El gobierno argentino, gestionado en los hechos por el ministro de Economía Sergio Massa, acaba de anunciar una medida insólita para intentar frenar el proceso inflacionario generado por la emisión excesiva de moneda nacional.

El Ministerio de Economía comunicó la decisión de que el Mercado Central de Buenos Aires pase a desempeñar el rol de importador directo de alimentos con el propósito de intentar “reducir el precio efectivo de venta al público de productos frescos –frutas, verduras, hortalizas, carnes– y productos secos no perecederos” para “defender el poder de consumo de las personas”.

El planteo no resulta demasiado lógico porque Argentina, precisamente, es una nación especializada en producir y exportar alimentos. ¿Cómo sería factible que resulten más baratos alimentos importados con el costo adicional que representa esa operación?

Dos semanas atrás el presidente argentino Alberto Fernández viajó a Brasil para encontrarse con su par brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, y solicitarle la posibilidad de habilitar un cupo de reales destinado a facilitar importaciones de bienes provenientes de esa nación sin necesidad de recurrir al dólar. Pero Lula lo mando de vuelta a Fernández a la Argentina sin un solo real en el bolsillo.

Sin embargo, las negociaciones en la materia siguieron avanzando y algunos grandes grupos alimentarios brasileños entendieron que estaban en presencia de una oportunidad comercial única.

En ese marco, comenzó a gestionarse la idea de emplear al Mercado Central como una suerte de “agencia importadora de alimentos” provenientes de Brasil con el propósito de distribuirlos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires para intentar “enfriar” la aceleración del precios de los alimentos en la medición oficial realizada por el Indec, que en abril pasado registró a nivel nacional una variación intermensual del 10,1%.

Tal metodología podría representar una competencia desleal para muchas empresas argentinas elaboradoras de alimentos, que deben lidiar diariamente con la inflación generada por el propio Estado y adicionalmente con la obligación de participar de un programa oficial de precios máximos (“Precios Justos”).

¿Cuáles son los sectores más comprometidos si la iniciativa del gobierno argentino termina avanzando? En el primer lugar de la lista está la industria avícola, que en la última medición del Indec lideró las subas de precios. Brasil –recordemos– es el mayor exportador mundial de carne aviar.

Pero en la lista de posibles víctimas de la “competencia desleal” que planea instrumentar el gobierno argentino también se encuentran los fabricantes de galletitas, arroz, hamburguesas, chacinados, azúcar y productos enlatados. Eventualmente, en la lista podrían incluirse algunos lácteos.

De todas maneras, más allá de que la operatoria de importación pueda terminar siendo instrumentada –con un costo que seguramente no será barato–, el gran desafío será logístico, pues el Mercado Central no cuenta con flota de transporte ni bocas de expendio propias para atender a una población del orden de 15 millones de personas que residen en el AMA (Ciudad de Buenos Aires + Gran Buenos Aires).

Se trata, claramente, de una política contraria a los intereses propios de la Argentina, los cuales deberían consistir en propiciar el desarrollo de la matriz agroindustrial y no de perjudicarla por medio de impuestos distorsivos (incluyendo en esa categoría incluso a la inflación), intervenciones de mercado y, finalmente, competencia desleal. Un “combo” completo.