Desde el Socialismo se busca cambiar la figura del administrador de Vialidad Provincial por un directorio colegiado
El diputado provincial y ex ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, ingresó un proyecto a la Cámara Baja que intentará cambiar la figura del administrador de Vialidad Provincial por un directorio conformado por actores de distintos ministerios, la comunidad científica y empresaria, universidades, cámaras de la construcción y confederaciones rurales.
“Creemos que es una oportunidad para construir en conjunto, con miradas y aportes de todos los protagonistas, descentralizar decisiones y poder abordar la temática de las rutas y caminos con una visión integral y profesional”, comentó Garibay.
En este sentido, continuó: “Es un directorio amplio con un mandato de tres años. Creemos que de esta manera el Plan Anual de Vialidad Provincial será más rico en todos los sentidos”.
El directorio estará compuesto por siete miembros, un presidente y seis vocales que serán designados en su totalidad por el ejecutivo provincial. Uno de los integrantes corresponderá al ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, uno al ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, y uno al ministerio de Gestión Pública. Los restantes serán representantes de Universidades Nacionales, Cámara Argentina de la Construcción y Asociaciones Rurales.
Todos los integrantes prestarán sus servicios ad-honorem, exceptuando al presidente, cuya remuneración no podrá superar a la que perciba un secretario de gabinete provincial.
Este directorio tendrá a cargo, entre otras funciones, reuniones mensuales, ejecución de los planes anuales, rendición de lo realizado al ejecutivo provincial, evaluación y ejecución de gastos y presupuestos, firma de contratos y convenios, paritarias y designación del ingeniero jefe.
Órgano consultivo
La Dirección Provincial de Vialidad, a través de este proyecto, contará con un órgano consultivo conformado por representantes regionales de cada uno de los sectores mencionados, entidades gubernamentales, ONGs, representantes sindicales e instituciones educativas cuya constitución y funcionamiento será establecido por el directorio.
La participación será también ad-honorem y tendrá la misión fundamental de contribuir en el análisis y asesoramiento de las acciones dirigidas a cumplimentar los objetivos de esta ley.
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