Santa Fe regula la seguridad privada y la gestión de alarmas

La Cámara de Diputados aceptó los cambios introducidos hace quince días por el Senado, y sancionó una ley que regula la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas o bienes así como la gestión y regulación de alarmas en manos de particulares.

La sanción de la norma llegó en la última sesión del período Ordinario y contó con el respaldo de gran parte del arco político y el rechazo de los cuatro integrantes de Somos Vida y Juan Argañaraz de Inspirar.

El socialista Rubén Galassi, uno de los autores del proyecto, volvió a fundamentar el proyecto tal como hiciera cuando oportunamente fuera votado por la Cámara Joven. Explicó que en el Senado y a instancias del Ministerio de Justicia y Seguridad se incorporó el tema alarmas sobre el que se explayó.

En cambio, Silvia Malfesi expuso el rechazo al proyecto por entender que hay exceso de reglamentarismo que traerá más inseguridad. "El proyecto desalienta a los privados que quieran colaborar en la temática" remarcó.

Galassi recordó que desde 2008 la Cámara de Diputados empezó a discutir el tema con iniciativas de Alicia Gutiérrez y luego se sumó otra de Hugo Pieroni. Hubo algunas medias sanciones de Diputados pero no prosperaron en el Senado.
Este año, tras trabajo legislativo en comisiones e incluso reuniones con cámaras que agrupan a empresas de seguridad, la Legislatura dictó la norma que pasó a promulgación del Poder Ejecutivo. El universo a regular abarca unas 200 empresas y unos 12.000 empleados aunque la ley ordena realizar un censo para conocer el universo de prestadores.

"Es necesario avanzar con una norma en una tarea donde los privados suplantan o ayudan a la tarea de seguridad del Estado y que funciona con decretos del año 1991" explicó Galassi.

El legislador se detuvo además en la inclusión del tema alarmas con estadísticas del propio ministerio de Justicia y Seguridad donde el sistema de alarmas repercute en el 911 y dispara intervenciones de móviles y agentes policiales para gran parte de falsas advertencias.

Señaló que hasta octubre de este año, de los 595.000 incidentes en que participaron móviles del 911, 215.000 fueron generados por alarmas y de ellos apenas el 3% fue por hechos de inseguridad.

Advirtió el legislador que eso no ocurría cuando el sistema de llamado policial era el 101 donde las empresas de alarmas derivaban a la policía los casos de inseguridad.

La norma sancionada tiene 70 artículos y comienza por regular la prestación privada de servicios de vigilancia, custodia y seguridad de personas y bienes por parte de personas jurídicas dentro del territorio de la Provincia.

"Las actividades que realizan las empresas prestadoras de estos servicios son consideradas de interés público, subordinadas y complementarias a las que realiza el Estado Provincial y sujetas a las políticas que se fijen con el objeto de resguardar la seguridad pública y ciudadana de forma complementaria", completa el primer artículo.

La norma encarga la construcción de un registro de empresas, los tipos de servicios que pueden prestar así como las características que deben cumplir los titulares de las firmas y los empleados. Un capítulo especial es la prestación de servicios con usos de armas.

En cuanto a alarmas, "la regulación persigue los fines de optimizar el empleo de recursos públicos, reducir las falsas alarmas, garantizar la interoperabilidad técnica y mejorar la respuesta del sistema de seguridad ciudadana".