La magistrada consideró adecuado el esquema de compensación que propuso Burford, que dijo que el resarcimiento debe rondar los u$s16.000 millones; el Estado argentino, en tanto, había indicado que esa cifra debía ser de u$s5.000 millones.

Si se confirma que la Argentina debe realizar el pago de u$s16.000 millones, se tratará de una sentencia sin precedentes por el monto. De hecho, se tratará de la peor sentencia condenatoria que la Justicia de los EE.UU. haya aplicado jamás a un país.

La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, dijo en la red social X que el Estado "apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres".

Los intereses se computarán desde el 3 de mayo de 2012, cuando el Congreso aprobó la ley para expropiar el 51% de las acciones de la principal petrolera del país.

El analista Sebastián Maril publicó fragmentos del fallo de la magistrada sobre la expropiación efectuada en 2012 por el gobierno de Cristina Kirchner.

"Kicillof declaró descaradamente que sería "estúpido" cumplir "la ley de la propia YPF" o "respetar sus estatutos", aseguró Preska en otro tramo del fallo.

La disputa en los tribunales neoyorquinos buscaba determinar el monto que la Nación deberá pagar. El fallo de Preska implica el monto máximo que se estipulaba, de u$s16.000 millones, representando el juicio más costoso Burford Capital continuó el litigio iniciado por los accionistas Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management LP, quienes, según documentos judiciales, tenían derecho a un 70% y 75% de los daños, respectivamente.

Juicio por expropiación de YPF: qué querían las partes
 

Argentina quería que Preska indicara que la fecha de expropiación había sido el 7 de mayo de 2012, cuando salió la ley de expropiación. De esa forma, la compensación sería desde ese día. Además, el país buscaba que la tasa de interés anual retroactiva que le iban a aplicar (desde 2012, cuando se expropió, a 2023) fuera del 0%. Eso daría cerca de u$s5.000 millones.

El fondo Burford consideraba que la intervención de YPF se materializó el 16 de abril, cuando el ministro de Economía de ese momento -Axel Kicillof- fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados. Desde ese momento hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25%.

En ese escenario, Burford hubiera cobrado alrededor de u$s8.300 millones, aun con un 0% de interés, como quería Argentina. De todas formas, los litigantes aspiraban a que les reconocieran una tasa del 8% anual, lo que llevaría el cheque a US$ 16.000 millones, lo que finalmente decidió la jueza.

Preska no solo utiliza la tasa de 8% porque se lo pidió Burford, sino que en su fallo aclara que la Corte determina ese interés porque le resulta "apropiado y equitativo".

Los demandantes, el fondo Burford (que había comprado la posibilidad de litigar a la familia Eskenazi), alegaba que la Argentina al expropiar las acciones de Repsol en YPF en 2012 debería haber hecho una oferta pública por todas las acciones de la empresa.

Los estatutos de YPF establecen que si algún accionista se hace del 51% de las acciones (como sucedió cuando el Estado nacional y las provincias expropiaron esa participación de Repsol), debe ofertar para comprarle al resto. Argentina incumplió esa condición, que YPF aceptó para cotizar en la Bolsa de Nueva York. Burford acreditó tener acciones por el 29% de YPF y reclamó una compensación.

Argentina, para apelar, deberá ir a la Cámara de Apelaciones y si no obtiene lo que busca allí, recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora, el país perdió todas las apelaciones que hizo.