Es que el consenso en torno al salvataje del gigante cerealero a través de un fideicomiso mixto, alternativa que alumbró la primera reunión entre las partes, fue diluyéndose en los últimos 15 días como consecuencia de algunos condicionamientos planteados por la actual gerencia que, en rigor, resultarían improcedentes para las autoridades santafesinas.

No obstante, los contactos informales entre las partes continuarán hasta poco antes del nuevo encuentro de mediación, previsto para las 15.30, en el despacho del magistrado Fabián Lorenzini, quien entiende en el concurso preventivo de la empresa y, paralelamente, estudia el pedido de intervención presentado por la gestión de Omar Perotti en junio pasado como una opción a la expropiación fogoneada por la Casa Rosada.

Tras la primera audiencia de conciliación el actual directorio de Vicentin se mostró conforme con las bases de un fondo fiduciario en el que confluyan —en modalidades todavía por definir— accionistas, acreedores y potenciales inversores, pero no sus actuales gerenciadores.

Pero días después, según deslizaron a La Capital en el frente negociador, el directorio condicionó la entrega de acciones a un cese del hostigamiento judicial por las supuestas irregularidades que detonaron la crisis de la compañía y a una participación parcial en el salvataje a constituir.

El nuevo plan contempla para accionistas y acreedores la chance de sumarse, ya que un fideicomiso jurídico permite transferir tanto fondos como derechos.

La apuesta inmediata de las autoridades es comprobar si hay demandantes interesados en capitalizar con acciones las deudas. Pero antes el actual directorio deberá dar un paso al costado, exigencia compartida por los acreedores.

Una semana atrás, el presidente Alberto Fernández y Perotti mantuvieron un encuentro virtual durante el cual repasaron el rescate de Vicentin a través de un fideicomiso mixto. Y, de inmediato, Nación y provincia encararon en conjunto negociaciones con acreedores y directivos.

Sin embargo, la apuesta al fondo fiduciario fue cuestionada por el titular del Banco Nación (BNA), Claudio Lozano, quien advirtió que de ese modo no se evitará la extranjerización de Vicentin, entre otros reparos.

Los principales acreedores son el BNA ( 300 millones de dólares), varias entidades crediticias internacionales (cerca de U$S 500 millones) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA, U$S 90 millones).

Sobre las chances de que la mediación concluya sin humo blanco, en los pasillos de la Gobernación recordaron que el proceso en marcha “no tiene una línea de tiempo final”.

“Si se agota el diálogo institucional, terminaremos de producir las pruebas y el juez en su momento resolverá si remueve o no el directorio”, afirmaron. Aunque no desestimaron algún tipo de avance al filo de la nueva cita en Reconquista.