Por segunda vez en menos de cinco meses la CGT realiza hoy un paro general, que promete ser más fuerte que el anterior. Cientos de miles de trabajadores en todo el país, nucleados en distintos sindicatos, van a cesar en sus actividades bajo el lema “La Patria no se vende”, para rechazar las reformas estructurales que pretende implementar el gobierno de Javier Milei, su plan de ajuste y el proyecto de ley Bases, que por estos días se debate en el Senado, tras su aprobación en Diputados.

Aunque a diferencia del paro del 24 de enero esta vez no se realizará una movilización, sí está previsto que este jueves se detengan las principales actividades económicas. Pararán los estatales, los bancarios y los empleados de comercio. No funcionarán el transporte de colectivos (excepto los de la empresa DOTA), ni el aerocomercial ni el de cargas, ni los subtes.

En cuanto a educación, no habrá clases en las instituciones públicas de todos los niveles, y la educación privada también se verá afectada como consecuencia de la inactividad del transporte público. En la ciudad de Buenos Aires también se suspenderá la recolección de residuos. Sobre la salud, se informó que se prestará un servicio reducido que sólo se ocupará de emergencias.

El Gobierno ya reaccionó

Pese a que no está prevista ninguna movilización, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, advirtió que podría aplicar su protocolo antipiquetes. “Garantizamos la libre circulación, no dejamos que tomen puentes o corten rutas. Puede haber excepciones donde no estemos; si hay una fuerza provincial, bienvenida, pero el protocolo siempre se aplica porque sabemos que la gente siente lo que significa. Es nuestra filosofía”, aseguró días atrás la ministra.

A su vez, Manuel Adorni, vocero presidencial, dijo que se le descontará la jornada a quienes adhieran al paro. “Es un paro que no tiene razón aparente. Recordamos que sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones. A los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad no cobra”, advirtió ayer.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar —que el lunes calentó la semana junto a los miembros de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) con una asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery que provocó la suspensión de los vuelos durante la mañana en todos los aeropuertos del país— dijo: “Este paro tiene varios destinatarios. No sólo el presidente Milei sino también los gobernadores y los senadores que tendrán que tratar la Ley Bases, y también los cuatro o cinco grupos empresarios que en este momento son socios del Ejecutivo nacional”.

 En esta misma línea se expresó el líder de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, el lunes, cuando llamó a escrachar a los legisladores que aprueben la ley. “Hay que hacerles sentir presión a los senadores. Les pedimos a los compañeros de Ezeiza y de Aeroparque que hagan lo mismo. Vamos a explicarles a los pasajeros con quien están viajando cada vez que viaje un senador de estos que está traicionando los mandatos populares”, dijo.

Entre las reformas incluidas en la ley que ya obtuvo media sanción en Diputados se encuentran la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, privatización de empresas, establecimiento de un régimen especial de inversiones y una reforma laboral, denominada “modernización”. Uno de los capítulos más preocupantes para los gremios es el de las posibles privatizaciones de empresas públicas, así como la extensión de los períodos de prueba de la reforma laboral, que las empresas podrían imponer desde la aprobación del proyecto de ley, y la modificación de las indemnizaciones por despido.

La CGT no convocó a ningún paro bajo el gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) y el último, sin contar el del 24 de marzo de este año, databa de mayo de 2019, bajo la gestión de Mauricio Macri (2015-2019), período durante el cual se realizaron cinco huelgas nacionales.