La alianza Provincias Unidas (PU) realizó una denuncia formal contra quienes fueron candidatos nacionales santafesinos de Fuerza Patria (FP), Caren Tepp y Oscar "Cachi" Martínez, y la Asociación Civil 29 de Abril por presunta administración fraudulenta de fondos, utilizando dinero de la ONG para financiar campañas publicitarias de los postulantes.
La denuncia ante un juez federal con competencia electoral en Santa Fe y el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC) recayó sobre Tepp, diputada electa y cabeza de lista, y Cachi Martínez, quien no resultó electo pero estuvo en el cuarto lugar de la nómina. Y contra la presidenta, el secretario y el tesorero de la Asociación Civil 29 de Abril, Miriam Haydee Rebel, Osvaldo Juan Barbieri y Pedro Medei, respectivamente.
La denuncia advierte un pago de $21.885.000 pesos destinado a publicidad en redes sociales y un reporte de Google que confirma gastos en la materia en favor de los candidatos, lo cual contraviene el objeto social de la Asociación Civil, que debe enfocarse en brindar ayuda y mitigar efectos de catástrofes.
Los apoderados de la alianza Leonardo Stangaferro, Florencia Giupponi y Juan Callegari presentaron antes de las elecciones, el 22 y 23 de octubre pasado, los escritos que apuntan contra la comisión directiva de la asociación y ambos candidatos. Medei, el denunciado tesorero, es concejal de la ciudad de Santa Fe por el peronismo.
“La utilización del andamiaje jurídico con el objetivo de financiar campañas electorales con fondos de dudosa procedencia es una acción reprochable en términos morales y jurídicos”, describe el texto de la denuncia. En resumen, la documentación enmarca esas acciones como un grave perjuicio al orden moral y al funcionamiento democrático que abusan de la confianza depositada en la asociación civil.
El Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos (RPJEC) de la provincia emitió una cédula para notificar a la Asociación Civil 29 de Abril sobre la apertura de un sumario administrativo para investigar denuncias relativas a la utilización de fondos institucionales con fines ajenos al objeto social de la entidad.
Otorgó un plazo de diez días hábiles para que presenten los estados contables, libros de actas, inventarios, balances y el detalle de gastos de publicidad y difusión realizados entre 2022 y 2025, con especificación y detalles.
