El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que representa un ajuste de medio punto del Producto Bruto Interno. “Entendemos que carecen de transparencia y son parte de las cajas de la política” precisó.
País16 de febrero de 2024 El Eco de Sunchales
La medida, que había sido anticipada por el presidente Javier Milei en diversos reportajes, estaba incluida en la Ley Bases que quedó trunca en el Congreso luego de que el Ejecutivo decidiera retirar el proyecto.
Los gobernadores, y otros sectores se opusieron durante el debate a la aprobación del inciso “h” del artículo 4° del proyecto que le otorgaba al mandatario el poder de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.
Ahora el Poder Ejecutivo avanzará por decreto. Adorni no puntualizó cuáles son los fondos fiduciarios que se eliminarán en esta primera etapa.
Técnicamente, un fideicomiso es un instrumento legal que involucra a tres partes clave: el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. El fideicomitente transfiere ciertos activos o propiedades al fiduciario, quien los gestiona de acuerdo con los términos establecidos en el contrato del fideicomiso. El beneficiario es la parte que eventualmente se beneficiará de los activos del fideicomiso.
En términos más simples, el fideicomiso representa un mecanismo legal que separa la propiedad legal de los activos de su control económico y beneficio. A través de este acuerdo, se crea una estructura que permite la transferencia de bienes de un propietario a un gestor designado, quien los administra en beneficio de terceros, los beneficiarios.
Su aplicación para el manejo de fondos públicos, según entienden quienes se oponen a su utilización en ese ámbito, tiene muchos menores controles que las partidas que integran el Presupuesto. Por lo tanto, su funcionamiento es mucho menos transparente que el gasto público habitual de las reparticiones del Estado, aprobado por el Congreso y con instancias de auditoría que los fondos fiduciarios no poseen.
Ahora bien, en la práctica, los fondos fiduciarios (o fideicomisos públicos) son presupuestos enteros que afectan a las cajas provinciales. Por eso, como era de esperarse, hubo oposición por parte de algunos gobernadores a la aprobación del inciso “h” del artículo 4° de la Ley Ómnibus.
Entre los fondos cuestionados se encuentra el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Las organizaciones piqueteras y movimientos sociales peronistas se manifestaron de manera activa para que los diputados no aprueben el inciso de la polémica, ya que ellos, a través de sus cooperativas, reciben el 9% de esos fondos destinados a promover la integración socio urbana de asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares, y que incluyen tierras de propiedad del Estado Nacional, de las provincias o municipios cedidos para ese fin.
Otros fondos fiduciarios conocidos son el “Procrear”, el de Desarrollo Productivo (Fondep), el “Estabilizador de Trigo Argentino” y el de Infraestructura Hídrica, entre otros.
La caída de la Ley Ómnibus en el parlamento le impidió a Javier Milei -al menos por ahora- manejar a discreción los $1,5 billones distribuidos a través de, al menos, 29 fideicomisos.
El gobierno de La Libertad Avanza entiende que esa fortuna forma parte de una “caja negra” que tiene escasos o nulos controles y que fue defendido a capa y espada por “la casta” para no perder sus “privilegios” que obtienen a través de ellos.
“Vamos a avanzar fuertemente sobre todas las cajas negras de la política”, enfatizó Milei ayer en una entrevista con La Nación+. En ese sentido, anticipó que avanzará con la eliminación de los fideicomisos a través de un decreto, a la vez que enfatizó que esos 29 fondos fueron la principal causa por la que no consiguió los votos en particular para la aprobación de la Ley Ómnibus.
“Toda esa runfla son como u$s20.000 millones. Son todas cajas negras de la política. Eso hay que terminarlo. Eso pone muy nervioso a muchos. Hay muchos agentes de la política que vive de eso”, agregó.
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