Clara García: “La decisión de eliminar los subsidios nacionales al transporte es arbitraria e insensible”

La presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe mostró su preocupación por la medida anunciada por el gobierno nacional y aseguró que impactará en los sectores más humildes y de trabajadores. También se refirió a la media sanción del proyecto para establecer los juicios por jurados en Santa Fe.

Política 14 de febrero de 2024 Diputada Provincial Clara García
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Diputada provincial Clara García

Tras una nueva sesión del período extraordinario 2024, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, destacó que “este año se inició con tanta actividad legislativa como terminó 2023” y puso de relieve la preocupación por el anuncio de la quita de subsidios nacionales al transporte público de pasajeros, y la media sanción del proyecto que instala el juicio por jurados en la provincia. 

En el marco de una conferencia de prensa, condenó “la decisión intempestiva” del gobierno nacional de interrumpir los subsidios al transporte público de pasajeros eliminando el Fondo Compensador del Interior. Estos recursos llegaban a las empresas prestadoras de servicios de todo el país por fuera del AMBA. “No perjudica a la persona del gobernador sino a la gente porque hoy el boleto cuesta 340 pesos en Rosario y 380 en Santa Fe, pero el costo real de cada pasaje oscila entre 700 y 1.000 pesos según la ciudad. Esta decisión, autoritaria e insensible, golpea de manera directa el bolsillo de los sectores medios y bajos”, cuestionó. 

De paso, la legisladora recordó que los fondos que se destinan al transporte público “surgen en buena medida del impuesto al gasoil, que se consume en todo el país. En ese sentido Santa Fe, siendo una de las provincias más productivas, es una de las que más aporta para que las tarifas no sean tan elevadas. Es decir –insistió-, que no son sólo recursos del Tesoro nacional, sino que es el interior del país que aporta recursos para que luego se distribuyan a través de subsidios”.

“Hace 20 años –recordó García- ese fondo era solo para el AMBA y en aquel momento Miguel Lifschitz, como intendente de Rosario, reclamó junto a otros mandatarios que se federalice. Se logró, pero nunca de manera equitativa porque la mayor parte de los recursos sigue quedando en el AMBA”, agregó.

“Pedimos al presidente que da marcha atrás con esta decisión tan perjudicial, que actúe con prudencia, planifique las acciones para superar esta crisis, convoque al diálogo, y prevea que los esfuerzos que estamos haciendo como sociedad sirvan para tenderle la mano a quienes peor la están pasando”, concluyó al respecto.

“LOS JUICIOS POR JURADOS INCORPORAN LA MIRADA CIUDADANA”

Por otra parte, García se refirió a la media sanción del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para instaurar los juicios por jurados en Santa Fe. “Se trata de incorporar la mirada de las ciudadanas y ciudadanos junto con la de los expertos del derecho cuando se juzguen determinados delitos, lo que nos va a permitir tener mejores resultados judiciales”, celebró.

La presidenta de la Cámara Baja recordó que el gobernador Maximiliano Pullaro envió un conjunto de temas para su tratamiento en extraordinarias, “que tienen que ver con emergencias en distintas áreas, cuestiones económicas y el tema seguridad, dentro del cual hay un capítulo muy importante que es la justicia, una pata indispensable para que no haya impunidad y pacificar los territorios. Hoy uno aprobamos uno de los proyectos fundamentales”, remarcó sobre la iniciativa que pasó al Senado provincial para su tratamiento. 

El nuevo tipo de juicio se estableció para causas penales. La conformación del jurado popular será obligatoria para una serie de delitos graves. El jurado se integrará con 12 miembros titulares –seis hombres y seis mujeres- y 2 suplentes, que serán sorteados y recibirán una paga de medio jus (unidad de medida arancelaria para fijar honorarios) diario. La figura está contemplada en la Constitución desde 1853, y fue ratificada en la reforma de 1994. En la Argentina, más de 10 provincias han implementado la modalidad.

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La Constitución nacional, desde 1994, prevé la posibilidad de hacer consultas populares. Las vinculantes, deben ser convocadas por la Cámara de Diputados mediante una ley aprobada por ambas cámaras y, en caso de obtener el voto favorable de la ciudadanía, se convierten automáticamente en ley. Las no vinculantes pueden ser convocadas por el Presidente pero el voto de la ciudadanía no las convierte en ley automáticamente.

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