Perotti le pidió a la Legislatura que renueve la emergencia en seguridad pública

El gobernador Omar Perotti envió este lunes 16 a la Legislatura de la provincia un proyecto para extender la emergencia en seguridad pública hasta el 31 de diciembre de 2023.

Crítico con las condiciones actuales del sistema carcelario —un ámbito con prisiones saturadas, escaso personal, falta de movilidad y auge de la gestión intramuros del crimen organizado—, Perotti solicitó declarar además la emergencia del Servicio Penitenciario (SP). Al situar el tema como prioritario en la agenda de gobierno, solicitó que se incluya la iniciativa en el temario de sesiones extraordinarias previstas para febrero.

La propuesta de renovar la declaración de emergencia por un año está contenida en el mensaje 5019, fechado el 13 de enero, que ingresó este lunes al Senado de la provincia. El gobernador solicitó que sea incluido en la nómina del período de sesiones extraordinarias que, se estima, serían convocadas a partir de la primera o segunda semana de febrero. El pedido oficial de que el proyecto se incorpore al temario de sesiones fue publicado ayer mismo en el Boletín Oficial de la provincia.

La iniciativa se presentó en un contexto delicado en materia de seguridad, sobre todo en el sur de la provincia, donde las estadísticas de homicidios dolosos en el departamento Rosario arrojaron la cifra más alta de la historia.

En 2022 hubo 288 asesinatos en un escenario dominado por disputas entre organizaciones narco, además del auge de las balaceras, los mensajes mafiosos, los aprietes extorsivos a comerciantes y el fenómeno del delito organizado desde la cárcel.

En ese clima, el proyecto de ley cita como objetivo “atender la seguridad pública y al sistema penitenciario provincial, brindar seguridad a la población y conjurar las acciones violentas y las problemáticas criminales en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática”.

A tal fin, la iniciativa prevé subir de 6 a 12 millones de pesos el límite para licitaciones públicas y de 9 a 18 millones para las privadas. Entre otro artículos se estipula que el Ministerio de Seguridad deberá agilizar el envío de documentación a la Legislatura y el Tribunal de Cuentas tendrá que emitir sus análisis de legalidad en veinte días como máximo.

Precedentes

La declaración de emergencia es una herramienta que en la provincia de Santa Fe se viene presentando y renovando en distintos contextos desde hace años. Perotti ya había dictado la emergencia en seguridad en agosto de 2020 a partir de un decreto habilitado por la Ley de Necesidad Pública. Con el objetivo de financiar una serie de proyectos, anunció entonces que se destinarían 500 millones de pesos del presupuesto de la provincia a comprar equipamiento y vehículos para la policía santafesina, entre otros rubros.

En diciembre de 2021 el mecanismo fue habilitado por la legislatura provincial con vigencia hasta el 31 de diciembre pasado. Con la finalidad de asignar “más recursos” a la provincia y agilizar trámites y contrataciones, el gobierno fue autorizado a disponer de 3 millones de pesos para atender a gastos urgentes en la materia.

En esta ocasión, la iniciativa plantea que el Ejecutivo tendrá la facultad de dar por concluida la emergencia antes del plazo estipulado si así lo considera. Y en uno de sus artículos invita a los municipios y comunas a adherir al régimen de la ley dentro de sus ámbitos de competencia.

A la hora de fundamentar el planteo, el gobernador indicó que la iniciativa busca “paliar las necesidades más urgentes en la materia, garantizando a la ciudadanía la plena efectividad del derecho humano a la seguridad ciudadana”, haciendo propio el enfoque de derechos en materia de seguridad que propone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el proyecto expresó que los mecanismos ordinarios previstos para “períodos de normalidad” no alcanzan para “dar acaba respuesta” a una situación como la actual, que tildó de “extraordinaria”.

“No escapa a ninguno de los legisladores la situación de hechos delictivos que se vienen produciendo, particularmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe”, señaló, e indicó que “mientras se continúa avanzando en políticas profundas de combate a la criminalidad organizada” se necesita diseñar políticas públicas específicas, entre las que citó el caso de las cárceles.

Las prisiones, en foco

En este punto, el informe fue crítico de las condiciones actuales del Servicio Penitenciario, un ámbito en el que consideró necesario adoptar medidas “urgentes”. Invocó informes que reflejan críticas condiciones en materia de “seguridad, el cumplimiento de órdenes judiciales, la prestación de servicios de salud a los internos y las condiciones mínimas de habitabilidad”.

Tras citar déficits en cuanto a la cantidad de plazas disponibles, la alimentación de los internos, la higiene de los espacios carcelarios y el cumplimiento del régimen de progresividad de la pena, el gobernador anunció que “se torna necesario llevar adelante gestiones urgentes que correspondan a la compra de equipamiento mobiliario y al arreglo y la compra de móviles”.

La falta de movilidad en el SP incluso ha motivado intimaciones judiciales al Ejecutivo porque no se garantizan los traslados ni las salidas de los internos. Salidas que en caso de concretarse, según el informe, “no garantizan la integridad física de los agentes e internos” ante el estado de los móviles.

Así, el proyecto de ley prevé “la realización de mejores esenciales para las unidades penitenciarias” entre las que, ante el alarmante crecimiento de la población carcelaria, se cita “la construcción de nuevos espacios de alojamiento dotados de recursos humanos pertinentes”. En ese sentido, consignó la “exigencia laboral extrema” a la que están sometidos los agentes penitenciarios, recargados en horas de trabajo y en condiciones que “afectan la calidad del servicio y menoscaban su salud psicofísica”.

“Por otro lado —sigue la propuesta—, un servicio eficiente requiere incorporar cada vez más tecnología. Todo ello nos lleva al entendimiento de la necesidad imperiosa e impostergable de dotar al SP de mayor agilidad en los trámites administrativos, mayor cantidad de recursos humanos, mayor capacitación y adquisición de móviles”.