifras de baja en la violencia letal con nuevas formas de conflictividad, especialmente entre adolescentes, y reclamó respuestas institucionales.
“Este es un acto republicano fundamental de rendición de cuentas”, afirmó al inicio de su discurso, enmarcando la presentación en la reciente reforma constitucional que consolidó la autonomía del organismo. Sobre esa base institucional, la titular del MPA trazó un diagnóstico que tuvo como eje la mutación de la violencia en la provincia.
Violencia y focos críticos
Vranicich sostuvo que los niveles de violencia letal muestran una tendencia a la baja, aunque advirtió que el fenómeno está lejos de resolverse. Los números del informe respaldan esa afirmación: en 2025 se registraron 210 homicidios dolosos, con una tasa de 5,7 cada 100.000 habitantes, uno de los valores más bajos de la última década.
Sin embargo, la fiscal remarcó que el problema sigue concentrado territorialmente. El departamento Rosario acumuló 115 de esos crímenes, más de la mitad del total provincial, y en ese contexto adquiere centralidad el vínculo con economías ilegales: allí, 6 de cada 10 homicidios estuvieron asociados a organizaciones criminales.
En esa línea, también se evidenció el peso de la violencia armada. “Hay una multicausalidad en la baja de los niveles de violencia”, sostuvo, aunque los datos muestran que el 70,5% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego —81,7% en Rosario— y que durante el año hubo 855 personas heridas por disparos.
Giro hacia las violencias juveniles
Uno de los tramos más enfáticos del discurso estuvo dedicado a las nuevas formas de violencia protagonizadas por adolescentes, centralizado en el crimen de Ian Cabrera, de 13 años, en la escuela Moreno de San Cristóbal. “Hoy, en el contexto que nos encontramos, son las violencias juveniles las que se imponen en el centro del debate público”, afirmó.
Para ilustrar ese fenómeno, la fiscal enumeró otros casos recientes de alto impacto ocurridos en distintas localidades, y sostuvo que existe un cambio de paradigma en la forma en que se configuran estos hechos. “Esta violencia adolescente extrema nos interpela en el mundo adulto”, advirtió.
En ese análisis, introdujo un factor novedoso: el rol de las redes sociales y entornos digitales. “El submundo a través de las redes donde niños, niñas y adolescentes encuentran un lugar de contención, pero no desde la empatía, sino desde el odio”, describió. A ello sumó la dificultad investigativa: “Se comunican por aplicaciones que no dejan rastros”.
Persecución penal y respuesta institucional
Frente a este escenario, Vranicich defendió la estrategia del MPA basada en objetivos priorizados. “Hemos reafirmado el trabajo de un plan de persecución penal”, indicó, con foco en las violencias altamente lesivas, la corrupción institucional, las víctimas vulnerables, la violencia de género, los delitos contra la propiedad y el cibercrimen.
Los indicadores muestran avances en esa línea. El índice de individualización de autores en homicidios alcanzó el 62,2%, y se dictaron 258 condenas por ese delito durante el año. En paralelo, se registraron 1.044 causas por extorsión —con fuerte concentración en Rosario— y 87 condenas.
En materia de microtráfico, uno de los ejes centrales de la política criminal, se contabilizaron más de 15.000 ingresos, con 2.513 investigaciones formalizadas y 350 condenas. Además, se realizaron 63 operativos de derribo de puntos de venta, alcanzando los 111 desde la vigencia de la ley que autoriza a la provincia a combatirlo.
“No estamos esperando la denuncia policial para actuar, generamos nuestras propias investigaciones”, subrayó la fiscal, al describir un cambio en la lógica de intervención del organismo.
Armas, género y muertes evitables
El control de armas ocupó también un lugar destacado en la exposición. Durante 2025 se enviaron a destrucción 5.170 armas de fuego y 93.000 municiones, en una política que el MPA considera clave para reducir la violencia letal.
En cuanto a la violencia de género, el informe registró 30 homicidios de mujeres, de los cuales 18 estuvieron vinculados a este tipo de violencia (femicidios y transfemicidios). “La violencia de género existe y falta muchos años para que podamos desterrarla”, afirmó Vranicich.
Además, la fiscal incorporó al análisis otras muertes violentas, especialmente suicidios, en línea con recomendaciones internacionales.
Según los datos del informe, en 2025 se registraron 964 muertes violentas: los suicidios representaron el 46,5% del total (448 casos, con una tasa de 12,7 cada 100.000 habitantes), seguidos por los homicidios culposos en siniestros viales con el 31,7% (306 casos) y, en menor proporción, los homicidios dolosos con el 21,8% (210 casos).
La fiscal planteó que esta lectura permite dimensionar que el grueso de las intervenciones del sistema no se agota en la violencia intencional, y advirtió además sobre una carga de trabajo menos visible.
En ese sentido, destacó que cada muerte bajo sospecha —incluidos los suicidios— activa protocolos complejos de investigación, con peritajes y medidas probatorias, lo que amplía significativamente la actividad del MPA más allá de los delitos tradicionales.
Tensiones institucionales
Finalmente, la titular del MPA dejó planteadas tensiones con el Poder Judicial. Cuestionó decisiones de jueces que se declaran incompetentes en causas relevantes -“Le pedimos a los jueces que comiencen a entender la lógica de trabajo”, reclamó-; y apuntó contra la Corte Suprema provincial por la falta de respuesta en torno al Centro de Justicia Penal de Santa Fe.
En ese contexto, Vranicich profundizó sus cuestionamientos hacia la Corte señalando que, conforme a la nueva arquitectura constitucional, existía una cláusula que obligaba a contemplar la participación de los actores del sistema en las decisiones sobre infraestructura judicial, lo que —según afirmó— no fue respetado.
“Estoy contando objetivamente lo que pasó”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la falta de respuesta a las notas remitidas por el MPA y el MPD, incluida una presentación formal del 1º de abril que aún no obtuvo contestación.
En ese marco, advirtió que este tipo de decisiones unilaterales no sólo tensionan el vínculo entre poderes, sino que también impactan en las condiciones operativas del organismo en una etapa de transición institucional marcada por la reciente consagración de su autonomía.
Te puede interesar
¿Deuda por drogas o un servicio sexual impago? Dos mujeres y un hombre en prisión preventiva por destrozos y una agresión en Sunchales
Martina L., Karen F. y Franco C. fueron imputados por una serie de hechos violentos ocurridos entre el miércoles 14 y el jueves 15 de octubre en viviendas de nuestra ciudad. La investigación incluye amenazas con un cuchillo, daños materiales y un hombre herido con un tronco. El juez Gustavo Bumaguin dispuso que los tres permanezcan detenidos sin plazo.
Ataque a la escuela de San Cristóbal: El MPA apeló para evitar que la causa pase a Tribunales de Familia
El Ministerio Público de la Acusación apeló la decisión del juez José Alberto Boaglio de derivar a la Justicia de Familia la causa por el ataque a la escuela de San Cristóbal, con el objetivo de mantener el control del menor bajo la órbita penal.
Tiroteo en una escuela de San Cristóbal: la Justicia sobreseyó a Gino C., de 15 años, autor del crimen de un alumno
El juez José Boaglio dictó la resolución a poco de cumplirse siete meses del trágico ataque en la escuela Mariano Moreno. El joven tenía 15 años cuando ocurrió el hecho y fue declarado inimputable ya que la normativa vigente en ese momento así lo establecía.
Ordenaron la libertad de un acusado por el ataque a la comisaría de Sunchales
En los Tribunales de Rafaela, se le otorgó la libertad a David Derfler tras 7 meses de prisión preventiva por el ataque a la Comisaría 3ª de Sunchales. Deberá radicarse en San Cristóbal.
Ordenaron la detención de un camionero que protagonizó una tragedia en el 2019 en Sunchales
Se trata de Mauricio Javier Escobedo, oriundo de la localidad de Montes de Oca, quién el sábado 1º de junio de 2019 impactó con su camión Scania una camioneta muriendo los seis ocupantes del rodado menor. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la sentencia: una pena de cuatro años y diez meses de prisión y una inhabilitación de siete años para manejar cualquier vehículo con motor. La Fiscal Lorena Korais ordenó la detención del sujeto.
Juicio Spaggiari: A una jubilada sunchalense le ofrecieron como garantía el mismo lote que le presentaron a otros acreedores
Liliana, jubilada de la Municipalidad de Sunchales, declaró que entregó dinero al grupo Spaggiari desde 2020. Relató cómo le presentaron las inversiones y las dificultades para cobrar los intereses.